El Congreso debate la crisis en Ceuta, la eficiencia judicial y las ayudas a la SEPI tras un verano marcado por la violencia machista

La sesión del Senado rinde homenaje a las víctimas de violencia machista y debate la crisis en Ceuta. El presidente del Senado inició la comparecencia lamentando un verano trágico que ha cobrado nueve nuevas vidas desde la última plenaria, elevando el total de mujeres fallecidas por violencia de género a 36. Tras solicitar un minuto de silencio, se aprobaron por asentimiento las actas correspondientes y se dio cuenta del acatamiento a la Constitución por parte de diez personas que alcanzaron la condición plena de senadora o senador. Posteriormente, el presidente renovó el juramento ante la tribuna para los mismos señorías.

En el bloque de control al Gobierno, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuestionó la gestión de la crisis en Ceuta, señalando que seis semanas después la situación no está resuelta y citando un caos sanitario y agresiones sexuales. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía respondió agradeciendo la pregunta para hablar de la ciudad, indicando que los ciudadanos están conmocionados y detallando ayudas aprobadas por 309 millones de euros para garantizar servicios públicos y seguridad. La senadora popular replicó calificando a los habitantes locales como “teutíes” abandonados por un Gobierno fallido, mientras que el ministro de Hacienda aclaró que Ceuta se ayuda pero no se utiliza, defendiendo la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

El debate también abarcó la crisis migratoria en Ceuta, donde la Ministra de Inclusión y Seguridad Social afirmó que el sistema sanitario no ha colapsado, aunque reconoció que puede estar tensionado tras la llegada masiva de personas huyendo de la pobreza. La senadora del Grupo Parlamentario Popular cuestionó los datos oficiales, citando cifras de urgencias atendidas y acusando al Ejecutivo de cargar competencias sanitarias sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por su parte, el ministro de Transportes defendió que España avanza en infraestructuras ferroviarias tras años de abandono, aunque un senador criticó la gestión del verano con millones de viajeros perdidos en alta velocidad. Finalmente, se debatió la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, donde diversos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad urgente de más jueces y fiscales, aunque divergieron sobre las medidas para agilizar los procedimientos y la financiación necesaria para su implementación efectiva.

El presidente del Senado abrió la sesión lamentando un verano trágico por nueve nuevas víctimas de violencia machista —María Celestina, Aicha, María, Rosana, Camila, Paula, Laura, Gloria y Melinda— que suman 36 asesinatos desde la última plenaria, y solicitó el minuto de silencio. Tras dar por aprobadas las actas de las sesiones de junio y julio de 2026 por asentimiento, se procedió al acatamiento de la Constitución de diez ex ministros: Juan Espadas Cejas, Neus Masanet Florid, Josep María Renil Vila Mala, Susana Díaz Pacheco, María Jesús Montero Cuadrado, Francisco Javier Arenas Bocanegra, Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Virginia Pérez Galindo, Francisco Javier Oblaré Torres, María Auxiliadora Pastor Pérez Angulo, Álvaro Zancajo Fenol y Carmen María Díaz Ruiz, quienes juraron o prometieron acatar la Constitución.

Control al Gobierno: Ceuta y la situación económica

En el bloque de control al Gobierno, la senadora García formuló pregunta sobre las alertas de riesgo de entrada masiva a Ceuta, citando nueve avisos entre el 27 y el 29 de julio y afirmando que el presidente Vivas llamó a Moncloa con una respuesta tranquilizadora mientras el gobierno se tomaba vacaciones; el vicepresidente primero del Gobierno respondió que los ciudadanos de Ceuta están conmocionados y que cada día sin normalidad es un retraso, anunciando la puesta a disposición de recursos humanos y materiales para agilizar expedientes, garantizar atención humanitaria y ayudas directas de 5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas desde el 6 de octubre, además de los 309 millones aprobados la semana pasada para seguridad y servicios públicos; la senadora García replicó que los ciudadanos se sienten abandonados, denunció que seis semanas después de la declaración de normalidad los niños deben ir escoltados al colegio y hay caos sanitario y agresiones sexuales, acusó a Marruecos de planificar el ataque mientras el gobierno lo tapaba y señaló a la jueza como objetivo tras señalar previamente al CNI y al presidente Vivas; el vicepresidente primero cuestionó la responsabilidad institucional y la viabilidad de medidas ilegales o que pongan palos en las ruedas de la cooperación.

Posteriormente, el senador Camps de Besa preguntó si considera mejor la situación económica actual, citando una inflación del 4,3% frente al 2,7% del año anterior, un aumento del 19% en la luz y del 20% en el gasóleo con salarios que apenas crecen un 2,5%, lo que supondría un coste extra de 1.000 euros para las familias; el vicepresidente primero respondió afirmativamente, indicando que la situación es significativamente mejor que en 2018, señalando que el porcentaje de hogares con dificultades para llegar a final de mes ha bajado casi un punto en el último año y seis puntos desde 2018, pasando del 26% al 20%, aunque advirtió que siguen siendo muchos los hogares afectados; el senador Camps de Besa rebateó las cifras, citando datos de Eurostat con una inflación del 4,5% en España frente al 2,9% en Alemania y el 2,7% en Francia, denunció que la productividad por trabajador está estancada desde 2019, que uno de cada diez trabajadores cobra el salario mínimo y que uno de cada nueve está en riesgo de pobreza, y criticó la presión fiscal récord sin deflactar el IRPF durante ocho años; el vicepresidente primero concluyó presentando datos del empleo con 680.000 nuevas afiliaciones en el último año, de las cuales dos tercios son indefinidas (con un 6% de fijos discontinuos), y señaló que el 50% de los nuevos empleos están en las cinco ramas de mayores salarios, lo que implica un aumento del salario medio real del 1,4% en el último año y del 1% promedio anual desde 2018, frente al 0,2% entre 2014 y 2018.

Interpelación sobre la gestión de Ceuta y Cataluña

Durante la sesión, el presidente del Congreso dirigió una pregunta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Fernando Bolaños, para que respondiera a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Pardo Pumar. La interpelante cuestionó la falta de convocatoria de la comisión para ultimar el protocolo de apoyo en Ceuta tras la invasión, calificando al ministro de estar “abiertamente en guerra con la justicia y sumiso con Marruecos” y preguntando si ansiaba el caos. El ministro Bolaños contestó detallando que el 31 de julio ya contactaron con el Consejo General del Poder Judicial para autorizar los refuerzos solicitados por el TSJ de Andalucía, quienes pidieron el primer juez de refuerzo el 27 de agosto. Según el ministro, la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que estos refuerzos sean pedidos por el Consejo General del Poder Judicial. Bolaños afirmó que tardaron treinta minutos en autorizar al primer juez y setenta minutos en el segundo, para una excepción de violencia sobre la mujer, y aseguró que todos los demás refuerzos se aprobaron inmediatamente. La senadora Pardo Pumar replicó que no fue un episodio migratorio sino una invasión y que hubo demoras de 29 días para mandar el primer juez de refuerzo, mientras el ministro tomaba vacaciones. También mencionó la orden de la Audiencia Nacional para abrir una investigación penal por actitud guiada por Marruecos y la paralización de la ley de Nietos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El ministro Bolaños respondió que las decisiones judiciales deben esperar a la sentencia definitiva con argumentos jurídicos, citando como ejemplo la celebración de la sentencia del TSJ sobre la ley de amnistía y los 15 conflictos de competencia interpuestos por el Senado o el Grupo Parlamentario Popular contra el Gobierno y el Congreso, todos perdidos.

Posteriormente, el presidente dirigió una pregunta a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, senadora Bailac Ardanui. La senadora señaló que Cataluña arranca con servicios públicos tensionados, emergencia habitacional al alza y precios aumentando, y preguntó si el Gobierno tenía claro que llevar una bandera independentista no es delito, exigiendo a la Policía Nacional que deje de agredir a quienes las portan. También criticó la lentitud del Gobierno para cumplir compromisos con Esquerra Republicana, como un nuevo modelo de financiación justo, intervención en el mercado de la vivienda y regeneración democrática, así como la condonación de la deuda del FLA. El ministro Bolaños defendió el esfuerzo del Gobierno y su grupo parlamentario principal para cumplir acuerdos logrados con diversas fuerzas políticas desde 2014, citando indultos, ley de amnistía y otras normas. Afirmó que la normalización política, social e institucional en Cataluña es fundamental para su crecimiento y calidad de vida, superando la tensión insoportable de 2017-2018. Mencionó que el pasado viernes se aprobó el nuevo sistema de financiación autonómico, que ahora requiere validación de las Cortes Generales, y que desde 2014 el modelo estaba caducado. El ministro señaló que ni el Gobierno del señor Feijóo ni el del señor Rajoy abordaron la cuestión, mientras su gobierno lo hizo junto con la condonación de recursos para reforzar el estado del bienestar en comunidades autónomas interesadas, a diferencia de gobiernos PP y Vox que según él no les importan. La senadora Bailac Ardanui replicó que no hay fecha para el Consejo de Ministros sobre el nuevo modelo de financiación imprescindible para Cataluña, que aporta más de 4.700 millones, y criticó que el año pasado ejecutaron menos inversiones que en años anteriores, publicando datos a mediados de julio. También mencionó compromisos desde 2023 para la remodelación del eje pirenaico, atrapado en su burocracia infinita. El ministro Bolaños confirmó que están trabajando para llevarlo próximamente al Consejo de Ministros y señaló que son el Gobierno con diferencia que más ha invertido en Cataluña en la historia de la democracia.

A continuación, el presidente dirigió una pregunta al senador del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, Elge Barreta Díaz, sobre el Plan de Acción por la Democracia. El senador recordó que la próxima semana se cumplen dos años desde su aprobación y que recoge 31 medidas para mejorar la calidad democrática del Estado, algunas implementadas, otras en tramitación y muchas pendientes. Preguntó qué balance hace el Gobierno y cómo pretende finalizar el plan. El ministro Bolaños respondió que el 97% de las 31 medidas están ya aprobadas o en una fase avanzada de implementación, aunque algunas dependen de las Cortes Generales. Citó ejemplos como la autoridad independiente e integridad pública, reforzamiento de unidades anticorrupción de la Fiscalía y la ley de lobbies aprobada por real decreto ley el pasado 25 de agosto. El ministro afirmó que el plan fue aprobado por un amplísimo consenso en el Parlamento Europeo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y otros grupos, pero criticó que aquí el Partido Popular no colabora y prefiere estar al lado de los oligarcas y poderosos. El senador Elge Barreta Díaz consideró que lo hecho hasta ahora no es suficiente y abogó por decisiones valientes y radicales para abordar déficits democráticos estructurales, incluyendo la plurinacionalidad del Estado, reforma de la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército e influencia de grandes empresas y medios. También pidió políticas redistributivas basadas en principios socialistas y democráticos. El ministro Bolaños no compartió las afirmaciones sobre algunos poderes del Estado, considerándolas injustas, pero reconoció que hay que seguir trabajando en el plan de acción por la democracia.

Finalmente, el presidente dirigió una pregunta al senador del Grupo Parlamentario Popular, Foronda Baquero, al ministro de Hacienda. El senador criticó que Ceuta no preocupa mucho y pidió un acuerdo de aplazamiento de impuestos para comerciantes, autónomos y empresarios en Ceuta, especialmente el segundo plazo de IRPF, retenciones, IVA y cuotas de autónomos. También cuestionó la tolerancia del Ministerio de Hacienda hacia Julio Martín, socio de Zapatero, que permaneció cuatro años sin pagar impuestos ni presentar declaraciones, según su propia oficina de fraude de la Agencia Tributaria. Preguntó qué medidas ha adoptado para reforzar el control interno de la SEPI. El ministro de Hacienda respondió que a Ceuta se la ayuda y no se la utiliza, y habló bien de los miles de trabajadores de la SEPI y sus empresas. Contextualizó el papel de la SEPI como actor fundamental del Estado en sectores como energía, telecomunicaciones y aeroespacial. Indicó que en 2025 tuvo 130 millones de euros de beneficio y una cifra de negocio de 7.384 millones de euros, un 16,2% más. Detalló los mecanismos de control: auditorías internas, intervención general del Estado, fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, transparencia pública, rendición de cuentas, dirección general de auditoría interna y compliance. Mencionó que entre 2021 y 2025 hubo 853 auditorías internas, 73 actuaciones de la IGAE y 72 fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas sobre las EPI. El senador Foronda Baquero pidió controlar a quienes entran a la SEPI sin registro, plazos de expedientes, cumplimiento tributario y seguridad social, entrada y salida de capitales para evitar blanqueo, consejo de ministros, expresidentes investigados y sobrescostes de obras. También mencionó al joyero de Ferrad que gana mucho y declara poco. El ministro de Hacienda respondió a la mención de una amnistía fiscal diciendo que lo llama aplicación estricta de la ley, en concreto del artículo 73.3 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, que le permite autorizar usos en puertos no autorizados previamente por la autoridad portuaria, siempre en defensa del interés general y seguridad nacional.

Infraestructuras, transporte y gestión marítima

Durante la sesión del Congreso de los Diputados, diversos senadores intervinieron en debates que abarcaron desde la situación migratoria en Ceuta hasta el estado de las infraestructuras de transporte y la gestión del salvamento marítimo. La senadora Díaz Moreno criticó al ministro de Interior, señalando que no le ha contestado sobre el uso habitacional y advirtió que el peligro no son los 42.000 toneladas de combustible que tiene la empresa Ducar, sino los mil invasores que hay al lado, lo que aumentaría el riesgo de sabotaje en depósitos de los que depende Ceuta para tener luz. La senadora afirmó que Endesa quiere otro apagón y destacó que al lado de los depósitos hay un colegio con 800 alumnos y un club de fútbol con 450 niños. Según la senadora, el jefe de infraestructura identificó como amenaza principal el acceso a los buques por tierra y por mar, siendo el puerto la carretera de acceso a la península por donde entra la alimentación y cualquier suministro esencial. La senadora cuestionó cómo se controlará eso y mencionó que el ministro se ha planteado elevar la seguridad del puerto, pero añadió una obra de tres millones de euros con la que, según ella, se perderán fondos europeos. La senadora recordó declaraciones del día anterior en las que se dijo que es Ceuta, no California, y afirmó que allí viven familias y se crían hijos, mientras que el Gobierno no supo proteger las fronteras. Según la senadora, llevamos 40 días desde la invasión sin que el Gobierno haga prácticamente nada desde el 30 de julio, y todavía no se sabe el número de invasores que permanecen en Ceuta ni hay fecha para volver a la normalidad. La senadora advirtió de que el día que ocurra algo en el puerto no dirán que no se lo advertieron y recordó que el 1 de agosto el ministro escribió sobre otra crisis que resuelve Pedro Sánchez, mientras que veinticuatro días después se declaró la situación de interés para la seguridad nacional. La senadora añadió que el 2 de septiembre cientos de miles de españoles salieron a la calle a apoyar a Ceuta y que el Gobierno se puso de lado.

Por su parte, el senador Bernabé criticó al ministro Puente tras un verano de caos ferroviario lleno de averías, retrasos y trenes que nunca llegan, afirmando que el balance de su gestión no puede ser más desolador. Según el senador, más de 3,3 millones de viajeros han perdido la alta velocidad en el primer semestre de 2026 respecto al de 2025, por encima del 15% del total, y el conjunto de los ferrocarriles españoles ha visto pasar más de 29 millones de usuarios en solo seis meses. El senador recordó que pidió medidas con urgencia para evitar desgracias en diciembre del año anterior y que se hicieron caso omiso, con las dramáticas consecuencias de las tragedias de Ademuz, Alamuz y Yelida apenas un mes después. El senador señaló que siguen padeciendo más de mil limitaciones de velocidad en los 14.000 kilómetros de la red ferroviaria nacional, de media una cada 14 kilómetros, y criticó el plan de mantenimiento de carreteras del Estado anunciado en julio con fanfarras por más de mil millones de euros y que en agosto tuvo que anularse por los múltiples errores que contenía y la oposición unánime de sindicatos y empresarios. Además, el senador mencionó la decisión de convertir el puerto de Ceuta en un macro campamento de acogida para inversores adoptada de forma unilateral y en contra de la opinión unánima de la ciudad. El ministro Puente respondió a la pregunta sobre si está satisfecho con su gestión, diciendo que la satisfacción es relativa si se compara con los anteriores, y afirmó que no está satisfecho sino eufórico porque los anteriores abandonaron los transportes durante siete años sin desarrollar infraestructuras importantes. El ministro indicó que el país lleva ocho años avanzando en materia de transportes de manera muy sensible y citó que ahora se va en tres horas entre Madrid y Santiago de Compostela, frente a las seis horas y 40 minutos que hacían falta antes. El ministro añadió que los indicadores son lo que son y que está profundamente satisfecho de haber mejorado la labor anterior porque el listón estaba tan bajo. Posteriormente, el senador Bernabé volvió a intervenir para criticar al ministro Puente por sus ansias de suceder a Sánchez, calificándolo de beme grotesco y señalando que utiliza el altavoz del Ministerio como trampolín para intentar ganar las primarias de su partido. El senador afirmó que en solo tres años se ha convertido en uno de los dos ministros más reprobados de la democracia y ahora es el primero de la monarquía constitucional que osa criticar al rey, habiendo calificado la actitud del jefe del Estado por hacerse una fotografía como una ignominia vergonzosa. El ministro Puente replicó preguntando si molesta que se postule como sucesor de Pedro Sánchez y aclaró que es para ponerse en primera línea de salida para suceder al señor Sánchez, sabiendo lo que le espera al ocupar esa tarea. El ministro defendió a alguien que defiende la igualdad social, eleva el salario mínimo interprofesional, eleva las pensiones y defiende los derechos contra los privilegios.

En otro turno, el senador López del Grupo Nacionalista Vasco preguntó sobre la tardanza en el pago de la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, atribuyendo diversas causas a la falta de autorización inicial de Bruselas que tardó tres o cuatro meses y al error en la información recibida. El senador añadió que para las comunidades forales se añade el retraso de la Agencia Tributaria en facilitar los datos para liquidar. Según el senador, en 2026 el incremento del gasóleo ha superado el