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La crisis migratoria en Ceuta: el gobierno explica su respuesta a la situación

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La crisis migratoria en Ceuta: el gobierno explica su respuesta a la situación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, María Jesús Montero, compareció ante la comisión de trabajo y de seguridad social para informar sobre la situación en la ciudad autónoma de Ceuta tras el episodio de presión migratoria más intenso y extraordinario que ha conocido España en la historia reciente. Según los datos comunicados por el Ministerio de Interior, alrededor de 72.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

La ministra afirmó que el objetivo no es alimentar la confrontación ni utilizar el sufrimiento humano como arma partidista, sino proteger las fronteras, garantizar la seguridad del país y preservar los valores democráticos y humanitarios. Afirmó que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha actuado desde el primer momento y ha trabajado en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los profesionales sanitarios, la delegación del gobierno, la ciudad autónoma de Ceuta, las entidades sociales y los distintos ministerios implicados.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que tras una reunión con el presidente autonómico de Ceuta, el señor Vivas, el 17 de agosto, se comprometieron a abrir varios espacios con 1.500 plazas de atención temporal. Uno de los espacios fue el parking del embolsamiento en Loma Colmonar y la Loma Margarita. El ministro dijo que se habilitaron esos dos espacios donde se pudieron reubicar a más de 1.800 personas que se habían instalado en condiciones precarias en la playa del Trampolín y en el entorno del Loma Colmonar.

La ministra solicitó una ampliación de crédito de 44,51 millones de euros para reforzar la capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta. También se ha solicitado ayuda a la Unión Europea a través de los fondos EMAS, destinados a ayudar a los Estados miembros cuando afrontan una presión migratoria excepcional e imprevista.

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