El Congreso debate la reforma de los mecanismos alternativos y la jubilación sin penalización tras un minuto por Cristina

La sesión del Congreso debate reformas procesales y educativas con posturas enfrentadas. El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica 1-2025 de eficiencia en el servicio público de justicia, solicitando exonerar del requisito de procedibilidad a los procedimientos civiles de familia que involucren menores. Según el proponente, la Asociación Española de Abogados de Familia ha reclamado esta modificación tras conocer los efectos negativos del requisito en el interés superior del menor. Los datos citados indican que más de 17.000 demandas permanecen pendientes de formalización previo cumplimiento del mecanismo alternativo de solución de conflictos. El Grupo Parlamentario Vasco argumentó que la exigencia dilata la resolución judicial y expone a los hijos menores a situaciones de desprotección, especialmente cuando uno de los progenitores reside en el extranjero. Por su parte, el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya apoyó la iniciativa, señalando que la obligatoriedad de dichos mecanismos afecta al orden público y genera retrasos irreparables para el núcleo familiar.

Posteriormente, se votó la toma en consideración de una proposición sobre jubilación sin penalización para quienes acreditan 40 años de cotización. El Grupo Parlamentario Socialista anunció su voto a favor tras reconocer que el sistema actual penaliza a quienes han trabajado más tiempo, aunque advirtió sobre posibles desahucios si no se impide la movilización social. En contra se posicionó el Grupo Parlamentario Popular, quien señaló que han pasado 17 meses de aplicación de la ley y que el requisito está provocando demoras e inseguridad jurídica. El Grupo Parlamentario Vox calificó la iniciativa como un paripés sin escrúpulos, destacando que quien cotiza 39 años y 11 meses conserva el coeficiente reductor mientras que quien suma un mes más queda exento. Finalmente, se aprobó la toma en consideración de ambas proposiciones con 340 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención para la reforma procesal, y 178 a favor, 33 en contra y 136 abstenciones para la cuestión de jubilación.

Reforma de la Ley Orgánica 1-2025 y los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MAC)

El pleno comenzó con un minuto de silencio por Cristina, asesinada en Madrid, seguido de una condena contra la violencia machista. A continuación, se procedió al debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV de Reforma de la Ley Orgánica 1-2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia en el servicio público de justicia y de modificación de la ley 1-2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

El señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, presentó la iniciativa argumentando que el requisito de procedibilidad derivado de la mediación obligatoria ha puesto de manifiesto efectos adversos que aconsejan su modificación puntual para exonerar a los procedimientos civiles de familia en los que se vean involucrados menores. El portavoz del grupo vasco citó la demanda unánime de la Asociación Española de Abogados de Familia, entidad con implantación en todas las comunidades autónomas, sobre los efectos negativos de dicho requisito en el interés superior del menor. Según Legarda Uriarte, el filtro de la racionalidad que supone el requisito de procedibilidad propicia acuerdos tempranos, pero en casos de ruptura inamistosa o discrepancias en el ejercicio de la patria potestad, donde se practica un “vandalismo emocional agravado”, este trámite dilata situaciones de alta conflictividad y expone a los menores a incertidumbre.

El ponente del grupo vasco indicó que los datos del Consejo General del Poder Judicial confirman que la obligatoriedad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MAC) no ha transformado los litigios en pactos, ya que no hay un descenso sostenido de asuntos judiciales frente a un crecimiento equivalente de mutuos acuerdos. Asimismo, señaló que se estima que existen más de 17.000 demandas pendientes de formalización previo cumplimiento del requisito del MAS y que anualmente aproximadamente 300.000 menores en España se encuentran afectados por procesos judiciales de familia como consecuencia de rupturas o discrepancias de sus progenitores.

El representante del grupo vasco explicó que la exigencia de acudir a un mecanismo alternativo antes de la demanda dilata innecesariamente la resolución judicial y provoca la desprotección de los hijos menores, especialmente en casos urgentes como pensiones alimenticias, uso del domicilio familiar o tratamientos médicos. Además, el señor Legarda Uriarte señaló que las rupturas más conflictivas no se pacifican con la aplicación de los MAC y que en algunos casos los progenitores aprovechan el requisito para dilatar obligaciones legales. También advirtió sobre la desventaja competitiva para los juzgados españoles cuando uno de los progenitores es nacional de un país tercero sin ese requisito, lo que permite a este adelantarse en la presentación de la demanda y ganar el fuero. El ponente comparó la situación con Italia, donde tras la Reforma Cartavia impulsada por la entonces ministra Marta Cartavia, se suprimió el requisito de procedibilidad obligatorio genérico para procedimientos de familia con menores, pasando la mediación a ser voluntaria e incentivada, al igual que en modelos mixtos de Francia, Alemania y Estonia, o en países como Bélgica, Países Bajos, Suecia y otros escandinavos. El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV concluyó su intervención solicitando la supresión del requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia con menores.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto BNG intervino para apoyar la necesidad de matizar la regulación del mecanismo alternativo de solución de conflictos (MAS), excluirlo en casos de demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, medidas patrimoniales, cautelares, solicitudes de reconocimiento de resoluciones extranjeras y otros supuestos donde no tiene sentido la obligatoriedad. Según el portavoz del BNG, la exclusión del MAS trasciende a mera técnica procesal porque se trata de una cuestión de garantía de derechos fundamentales ante la tutela judicial efectiva para las personas más vulnerables. El representante del grupo nacionalista gallego afirmó que imponer un proceso negociador previo en litigios sobre patria potestad implica una barrera burocrática cuando el interés superior del menor exige máxima agilidad, y que dilatar el acceso a la justicia con fases de mediación forzosa puede convertir en obsoleto el objeto de controversia. El portavoz del BNG señaló que la imposición obligada de mecanismos extrajudiciales no es la panacea para reducir la litigiosidad y que la eliminación de trabas burocráticas no dará solución a los atascos característicos de la justicia actual, abogando por incrementar la dotación de personal y medios técnicos.

El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya intervino luego el debate, calificando como un gran error la generalización indiscriminada de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Según el portavoz del grupo catalán, en casos como desahucios por impagamientos de renta o procedimientos monitoris, estos mecanismos deben agilizar y no estar sujetos a negociación previa. El representante de Junts per Catalunya destacó que el efecto negativo más grave es la obligatoriedad indiscriminada del MAS en juicios con menores implicados, donde, según los abogados del Colegio de la Abogacía de Barcelona citados por el grupo, el requisito genera retardos y aumenta el conflicto. El portavoz de Junts per Catalunya explicó que cuando uno de los padres reside en el extranjero, el mecanismo de mediación sirve de alerta para que este padre reclame ante el juez de su país la competencia, haciendo perder el fuero a los jueces españoles y obligando al progenitor residente en España a litigar en el extranjero. El representante del grupo catalán también señaló que la inseguridad jurídica en la práctica de las pruebas verbales es un problema derivado de una legislación deficient en la Ley de Eficiencia en la Justicia, especialmente en juicios de familia con menores implicados, cuestión que consideraron de orden público. Finalmente, el portavoz de Junts per Catalunya mencionó el caso de Roger Espanyol, quien tras 9 años logró llevar ante la justicia a los policías que le dispararon una bala de goma y mutilaron, para denunciar la vulneración de derechos lingüísticos en la Audiencia de Barcelona, donde los abogados de la acusación tuvieron que traducir ellos mismos al castellano porque las personas encargadas no tenían competencia mínima en catalán.

Durante la sesión del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Republicano ha defendido la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar que jueces y personal judicial destinado a Cataluña comprendan el catalán. El portavoz del grupo ha afirmado que, mientras no exista una justicia independiente en una Cataluña independiente, es necesario alterar el artículo 231 de dicha ley orgánica para imponer esa obligación lingüística, citando la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias como un compromiso ratificado por España hace dos décadas. El portavoz ha declarado que su grupo votará en contra de la propuesta porque considera que la aplicación de la Ley de Medidas de Eficiencia al Servicio Público de Justicia (Ley Bolaños) está generando problemas, aunque reconoció que el Departamento de Justicia debe tener muy claro cómo proceder. Según el portavoz del Grupo Republicano, la ley se incorpora en el MASC como elementos fundamentales previos al proceso jurisdiccional y ha pasado más de un año y medio desde su entrada en vigor sin una aplicación efectiva en todos los tribunales. El portavoz ha indicado que han reunido a la advocacia catalana y mediadores, quienes señalan que el problema no es solo de modelo sino también de intereses, y ha destacado que aunque son partidarios de esta modificación en temas de extranjería, no entrarán en un debate general. Además, el portavoz ha criticado la competencia para hacer matrimonios civiles transferida a los Juzgados de Paz como un error, coincidiendo con el PSC, el PSOE, Junts, Sumar y otros grupos. El Grupo Republicano ha exigido explicaciones sobre casos donde se permitió que traducciones se hicieran por personas no capacitadas sin ser traductores jurados y ha lamentado la situación de los interinos acometidos en la Administración de Justicia de Cataluña.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha explicado que su propuesta se centra en ampliar las excepciones al requisito de acudir a medios adecuados de solución de controversias antes de demandar, recogidas en la Ley de Medidas de Eficiencia al Servicio Público de Justicia. El portavoz del grupo ha detallado que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco ordena adecuadamente el precepto aplicable y amplía las excepciones a procesos de separación, divorcio o nulidad matrimonial cuando intervienen menores. Según el portavoz de Sumar, la ley busca que el inicio del proceso de negociación tenga consideración de inicio del procedimiento ante los tribunales una vez admitida a trámite la demanda y propone que en casos con derechos de menores la vista siempre sea preceptiva. El portavoz ha defendido que los medios adecuados de solución de controversias son herramientas para hacer la justicia más accesible, ágil y adecuada a la realidad de las familias, citando que la ley incluye perspectiva de género, orientación sexual, atención a la discapacidad e infancia para mediadores. Sumar ha argumentado que no existe evidencia de que acudir a mecanismos de mediación suponga un riesgo para el menor y que en situaciones de urgencia los jueces deben aplicar vías inmediatas de protección como las del artículo 158 del Código Civil. El portavoz ha apoyado la creación de una especialidad de familia, infancia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil y una mayor inversión en juzgados especializados, advirtiendo que cualquier ley reciente requiere tiempo para ser evaluada antes de desmontar sus avances.

Por el Grupo Parlamentario Vox, la diputada Mejía Sánchez ha criticado a Sumar por no condenar los intentos de linchamiento contra la diputada Julia Ferreras y abogados en Ceuta, atribuyendo la violencia al discurso de odio expandido por Vox y el Partido Popular contra personas con rasgos magrebíes o que ayudan a migrantes. Según la portavoz de Vox, organizaciones como Comisión Católica de Migraciones, Cáritas o el Servicio Jesuita de Refugiados han sido colocadas en la diana de la violencia por Vox. La diputada ha acusado al Grupo Sumar de no apoyar al pueblo ceutí y de dar altavoz a los violentos de ultraizquierda. Mejía Sánchez ha defendido que la Ley Bolaños, aprobada hace poco más de siete meses, transformó la justicia para descongestionarla, pero que Vox ya advirtió sobre los riesgos de inseguridad jurídica y colapso del sistema judicial. La portavoz ha señalado que la Asociación Española de Abogados de Familia califica a los MASC como un auténtico fiasco y que divorcios se acumulan porque la gente no quiere acudir a ellos. Según la diputada, Vox va a apoyar la reforma para eliminar la obligatoriedad de los MASC en procedimientos donde están en juego la tutela judicial efectiva de menores que necesitan respuesta inmediata. La portavoz ha cuestionado la coherencia de Vox al aprobar la ley inicialmente y luego actuar como salvadores cuando surgen problemas, calificando su postura anterior de hipócrita e impostada.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado compartir la preocupación por que ningún trámite dificulte la protección de un menor y ha destacado que los MASC permiten soluciones antes de acudir a tribunales. El portavoz socialista ha recordado que la Ley Orgánica 1/2025 ya establece excepciones para medidas de protección del artículo 158 del Código Civil y dispone que conflictos sobre materias no disponibles no pueden someterse a MASC. Según el portavoz, los primeros datos apuntan a una evolución positiva con la legitimidad bajada casi un 30% y señalamientos de juicios aumentados. El portavoz ha citado que la audiencia provincial de Murcia considera en una resolución de julio del 26 que los MASC no son aplicables a medidas provisionales. El Grupo Socialista ha propuesto permitir que la doctrina se consolide antes de modificar la ley, advirtiendo que si la experiencia demuestra que las excepciones actuales no son suficientes o afectan a la protección de menores, habrá que actuar con responsabilidad legislativa.

Durante la sesión del Congreso de los Diputados, el orador del Grupo Parlamentario Socialista (SPEAKER_01) señaló que más de 1.300 enmiendas fueron presentadas a una ley y que seis de ellas tenían como objetivo cambiar una ‘A’ por una ‘E’. La ministra o portavoz socialista afirmó que la ley de eficiencia procesal no puede ser el punto final, sino que existen importantes reformas pendientes que requieren el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Se enumeraron objetivos como fortalecer la carrera judicial y fiscal, mejorar el acceso a la justicia, consolidar el sistema de becas, abordar la situación de quienes ejercen funciones en régimen de sustitución, avanzar en la autonomía del Ministerio Fiscal, garantizar la transparencia de las asociaciones judiciales y aprobar una ley orgánica de enjuiciamiento criminal que atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal bajo el control del juez de garantía. El discurso destacó que mejorar la justicia implica que los ciudadanos reciban respuestas a tiempo, protejan a menores vulnerables y combatan desigualdades, ya que las demoras afectan desproporcionadamente a quienes tienen menos recursos. El orador hizo un llamamiento a todos los grupos políticos para abordar las reformas necesarias, reconociendo el derecho a discrepar pero insistiendo en la obligación de actuar para que la justicia funcione mejor. En su intervención final, el representante socialista recordó que su padre fue su principal referente político y que la política merece la pena cuando sirve para mejorar la vida de las personas.

Por el Grupo Parlamentario Popular (SPEAKER_00), la portavoz Moro Almaraz indicó que no están en contra de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MACs) en derecho de familia, pero señaló que han pasado 17 meses de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 sin conocer el daño causado por sus deficiencias. La portavoz popular explicó que la iniciativa debatida propone reformar la ley para evitar que la negociación previa obligatoria retrase procedimientos de familia cuando están en juego los derechos de los menores y no se puede prescindir de la autorización del juez. Se denunció que este requisito provoca demoras, inseguridad jurídica y nuevos obstáculos, especialmente grave en decisiones que requieren una respuesta rápida como el pago de alimentos o la custodia. La portavoz popular apoyó agilizar la modificación sobre las deficiencias de la regulación de los MACs como requisito de procedibilidad, aunque consideraron necesaria también la incorporación expresa de los procedimientos transfronterizos y con componente internacional entre las excepciones. Se criticó que la reforma no ha tenido en cuenta las graves consecuencias de no excluir claramente procedimientos donde el juez debe resolver y se denunció la constante reforma de artículos del Código Civil o de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que genera una inseguridad intolerable. La portavoz popular afirmó que esta es la única manera de legislar a la que están obligados por un Gobierno que no coordina internamente sus propuestas normativas y que no admite enmiendas, generando inseguridad jurídica con perjuicios irreparables. Se mencionó el incumplimiento del compromiso de tramitar en un año el Estatuto del Tercero Neutral para introducir claridad y corregir disfunciones. El orador popular afirmó que la cultura del acuerdo se construye y no se impone si no beneficia al justiciable, calificando la marca del Gobierno actual como imponer en vez de escuchar. Se citó a tribunales que han planteado cuestiones de constitucionalidad por entender que la norma puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores al obligar a medios alternativos.

Proposición de ley sobre jubilación sin penalización

El Grupo Parlamentario Vasco (SPEAKER_01) presentó una proposición de ley sobre jubilación sin penalización. La portavoz Sagasti Zaba Lunceta Barrenechea del EAJ-PNV explicó que el debate responde a si es proporcionado penalizar de por vida la pensión de quien ha cotizado 40 años o más por jubilarse anticipadamente. Se mencionó que el ministerio elaboró un informe que reconoce carreras laborales largas y la falta de proporcionalidad de los coeficientes reductores, pero concluye que deben mantenerse por razones de equilibrio y sostenibilidad. La portavoz vasca señaló que grupos parlamentarios votaron en contra de una enmienda para eliminar estos coeficientes. El informe ministerial habla de coste para la Seguridad Social y plantea un posible agravio respecto a quienes continúan trabajando. La portavoz cuestionó si toda jubilación anticipada es voluntaria, destacando que durante las crisis económicas muchos trabajadores mayores de 55 años perdieron su empleo y agotaron prestaciones, por lo que no pueden hablar de elección libre. Se mencionó a personas que comenzaron a trabajar con 14 o 15 años y llegan a los 60 con más de 45 años de vida laboral, así como casos de accidentes o enfermedades. Se citó el ejemplo de Alemania, que contempla jubilación sin coeficientes reductores para quienes acreditan 45 años de seguro, y Portugal, que permite jubilarse desde los 60 años sin penalización a quienes acreditan 48 años de cotización o 46 en supuestos específicos. La portavoz vasca señaló que la proposición de ley propone no aplicar coeficientes reductores a partir de 40 años cotizados y contempla también a quienes ya están jubilados para solicitar el recálculo de su pensión al INSS.

El Grupo Parlamentario Escalera Bildu, representado por el señor Matute García de Jalón, solicitó la palabra para manifestar su adhesión y acuerdo con las reivindicaciones del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. El orador afirmó que no es justo ni razonable la vigencia actual de los coeficientes reductores de jubilación anticipada para quienes han cotizado 40 años o más. Según el diputado, más de 870.574 personas en el Estado español ven mermada su dignidad por esta situación, cifra que incluye a 290.927 mujeres