Sesión de control en el Senado: bronca por el censo electoral, Ceuta y el tratado con Francia

El Pleno del Senado celebró una sesión marcada por el debate y aprobación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, así como por la confrontación entre el Gobierno y la oposición en materia de vivienda, narcotráfico y gestión migratoria en Ceuta. El tratado, firmado el 19 de enero de 2023, fue ratificado tras un debate en el que el senador de Vox por el Grupo Mixto calificó el acuerdo de “antiguo e improcedente” y “pérdida de soberanía”, mientras que el senador del PSOE recordó que el Tribunal Constitucional había validado su constitucionalidad “por unanimidad” y criticó al Partido Popular por el bloqueo en la renovación del propio Tribunal. La senadora del Grupo Popular, por su parte, señaló que el tratado compromete a ambos países a consultarse en decisiones europeas y crisis internacionales, lo que supone “una cesión de ámbito político mucho mayor de lo que su denominación de tratado de amistad podría sugerir”, aunque no explicitó el sentido del voto de su grupo.

En el turno de preguntas, la portavoz del Grupo Popular interpeló al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la filtración de datos personales de una jueza de la Audiencia Nacional, a lo que el ministro respondió centrándose en el Real Decreto-Ley de vivienda aprobado ese mismo día, que calificó de “gran día para pequeños propietarios e inquilinos y día aciago para los especuladores”. La senadora del Grupo Popular replicó acusando al ministro de no pedir perdón a la magistrada y sostuvo que “hasta un narco tiene más decencia que el ministro de Justicia”. Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Popular preguntó al ministro de Hacienda por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, ante lo cual el ministro respondió que “se presentarán este año y las elecciones, el que viene”. El senador popular replicó señalando que llevaban más de 30 anuncios de presupuestos en la legislatura y que el Gobierno gobernaba “a golpe de decreto”.

La senadora del Grupo Popular interpeló asimismo al ministro del Interior sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente en Almería, donde según afirmó la incautación de cocaína había subido un 400% y la de cannabis un 350%, según datos de la Fiscalía. La senadora citó a la fiscal delegada antidroga de Huelva afirmando que España “se está convirtiendo lentamente en un narcoestado” y pidió la recuperación de la unidad OCONSUR, la declaración de zona de especial operatividad para el Campo de Gibraltar y Andalucía, y la consideración de profesión de riesgo para los agentes. El ministro del Interior respondió que desde 2018 se han invertido “más de 400 millones de euros en la lucha contra el narcotráfico”, con 48.000 operaciones policiales, más de 31.000 detenidos y más de 2.200.

El senador del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, Gasseni, formuló una pregunta al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre el impacto del precio de los carburantes en el sector agrario y pesquero. Gasseni afirmó que la inflación había batido ese mismo día un nuevo récord de casi el 5%, que el precio del gasóleo agrícola había aumentado un 62% en seis meses en Cataluña, que llenar un depósito de 300 litros de un tractor costaba casi 470 euros, unos 180 euros más que hace medio año, y que en el puerto de la Ametlla de Mar había barcas que podían gastar de 4.000 a 5.000 euros semanales de gasoil. Preguntó si el Gobierno adoptaba medidas económicas suficientes, directas y ágiles para que el incremento del precio del carburante no provocara el cierre de explotaciones agrícolas y embarcaciones pesqueras.

El vicepresidente primero del Gobierno respondió que ese día se había aprobado el tercer Real Decreto Ley de medidas para proteger a ciudadanos, empresas y sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Irán, que la inflación de septiembre había subido en torno a dos puntos, de los cuales 2 puntos del 4,9% eran atribuibles al incremento de los precios de la energía, que desde marzo la cesta de los alimentos había bajado un 0,6%, y que el impacto presupuestario de las medidas alcanzaría en 2026 en torno a los 10.000 millones de euros con ese tercer paquete.

En su réplica, Gasseni afirmó que las ayudas llegaban tarde, mencionó el descuento de 20 céntimos en los momentos más críticos de la inflación de 2022 y la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos entre 2023 y 2024, y sostuvo que estas medidas no dieron los resultados esperados. El vicepresidente primero replicó que se estaba acompañando a la CNMC en un análisis exhaustivo y diario de la transmisión de las bajadas de impuestos a los precios del consumidor, que se había ampliado el alcance de la CNMC para que mirara toda la cadena de valor en alimentos, distribución, generación energética, mayoristas y minoristas, y que se seguiría monitorizando la situación en el ámbito del refino.

”Cloacas” y vivienda: cruce de acusaciones entre el PP y Bolaños

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora García Rodríguez, formuló una pregunta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños, sobre la seguridad de la jueza Viedma. García Rodríguez afirmó que una jueza había tenido que acudir a la Audiencia Nacional porque la “cloaca” de su partido comprometió su seguridad personal, que el ministro llevaba diez días callado, y le retó a repetir una petición de disculpas a la jueza Viedma y a su familia, calificando de inaceptable e intolerable que se diera a dos clanes del narco su dirección y las fotos de sus hijas. Preguntó si iba a pedir perdón a la jueza y a su familia.

El ministro Bolaños respondió que consideraban de justicia “quitar algo de poder a los que tienen demasiado para que no abusen de nadie y dar algo de poder a los que no tienen nada”, que ese día se había aprobado un Real Decreto-Ley con medidas sobre el derecho a la vivienda, que era “un gran día para pequeños propietarios e inquilinos y un día aciago para los especuladores”, y que era injusticia que el Partido Popular votara contra la moratoria de desahucios.

En su réplica, García Rodríguez afirmó que “hasta un narco tiene más decencia que el ministro de Justicia”, que Bolaños había denunciado cuatro veces al juez de Begoña Gómez con cuatro archivos, que la ministra portavoz dictaba al jurado el veredicto para Begoña, que la ministra Morant hablaba de “solución final” para el auto del juez, que “así llamaban los nazis al exterminio de los judíos”, que tenían un Gobierno contra el Estado, pero que el Estado de Derecho era más fuerte, que los jueces hacían su trabajo y los españoles harían el suyo en las urnas, y le pidió que pidiera perdón a la jueza y a su familia.

Bolaños, en su segunda intervención, pidió a García Rodríguez que se pusiera su propia intervención en casa y valorara si había resultado “absolutamente esperpéntica”, y continuó hablando de justicia: la moratoria de desahucios para personas vulnerables, la prórroga de dos años más en las fronteras de arrendamiento, la prohibición de la compraventa de viviendas a fondos buitre y la bonificación fiscal a propietarios de viviendas que bajen o congelen el alquiler. El presidente de la sesión le rogó en dos ocasiones que se ciñera a la cuestión, indicándole que para eso tenían la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y que allí se sometía al control.

Anticorrupción: Vox y el Gobierno miden fuerzas

El senador del Grupo Parlamentario Mixto, Alonso Coronel, formuló una pregunta al ministro Bolaños sobre corrupción. Alonso Coronel afirmó que España solo cumplía en la práctica el 17% de la estrategia anticorrupción frente al 32% de la media europea según Transparencia Internacional, que había caído al puesto 17 de los 27 de la Unión Europea en percepción de corrupción, que en regulación de lobbies se cumplía un 40% en papel y un 0% en aplicación práctica, y preguntó si iba a difundir esas cifras o seguiría con el “cuento” de que estaban combatiendo la corrupción.

Bolaños respondió que esperaba que la preocupación de Alonso Coronel se reflejara en el voto positivo de Vox a las iniciativas del Gobierno, que se había aprobado el Plan de Acción por la Democracia con 31 medidas, que el 97% de esas medidas estaban en fase muy avanzada de implementación, que se había aprobado la ley de integridad pública, que se habían creado nuevas unidades en la Fiscalía para luchar contra la corrupción, que se había aprobado una ley de lobbies que no se convalidó con el voto de Vox y del Partido Popular, que la Comisión Europea indicaba reiteradamente que España era el único país de Europa sin ley de lobbies, y que se había aprobado un texto íntegro de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, el primero desde 1882, para que la instrucción la llevaran los fiscales.

En su réplica, Alonso Coronel preguntó si iban a despenalizar todos los delitos que estaban cometiendo, si iban a despenalizar las amenazas, intentos de extorsión o insinuaciones de muerte a jueces por parte de sus “cloacas”, el delito fiscal y contrabando al “joyero Zapatero”, el blanqueo de 53 millones a Plus Ultra y los rescates de la SEPI, el cohecho para que Ábalos y su banda salieran cuanto antes, el tráfico de influencias para familiares y amigos de Pedro Sánchez, si harían mártires a Leire y sus secuaces, afirmó que este Gobierno ya despenalizó la malversación cuando necesitó los votos de los separatistas y admitió a delincuentes cuando necesitaba sus votos, que Puigdemont ya estaba en la frontera con la maletita, que si la única idea era quitarle la instrucción a los jueces y dársela a los fiscales sería “adiós España”, y que cada vez que había una sentencia contra el Gobierno o el PSOE tenían el argumento de que les tenían manía.

Bolaños, en su segunda intervención, afirmó que era habitual que los miembros del Gobierno fueran amenazados y difamados en la Cámara, que Alonso Coronel prefería una justicia del siglo XIX y que la del siglo XXI era que la instrucción la llevaran los fiscales, que el ministro de Justicia del presidente Rajoy, Ruiz Gallardón, también había apostado porque la instrucción la llevaran los fiscales, que cuando Vox llegó a los gobiernos autonómicos de la mano del PP en Valencia y Baleares lo primero que hicieron fue suprimir las oficinas anticorrupción, y preguntó cómo iba el tema de los bancos húngaros financiando a Vox.

Presupuestos: el ministro de Hacienda promete que “se presentarán este año”

El senador Camps, del Grupo Parlamentario Popular, formuló una pregunta al ministro de Hacienda. Camps indicó que al día siguiente vencía el plazo constitucional para la presentación de los presupuestos y preguntó: “Los presupuestos para cuándo”.

El ministro de Hacienda respondió: “Los presupuestos se presentarán este año y las elecciones, el que viene”.

En su réplica, Camps afirmó que había más de 30 anuncios de presupuestos en la legislatura, que el 7 de marzo de 2024 le preguntó a la entonces ministra Montero por los presupuestos de ese año y le dijo “lo antes posible”, que seis días después fueron al cajón, que en septiembre de 2025 el presidente del Gobierno anunció y prometió los de 2026, que aún se estaban esperando, que cada año había una excusa nueva, que no habían presentado presupuestos porque no tenían apoyo ni siquiera de sus socios, que gobernaban a golpe de decreto, que ese mismo día habían aprobado dos decretos de vivienda que ni siquiera sabían si podrían convalidar, que sin presupuestos no había política de vivienda, ni de defensa, ni renta, ni política social, que eran mil días de parches y 330.000 millones movidos sin pasar por las Cortes, que en 2018 Sánchez dijo desde la oposición que sin presupuestos era lo mismo que tener un coche sin gasolina, que en 2024 ya en el Gobierno y sin presupuestos anunció que la España socialista iba como un cohete, y que Sánchez había dicho “o presupuestos o elecciones”.

El ministro de Hacienda, en su segunda intervención, afirmó que cuando el PP tenía el Gobierno en minoría presentó un solo presupuesto y que el presidente de Castilla y León, Mañueco, tuvo que recurrir a la prórroga cinco veces, que en 2012, con el Gobierno de Rajoy, fue el año donde más modificaciones presupuestarias se hicieron, pero para rescatar a la banca, mientras que ahora las modificaciones presupuestarias eran para avanzar en derechos sociales, y que el viernes tenían una oportunidad importante, pidiendo que reflexionaran. Mencionó que el señor Feijóo esa mañana había dicho que no iba a votar la convalidación del Real Decreto.

SEPI, bonificaciones fiscales y “patinazos”: interpelación al ministro de Hacienda

El senador de Foronda, del Grupo Popular, dirigió una pregunta al ministro de Hacienda en la que le instó a controlar la SEPI y a retirar de sus puestos a los imputados o investigados, y afirmó que la SEPI había retirado al máximo accionista y le había quitado sus derechos políticos por colaborar con la justicia, advirtiéndole que si no se iba no realizarían la reestructuración de Plus Ultra. El senador añadió que, según su criterio, cuando alguien colabora con la justicia el Gobierno le castiga y cuando alguien critica a los jueces recibe un premio. Posteriormente, el mismo senador indicó que hasta junio de ese año el Gobierno había recaudado 200.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior, y preguntó dónde estaba ese dinero, señalando que no había más carreteras, trenes, investigación, políticas sociales ni colchones para la policía, y preguntó además por las 183.000 viviendas que, según dijo, iba a hacer el expresidente Zapatero. El senador también cuestionó al ministro sobre la investigación de unas joyas, mencionando al rey de Arabia Saudí y a una mujer que corría por la ONU, y afirmó que “donde hay amor hay joyas”. Finalmente, preguntó por qué Hacienda no devolvía los 1.300 millones de euros de las bonificaciones fiscales que cobró individualmente, exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

El ministro, en su respuesta, agradeció la pregunta “tan amable y siempre templada” y explicó que había buscado el origen de la palabra “patinazo” mencionada por el senador, encontrando una noticia en ABC que decía que Hacienda pagaría 1.250 millones a las grandes del IBEX por un “patinazo legal”. El ministro precisó que, según esa misma noticia, la Comisión Europea había considerado el régimen de ayudas fiscales a la internacionalización aprobado por el Gobierno de Aznar en 2002, y señaló que no acababa de entender la pregunta cuando se trataba de una decisión tomada por el PP, que los tribunales les quitaron la razón y ahora había que cumplir una sentencia, preguntándose por qué era culpa del Gobierno actual.

En su réplica, el senador de Foronda afirmó que, si el ministro no entendía lo que es la justicia, “así va este país”, y precisó que esa sentencia estaba originando 140.000 euros de intereses diarios, lo que desde el 26 de junio de 2025 suponía 64 millones de euros. Añadió que con esa cantidad se podrían haber hecho 320 viviendas a 200.000 euros, y que si se sumaban los 53 millones de Plus Ultra se podrían haber hecho 26 viviendas más. El senador criticó la actitud del ministro, sugiriéndole que debía ir a la Puerta del Sol a contarlo, y enumeró posibles actuaciones del Gobierno como convocar mesas de trabajo, grupos de expertos, comisiones de estudio o mesas de diálogo, concluyendo que lo que hacía el ministro era “nada”. Comparó la rapidez de Hacienda para enviar cartas a los ciudadanos con la de Amazon.

El ministro, en su segunda intervención, indicó que a veces no entendía lo del “patinazo” y que había hecho referencia a ello en su primera intervención. A continuación, intentó evitar “dos patinazos” al Grupo Popular, instándoles a votar la convalidación del Real Decreto Ley de Viviendas ese mismo viernes, medidas que, según dijo, eran buenas para los españoles, para los pequeños propietarios y para los inquilinos, como muchas veces habían pedido. Pidió al grupo que no se “enmendaran a sí mismos” y que fueran una “oposición útil”. El ministro también cuestionó por qué el Grupo Popular se había abstenido en el último Real Decreto Ley para mitigar los efectos de la guerra, preguntando qué les parecía mal de subvencionar en 0,20 céntimos el diésel y la gasolina, de que tres millones de consumidores con tarifa del último recurso del gas vieran topado el precio, o de ayudar a agricultores, ganaderos o transportistas, pidiéndoles que no lo hicieran por el Gobierno sino por ellos.

Revisión de precios en contratos públicos: el PNV insiste

La senadora Echano, del Grupo Nacionalista Vasco, formuló una pregunta al ministro de Hacienda en la que indicó que su grupo llevaba desde marzo de 2025 insistiendo, tanto en el Congreso como en el Senado, en la necesidad de dar una respuesta al problema de la revisión de precios en determinados contratos públicos. Señaló que la antecesora del ministro había reconocido que había contratos especialmente afectados por los incrementos salariales y que se estaban produciendo problemas, y afirmó que los problemas seguían sin resolverse. La senadora explicó que había contratos de servicios en los que la mano de obra constituía el principal componente del coste y que, cuando durante su ejecución esos costes aumentaban por una subida del salario mínimo o la negociación colectiva, el actual sistema de revisión de precios no ofrecía una respuesta adecuada. Indicó que el Gobierno subía el salario mínimo y el presidente Sánchez pedía a empresas y agentes sociales que mejoraran sus salarios mediante la negociación colectiva para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en una situación de incremento importante del IPC, objetivo que, según dijo, compartían. La senadora añadió que esas mejoras también tenían que aplicarlas las empresas con contratos con la Administración, y que había una cuestión de coherencia que el Gobierno debía resolver, ya que no se podía pedir a los demás que hicieran un esfuerzo y, cuando le correspondía a la Administración, “mirar hacia otro lado”. Mencionó servicios de limpieza, cuidados, intervención social, jardinería y otros servicios intensivos en mano de obra esenciales, prestados mayoritariamente por mujeres, y se refirió también a empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades de la economía social, donde la contratación pública cumplía una importante función social. La senadora recordó que durante la tramitación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social habían presentado una propuesta concreta para modificar la Ley de Contratos del Sector Público, que no pudo debatirse porque fue vetada por el Gobierno. Precisó que no planteaban una indexación generalizada, ni eliminar el principio de riesgo y ventura, ni trasladar automáticamente cualquier incremento de costes a la Administración, sino un mecanismo objetivo, tasado y limitado para determinados contratos intensivos de mano de obra cuando los incrementos salariales procedan de modificaciones legales o de convenios colectivos, buscando un equilibrio entre viabilidad económica de los contratos, derechos de las personas trabajadoras y función social de la contratación pública. Finalmente, preguntó si el Gobierno iba a impulsar la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público.

El ministro respondió agradeciendo la pregunta y señalando que era una cuestión que preocupaba al Gobierno, al igual que a numerosas empresas que prestaban servicios públicos esenciales. Reconoció que, con la Ley de Contratos, el incremento de los costes salariales, que podía venir de muchos factores, también la subida del salario mínimo u otras decisiones que consideraba necesarias, afectaba a contratos intensivos en mano de obra, donde la parte salarial tenía un impacto fundamental en el coste de esas empresas, que luego tenían que cumplir todas sus obligaciones de los convenios colectivos y laborales. No obstante, el ministro afirmó que había que ser prudentes y que una modificación de ese alcance, introducir una modificación de la Ley de Contratos, planteaba algunas dudas desde el punto de vista de la oportunidad, eficiencia y equidad. Consideró que la contratación pública no podía convertirse en una isla, en un espacio diferente al resto, con carácter general, frente a la evolución ordinaria de los costes empresariales, ya que eso generaría un trato diferente entre las empresas que contratan con la Administración y el conjunto de empresas que operan en el mercado. Añadió que había que preservar la seguridad jurídica, la igualdad entre licitadores, el principio de riesgo y ventura y la responsabilización responsable de los recursos públicos. El ministro concluyó que el Gobierno seguiría analizando la evolución de estos contratos y las dificultades que tenían todos los sectores afectados, que afectaban a contratos tanto de la Administración General del Estado como de los gobiernos autonómicos o de los ayuntamientos, y que era una reflexión global que había que hacer ponderando los intereses, la legalidad y también la oportunidad y excepcionalidad de determinadas medidas.

En su réplica, la senadora Echano agradeció la preocupación del ministro, indicando que ya era algo, porque al principio ni esa preocupación mantenían, pero insistió en que se trataba de buscar un equilibrio. Reconoció que afectaba también a los contratos de las comunidades autónomas, pero señaló que el problema estaría en la modificación de la Ley de Contratos, y reiteró que buscaban un equilibrio entre viabilidad económica de los contratos, derechos de las personas trabajadoras y función social de la contratación pública, preservando la estabilidad presupuestaria y la seguridad jurídica, en referencia a la propuesta del Partido Nacionalista Vasco.

El ministro, en su segunda respuesta, agradeció la intervención y afirmó que estaban en seguir dialogando con el Grupo Nacionalista Vasco y el conjunto de grupos parlamentarios. Reconoció el trabajo constructivo del grupo, especialmente de otros grupos de la Cámara, por el diálogo, por presentar propuestas y por luego modificarlas y no ser siempre el “todo o nada”. Agradeció el talante y las preguntas de la senadora, y se comprometió a seguir con atención la situación de estas empresas y su vulnerabilidad por los cambios que se pudieran producir.

Verifactu y facturación electrónica: el Gobierno promete coordinar con Europa

El senador Puyol, del Grupo Plural, formuló una pregunta al ministro de Hacienda en la que afirmó que las cosas no iban bien, que la clase media estaba “hastiada, fastidiada, asfixiada y no puede más”, y se refirió a autónomos, tejido comercial, pequeñas y medianas empresas. El senador preguntó si el sistema europeo absorbería el Verifactu o si se iban a mantener dos sistemas en paralelo para “acabar de complicar la vida a miles y miles de pequeñas empresas”, y cuestionó si las pequeñas empresas iban a “tirar el dinero una vez más” o si el Gobierno les iba a defender. Advirtió que, si un sistema no sustituía al otro, se duplicarían los sistemas de control, y preguntó si se trataba de simplificar o de complicar. Finalmente, preguntó de qué lado estaba el Gobierno del PSOE, “de los que cada día levantan la persiana o del lado de un Estado que solo piensa en recaudar”.

El ministro respondió agradeciendo la pregunta y afirmando que el Gobierno era consciente de la preocupación planteada y compartía el objetivo de evitar duplicidades, costes burocráticos innecesarios y adaptaciones tecnológicas sucesivas en los cambios normativos, que había que hacer para modernizar el tejido y hacérselo más fácil a las pequeñas empresas y a los autónomos. Precisó que no era exactamente lo mismo Verifactu, que regula las condiciones que deben cumplir determinados sistemas informáticos de facturación en España para garantizar la integridad, la conservación y la trazabilidad de los registros, que el marco europeo VIDA, que introduce otras medidas para armonizar la facturación dentro del ámbito europeo con operaciones intracomunitarias a partir del 1 de julio. Aseguró que todas las inversiones realizadas para adaptarse a Verifactu no quedarían inutilizadas en 2030, y que esa era la voluntad del Gobierno. Reconoció que la transición debía ordenarse mejor y evitar que una empresa tuviera que modificar dos veces su sistema por falta de coordinación normativa, y señaló que se habían ampliado los plazos: para el impuesto de sociedades hasta el 1 de enero de 2027, y para el resto, incluidos con carácter general los autónomos, hasta el 1 de julio de 2027. Hasta entonces, indicó, era periodo de pruebas, y recordó que la Agencia Tributaria ofrecía una aplicación gratuita de facturación para los operadores con necesidades más sencillas. El ministro concluyó que trabajarían, de acuerdo con el Grupo Plural y atendiendo lo que decían las distintas asociaciones, para seguir estudiando la situación y coordinando mejor normativamente, para que esa transición fuera beneficiosa para los autónomos, las pymes y el conjunto del país.

En su réplica, el senador Puyol afirmó que hacía un año el Congreso había aplazado, gracias a Junts, la implantación del Verifactu y habían dado “aire a pymes y autónomos”, y que en junio, en el Senado, también habían aprobado una moción de Junts para volver a aplazar el despliegue. Instó al ministro a no jugar “al escondite” y a responder claramente qué haría el Gobierno, pidiéndole que no mintiera y que fuera claro, “o sí o no”. El senador también pidió al Gobierno que fuera “tan valientes con el señor Amazon como lo son con los emprendedores y los botigués” y “tan flexibles con las pequeñas empresas como lo son con el señor Google o con la señora Telefónica”. Consideró que “marear a la clase media con nuevas complicaciones y Verifactu lo es, es regalar argumentos a la extrema derecha”, y pidió que fueran serios y no complicaran las cosas a la gente. Finalmente, afirmó que no querían que el Gobierno fuera un “Robin Hood de pega solo para los domingos de meeting”, y que “es feo y se les ve el plumero”.

El ministro, en su segunda respuesta, recordó que con el impulso del Grupo Plural habían apoyado fiscalmente a las empresas con hechos: las microempresas que tributaban al 23% ahora en 2026 tributaban al 19% por sus primeros 50.000 euros de base imponible y un 21% el resto, hasta alcanzar definitivamente el 17% y el 20% en 2027.

Ley de integridad pública y críticas a la oposición

Una ministra del Gobierno, cuya identidad no se especifica en el fragmento, afirmó que el Ejecutivo ha llevado al Congreso la ley de integridad pública, que prevé más penas para la corrupción en los contratos públicos, la creación de una agencia independiente contra la corrupción y un registro público de empresas con prohibición de contratar con la Administración. La ministra instó a la oposición a “limpiar su casa” y a acudir a los juzgados si tenía pruebas de contrataciones ilegales en el Consejo Superior de Deportes.

Ceuta: el Gobierno cifra en 2.500-3.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

La senadora Díaz Moreno, del Grupo Popular, preguntó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre el número de personas que permanecían en Ceuta tras los sucesos del 30 de julio. La senadora afirmó que el Gobierno había manejado cifras de 2.000, 5.000, 10.000 y 18.000 personas, mientras que los datos de atención apuntaban a 13.000, a los que habría que sumar los que estarían ocultos en viviendas, pisos, garajes y túneles. Díaz Moreno calificó la situación de “problema de seguridad nacional” y señaló que entre quienes entraron habría “militares marroquíes, delincuentes, yihadistas, violadores”. Exigió al ministro la cifra oficial del Gobierno y afirmó que “queremos que se vayan todos los que entraron ilegalmente”.

El ministro Torres respondió que, desde el 10 de agosto, habían retornado 8.243 personas: 449 expulsiones y 7.794 retornos, con una media de entre 160 y 200 por día. Indicó que se habían habilitado unas 6.100 plazas, de las que 300 eran para menores, competencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Añadió que ese mismo día se había realizado una operación que había vaciado la playa de Benítez, y estimó que las personas que podían quedar en Ceuta, atendiendo a las comidas que se entregaban diariamente, estarían entre 2.500 y 3.000. Torres preguntó a la senadora si el gobierno de Ceuta era capaz de decir cuántos menores quedaban en las calles, señalando que había abierto cerca de 20 recursos pero no era capaz de responder.

En su réplica, la senadora Díaz Moreno acusó al ministro de no dar una cifra exacta y comparó la situación con la respuesta del ministro que, preguntado por “las millonarias joyas de Zapatero”, contestó “con dulces típicos”. Afirmó que el Gobierno tenía números para “camas, plazas, triajes, expedientes iniciados, comidas, dinero” pero no para los que permanecían en Ceuta. Recordó que cuatro ministros, entre ellos Torres, habían declarado que todos se irían de Ceuta, y que existían cuatro vías legales —extranjería, pacto europeo, acuerdo con Marruecos y reglamento de crisis— que no se habían activado