Debate en el Congreso sobre equidad intergeneracional: expertos y parlamentarios discuten sostenibilidad del sistema de pensiones y costes de oportunidad

El Congreso de los Diputados ha debatido la sostenibilidad del sistema pensional y ha aprobado recomendaciones derivadas del Pacto de Toledo. En la sesión, expertos han presentado análisis sobre el impacto demográfico y las proyecciones financieras a largo plazo, mientras que diversos portavoces han expuesto las posiciones de sus grupos parlamentarios respecto al reparto intergeneracional de los recursos públicos.

El ponente de la comparecencia ha explicado que el gasto en jubilación, viudedad y dependencia ha aumentado hasta alcanzar unos 15 puntos del PIB, frente a los 6 puntos que destinan las administraciones a educación y familia. Por su parte, un representante del grupo socialista ha matizado las cifras sobre el coste de oportunidad, estimando que ascienden a tres puntos del PIB, mientras que el resto se autofinancia con cotizaciones sociales. En la tribuna, otro experto ha señalado que el 80% de la financiación proviene de cotizaciones y el restante 20% de aportaciones fiscales. Un portavoz del grupo popular ha alertado sobre escenarios donde la deuda pública podría superar el 123% del PIB en 2050 si no se aplican reglas fiscales estrictas, citando datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Tras las intervenciones, la presidenta del Congreso ha dado por finalizada la comparecencia y ha procedido a la votación sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, que han sido aprobadas por el Pleno con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios presentes en la cámara.

Intervención de Ángel de la Fuente Moreno (FEDEA)

En una sesión vinculada a los trabajos del Pacto de Toledo centrada en la intergeneracionalidad, la presidencia de la comisión concedió la palabra a Ángel de la Fuente Moreno, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), para exponer su análisis antes del turno de intervención de los grupos parlamentarios. De la Fuente defendió que el debate principal en el modelo público de reparto no radica estrictamente en su sostenibilidad financiera, al considerar improbable que los gobiernos acometan recortes drásticos de prestaciones salvo una crisis financiera de extrema gravedad, sino en el coste de oportunidad presupuestario que supone destinar crecientes recursos a las pensiones en detrimento de otros servicios como la sanidad, la educación o las infraestructuras de transporte. El director de FEDEA calificó de optimista el diagnóstico del Gobierno respecto a la última reforma de pensiones y señaló que el sistema español resulta generoso en comparación con los salarios y cotizaciones que lo sustentan. Asimismo, advirtió sobre la presión demográfica derivada del envejecimiento y la jubilación de las cohortes del denominado «baby boom», una tasa de dependencia que según sus estimaciones llegará a duplicarse y una ralentización prolongada del crecimiento de la productividad.

En su balance presupuestario, De la Fuente apuntó que la brecha entre el gasto y los ingresos contributivos de la Seguridad Social ampliada —que integra las clases pasivas— se cubre en la actualidad mediante transferencias del Estado del orden de 50.000 millones de euros anuales procedentes de figuras tributarias como el IRPF y el IVA. Añadió que el déficit estructural ligado a la Seguridad Social ronda actualmente los 4 puntos del producto interior bruto (PIB) y criticó que la reforma reciente derogara los mecanismos de ajuste automático introducidos en 2012, en referencia al Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y al factor de sostenibilidad. Según las proyecciones presentadas por FEDEA, el déficit básico del sistema contributivo podría alcanzar hasta 8 puntos del PIB a mediados de siglo. Respecto al bienestar intergeneracional, De la Fuente sostuvo que la legislación vigente concentra los beneficios en las generaciones nacidas antes de 1970 y 1960, mientras traslada la carga a los nacidos a partir de 1970 y 1980, en un contexto en el que la tasa de riesgo de pobreza es menor entre los mayores de 65 años y afecta en mayor medida a la población joven y menor de 16 años, al tiempo que las pensiones medias de jubilación del régimen general se aproximan de forma creciente a los salarios medios netos.

Intervención de Manuel Lago (Sumar)

A continuación intervino el diputado del Grupo Parlamentario Sumar Manuel Lago, quien expresó discrepancias con el análisis del compareciente y aportó diferentes cifras macroeconómicas relativas a la evolución del gasto. Lago afirmó que, en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2025, el gasto en pensiones medido sobre el PIB experimentó un incremento de ocho décimas, lo que equivale a una décima por año. El representante de Sumar contrapuso este dato con el intervalo entre 2008 y 2014, correspondiente a la etapa de gobierno presidida por Mariano Rajoy, en el cual dicho gasto creció en 3,6 puntos de PIB a consecuencia de la caída de la actividad económica global. Lago argumentó que el factor determinante para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social no radica en la aplicación de recortes sino en el crecimiento del denominador económico mediante la creación de riqueza, y recordó que en España existen 10 millones de pensionistas, a los que definió como el segundo colectivo social más amplio tras los trabajadores asalariados del sector privado.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, el compareciente Ángel de la Fuente afirmó que no conoce a nadie que pretenda generar un enfrentamiento entre jóvenes y pensionistas, si bien defendió que resulta necesario «hacer los números». De la Fuente señaló que, aunque el sistema es de todos y debe ayudar al conjunto de los ciudadanos, existe un reparto de costes y beneficios en el que determinadas generaciones se benefician en mayor o menor medida, por lo que instó a examinar los detalles y procurar que dicho reparto sea lo más equitativo posible en lugar de asumir de antemano que no puedan surgir problemas o conflictos. Asimismo, De la Fuente sostuvo que la Administración debe dotarse de medios técnicos suficientes para llevar a cabo estos cálculos con rigor y cuestionó la calidad técnica de las memorias de impacto, manifestando que no se debe «cubrir el expediente con cuatro páginas mal hechas y unos cálculos que no se soportan». Al término de su exposición, la presidencia de la comisión agradeció a De la Fuente su asistencia con celeridad, al haberse tramitado la citación de una semana para otra, y acordó suspender temporalmente la sesión para realizar una pausa hasta las 12:00 horas a petición del siguiente ponente.

Análisis demográfico y económico por Daniel Fuentes Castro (Universidad de Alcalá)

El portavoz del Grupo Socialista ha retomado la sesión en el Congreso de los Diputados tras un breve intermedio y ha dado la palabra al ponente, don Daniel Fuentes Castro, profesor de teoría económica de la Universidad de Alcalá, para que informe sobre la intergeneracionalidad encuadrada en el pacto de Toledo. El ponente ha comenzado su intervención señalando que existe una gran insatisfacción generacional vinculada a la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, pero también a otros factores como el cambio demográfico paulatino desde hace dos décadas y una ruptura económica que él sitúa en 2008. Fuentes Castro ha explicado que antes de esa fecha se vivía un progreso social y material hasta la incorporación a las instituciones europeas en los años 80, mientras que desde entonces las generaciones más jóvenes han tenido una experiencia vital distinta con dificultades para proyectar su progreso material. Para ilustrar el contexto demográfico, el ponente ha citado cuatro variables: la caída de la tasa de fecundidad desde 2,7 o 2,8 hijos por mujer en los años 75 hasta apenas 1,1 y pico; el aumento de la esperanza de vida de aproximadamente 10 años respecto a quienes nacieron en 1975; el cambio de España de país emisor a receptor de migración con cientos de miles o cerca de un millón de nuevos habitantes al año; y el crecimiento del número de turistas internacionales hasta casi 100 millones frente a los 46-47 millones de habitantes. Fuentes Castro ha destacado que la estructura de la población ahora tiene menos personas en la edad de trabajar (16 a 65 años) y una configuración distinta de la población dependiente, con más mayores, siendo la franja de 80 o más años muy representativa. Sobre el dividendo demográfico, el ponente ha indicado que hasta los años 90 aportaba aproximadamente 0,5 puntos al año al crecimiento de la renta per cápita, ayudando al progreso económico, mientras que en la década de 2010 pasó a pesar negativamente y actualmente es más o menos neutro gracias a los aportes migratorios. Ante una pregunta sobre los determinantes del estancamiento y recuperación económica, el ponente ha descompuesto el crecimiento señalando que entre mediados de los 70 y el inicio del siglo XXI la productividad y la incorporación de la mujer al mercado laboral fueron determinantes fundamentales, aportando más en términos cuantitativos que el factor demográfico. Fuentes Castro ha calculado que si la renta per cápita era 100 en 1985 y pasó a 172 justo antes de la crisis de 2008, de esos 72 puntos de aumento, algo más del 10% se debió al factor demográfico. El ponente ha propuesto un análisis en tres partes para estudiar el ciclo vital, el efecto corte comparando cohortes y la desigualdad intergeneracional, aclarando que las fuentes son la encuesta financiera de las familias del Banco de España, la encuesta de condiciones de vida del INE y la encuesta de estructura salarial también del INE, hasta 2022. Presentando datos, el ponente ha afirmado que las cohortes nacidas a partir de 1985 tienen una prima generacional negativa y una penalización de rentas limpia de efectos de corte respecto a otras generaciones. Sobre los salarios, Fuentes Castro ha mostrado que los jóvenes han tardado más en recuperar sus niveles previos a 2008, especialmente el grupo de 20-29 años, y ha señalado que en ese grupo la diferencia entre el 10% de los salarios más elevados y el 10% de los menos elevados supera las 8 veces. Respecto al impacto del sistema de pensiones, el ponente ha explicado que sin él habría un colapso de la renta de aproximadamente 10 millones de hogares a partir de los 65 años, mientras que con el sistema el declive es paulatino a partir de los 70 años. Volviendo al malestar generacional, Fuentes Castro ha matizado que no se debe atribuir el malestar actual del 15M exclusivamente al cambio demográfico o al gasto en pensiones futuro, ya que ese malestar emitía señales antes de 2008. El ponente ha analizado el coste de oportunidad y ha rebatido la idea de un trato preferente a los mayores, mostrando que el gasto en jubilación, viudedad y dependencia pasó de unos 10 puntos de PIB a unos 15 puntos en 2008 debido al cambio demográfico, mientras que educación, vivienda y familia se mantienen en aproximadamente 6 puntos de PIB. Al distribuir el gasto por población directamente afectada, Fuentes Castro ha indicado que el gasto en pensiones por persona mayor de 64 años ha evolucionado en línea con el PIB nominal, sin incrementarse por encima de la riqueza generada, mientras que el gasto en educación, vivienda y familia sobre menores de 35 años ha crecido más en términos per cápita. Finalmente, el ponente ha explicado que el aumento del gasto en pensiones se debe principalmente al número de pensionistas (demografía) y al efecto sustitución por derechos adquiridos más onerosos, aclarando que no se trata de una decisión política arbitraria para beneficiar a unos grupos sobre otros.

Intervención de Daniel Fuentes (Vox) y respuestas del grupo

El ponente del grupo parlamentario de Vox, Daniel Fuentes, explicó que quien se está jubilando ha tenido una vida laboral más sana que quienes dejan de pertenecer al grupo de jubilados por fallecimiento, lo que implica la incorporación de pensionistas con derechos más altos y la desaparición de aquellos con derechos adquiridos menos elevados. Señaló que los cambios en las cuantías de las pensiones, donde puede estar la narrativa más conflictiva, son marginales en relación al resto de factores frente a la mejora de las trayectorias laborales. Fuentes citó tres fuentes de consenso sobre proyecciones de gasto en pensiones: la Comisión Europea, AIREF y la Seguridad Social, aunque advirtió que las previsiones de la Comisión Europea basadas en datos hasta 2024 han sido demasiado pesimistas tras observar solo tres años demográficos (2024, 2025 y 2026) para proyectar hasta el año 2070. Según la foto fija que presenta la Comisión Europea en su informe del 2024, el gasto público en pensiones fue de 13,1 puntos de PIB en 2022 y se proyecta que llegue a 16,7 puntos en 2070, un aumento de 3,6 puntos. Fuentes comparó este salto con la presión internacional para subir el gasto en defensa del 2 al 5%, lo que supone tres puntos, y destacó que sin medidas correctoras el aumento sería de 10,3 puntos adicionales, situando el gasto en un 23,4% del PIB. Aclaró que la Comisión no proyecta un recorte de las pensiones, sino una caída del 4,1% en la relación entre salario medio y pensión media, debido a que el salario crecerá más que la pensión. Sobre la deuda pública, indicó que históricamente España ha estado entre los mejores alumnos en contención fiscal hasta la ruptura de 2008, pasando de gastar el 5% del PIB en intereses de la deuda en 1995 con un nivel del 60% del PIB a gastar la mitad de ese porcentaje hoy con una deuda del 100% del PIB, argumentando que la cuota hipotecaria de la deuda es ahora la mitad que hace 20 o 30 años. Fuentes añadió que el total de recaudación tributaria de todas las administraciones públicas españolas es actualmente unos tres puntos de PIB inferior al promedio de la eurozona y sugirió que las ganancias de recaudación podrían estar en bonificaciones, deducciones y exenciones fiscales. Finalmente, presentó datos de la encuesta financiera de las familias sobre el acceso a la vivienda, indicando que antes de la crisis de 2008 aproximadamente dos de cada tres hogares menores de 35 años accedían a la vivienda en propiedad, mientras que hoy solo lo hace uno de cada tres, retrasando el acceso en promedio casi diez años. Fuentes concluyó que existen cuatro ámbitos donde se manifiesta el malestar generacional: vivienda, salarios y poder adquisitivo, derechos futuros (pensiones) y capacidad de generar prosperidad.

Tras la intervención del ponente, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuel Lago, calificó de espectacular la intervención de Daniel Fuentes por tener una mirada amplia y sustentada, aunque matizó que hay que introducir precisión sobre el gasto en pensiones, recordando que las pensiones en España se autofinancian fundamentalmente con cotizaciones sociales que son salario diferido. Lago aportó datos de la base de cotización a la Seguridad Social, señalando que en 2018 la media salarial de los menores de 30 años era de 900 euros y en 2026 es de 1.400 euros, lo que representa un aumento del 54% en términos nominales o 27 puntos en reales considerando la inflación. Explicó que los menores de 30 años aportan el 14% de las cotizaciones al sistema y los mayores de 30 años el 86%, por lo que quienes tienen más de 60 años son los que financian mayoritariamente las pensiones.

Por su parte, Pablo Saez, del grupo parlamentario de Vox, agradeció el trabajo de Fuentes y citó la actualización de proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en mayo de 2026, que advierte sobre una deuda pública española que podría alcanzar el 123% del PIB en 2050 si no se aplican reglas fiscales. Saez mencionó también que según Funcas, con tipos de interés estables, los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros, 17.000 millones más que en 2025. Saez preguntó si existe el riesgo de que las generaciones jóvenes soporten una carga mayor para financiar prestaciones de las que ellas mismas no podrán disfrutar en condiciones equivalentes y cuestionó las perspectivas de los trabajadores jóvenes para obtener una relación entre cotizaciones y prestaciones comparable a la de generaciones anteriores, así como la posibilidad de informar sobre su tasa estimada de reemplazo.

Álvaro Morales, del Grupo Socialista, valoró positivamente el análisis técnico y económico de Fuentes y rechazó la narrativa del enfrentamiento generacional que presenta las pensiones como una carga insostenible para los jóvenes. Morales defendió que el verdadero conflicto no es entre jóvenes y mayores, sino entre quienes tienen oportunidad para construir patrimonio y quienes dependen de la riqueza familiar, y propuso mecanismos de equidad intergeneracional, depósito progresivo de cotizaciones más altas y medidas en materia de vivienda pública. Morales planteó tres cuestiones concretas a Fuentes: si el sostenimiento futuro de las pensiones debe descansar exclusivamente sobre cotizaciones sociales o incluir aportaciones fiscales e incentivos al crecimiento económico; qué políticas públicas son prioritarias para evitar que los jóvenes dependan de la herencia familiar; y qué responsabilidad tienen los discursos del falso conflicto generacional para desviar la atención de problemas estructurales.

Finalmente, Inmaculada Marín, del Grupo Parlamentario Popular, tomó la palabra para finalizar el turno de preguntas en esta sesión de la comisión.

Intervención de José Antonio Puentes (invitado) y conclusiones

El presidente de la Comisión, María Jesús Marín, ha abierto el turno de preguntas al profesor José Antonio Puentes, invitado para reflexionar sobre la actualización de las recomendaciones del pacto de Toledo y la equidad intergeneracional. La presidenta ha agradecido la presencia del académico y ha subrayado la importancia de escuchar planteamientos diferentes para sacar propuestas concretas. Por su parte, el invitado ha comenzado su intervención señalando que sería un error plantear el debate como una confrontación entre jóvenes y mayores, aclarando que los pensionistas no son responsables de las dificultades de emancipación de los jóvenes, pero advirtiendo también de que las decisiones actuales condicionarán lo que recibirán las generaciones futuras. El profesor ha planteado que la equidad intergeneracional debe considerar no solo la renta o el patrimonio, sino también las obligaciones acumuladas como la deuda pública y los compromisos de gasto. Sobre las reformas recientes, ha preguntado dónde está el límite para aumentar las cotizaciones sin perjudicar el empleo ni la competitividad, y ha cuestionado si trasladar gastos de la seguridad social a los presupuestos generales del Estado mejora realmente la sostenibilidad o simplemente cambia la fuente de financiación, citando que la IREF ha indicado que las reformas del Gobierno no mejoran la sostenibilidad del sistema. El académico ha propuesto la necesidad de definir un indicador específico para medir la equidad intergeneracional que incluya pensiones, salarios,