El Congreso aprueba la reforma de la formación judicial impulsada por el PP y da luz verde a la reducción de la tasa de alcoholemia por un solo voto de margen

El Pleno del Congreso de los Diputados ha abordado este martes la modificación del curso de selección de aspirantes a la carrera judicial, la reducción de la tasa de alcoholemia y la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La sesión comenzó con un minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres en Alicante y Sevilla, tras lo cual la Cámara aprobó una modificación del orden del día para adelantar la interpelación urgente del Partido Popular e incluir un nuevo punto relativo a la modificación de la Ley Orgánica 2/2006.

En el debate sobre la formación judicial, la portavoz del PP defendió una proposición de ley para reformar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, según expuso, permitiría reducir hasta en nueve meses el plazo de incorporación de nuevos jueces a los tribunales de instancia, manteniendo la formación teórica y las prácticas tuteladas. La iniciativa, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 12 de marzo, contó con el apoyo de Vox, el PNV y Junts per Catalunya, mientras que desde el BNG, Podemos y Esquerra Republicana se plantearon objeciones sobre la calidad formativa, el acceso democrático a la judicatura y el respeto a los derechos lingüísticos. La proposición fue aprobada con 295 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones.

El Pleno también debatió la proposición del PSOE para reducir la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores a 0,2 gramos por litro, que la portavoz socialista defendió tras recordar que en marzo la iniciativa “se perdió por un solo voto”. La medida, que contó con el respaldo de Junts, ERC y Sumar, fue rechazada por Vox y criticada por el PP por carecer, según la portavoz popular, de justificación técnica suficiente. La proposición resultó aprobada por 171 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones. En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Vox calificó la iniciativa de “oportunista”, mientras que desde ERC se reclamó la tasa cero. Finalmente, el debate sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo enfrentó posturas encontradas: el PP acusó al Gobierno de “dejación de funciones” en la gestión de Ceuta, Vox propuso expulsiones inmediatas, y desde el PSOE se defendió la colaboración con Marruecos y el multilateralismo.

La presidenta del Congreso abrió la sesión del pleno pidiendo a las diputadas y diputados un minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres el pasado fin de semana: Miriane, en Alicante, y Vanessa, en Sevilla. A continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, sometió al Pleno la modificación del orden del día para adelantar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular —del punto 28 al anterior al 27— e incluir como nuevo punto la solicitud de abocación del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 2/2006. La Cámara lo aprobó.

Aprobación de la reforma del acceso a la carrera judicial

El Congreso aprobó con 295 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones —de 346 votos emitidos— la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa al curso de selección de los aspirantes a ingresar en la carrera judicial.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra Ruiz Clavijo, presentó la iniciativa asegurando que esta legislatura será recordada por el “ataque sistemático del Gobierno y de sus socios a los jueces” y por el “intento de control de la justicia erosionando la separación de poderes”. Según Gamarra, el Gobierno ha intentado “sabotear la acción de la justicia a todos los niveles” y los jueces han tenido que afrontar las consecuencias de leyes “mal llamadas modernizadoras”, en particular la ley de eficiencia, que calificó de “catástrofe en toda regla”. Sostuvo que los tribunales de instancia están saturados, lo que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, y que se necesitan más jueces.

La reforma, que parte de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial aprobado por unanimidad el 12 de marzo pasado, busca optimizar el desarrollo del proceso de formación de los futuros jueces. El sistema formativo actual tiene una duración mínima total de 17 meses, compuesto por un periodo teórico, un periodo de prácticas tuteladas y un periodo de prácticas con funciones de sustitución y refuerzo. La propuesta del PP plantea un sistema formativo intensivo de carácter teórico-práctico con una duración mínima de nueve meses y una fase de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales, con una duración mínima de cuatro meses, que podría realizarse de forma simultánea, lo que permitiría reducir “hasta en nueve meses el plazo de incorporación de los nuevos jueces a los tribunales de instancia”. Gamarra destacó que la Escuela Judicial debe depender en exclusiva del Consejo General del Poder Judicial, conforme a la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y que la propuesta garantiza estándares de formación en materias como el principio de no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la legislación contra la violencia de género y los derechos de la infancia.

El portavoz de Vox, José María Figaredo Álvarez-Sala, anunció que su grupo votaría a favor de la iniciativa del PP porque “el poder judicial tiene que ser también respetado y protegido”. Figaredo afirmó que el Gobierno está “obsesionado por colonizar todas las instituciones y, por supuesto, también las judiciales”, que “es inadmisible que se ataque la separación de poderes” y que el PSOE y el Gobierno “están rodeados de la corrupción”, con “decenas y decenas de cargos tanto del gobierno como del Partido Socialista imputados”. Mencionó que “un exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista ya ha sido condenado”, en referencia a José Luis Ábalos, y que “el propio fiscal general del Estado condenado”, en referencia a Álvaro García Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Plural, el diputado Néstor Rego, del BNG, consideró que, aunque la necesidad de dar cobertura a las plazas judiciales es una realidad, la propuesta “omite los verdaderos problemas de la Administración de Justicia”. Para el BNG, es preciso revisar el sistema para “democratizar el acceso a la judicatura”, asegurando que cualquier persona con capacidad pueda acceder “independientemente de su nivel económico o de sus contactos o relaciones familiares”. Rego afirmó que esto explica “esa reproducción ideológica, incluso biológica, que se ven arrastrando ya desde los tiempos de la dictadura franquista” y las prácticas de la UFER. Añadió que el sistema debe garantizar que los magistrados que ejercen en territorios con lengua propia distinta del español tengan un dominio de esa lengua y que la formación en derecho civil propio, “en nuestro caso en derecho civil gallego, debe ser también un requisito previo de acceso”.

La diputada de Podemos, Sofía Castañón, afirmó que “cualquier propuesta que traiga el Partido Popular con respecto a la justicia carece de legitimidad, carece de credibilidad, porque ustedes eran los que presumían de que controlaban la sala segunda por la puerta de atrás”. Consideró que se trata de una reforma “aparentemente técnica, pero tiene una enorme importancia, que es cómo formamos a quienes van a tener en sus manos decisiones que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas”. Plantea dudas sobre la simultaneidad de la formación teórica y las prácticas tuteladas, que “no puede significar saturación”, sobre los recursos que se pondrán sobre la mesa, y sobre la eliminación de la fase de sustitución y refuerzo, porque “la justicia no puede reformarse a golpe de urgencia”.

El diputado del PNV, Mikel Legarda Uriarte, recordó que la proposición del PP trae causa del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial adoptado por unanimidad el 12 de marzo pasado. Según expuso, el Consejo General señala que la implantación de los tribunales de instancia de la Ley Orgánica 1/2025 constituye “una reforma estructural de gran alcance para racionalizar la organización judicial y mejorar la eficiencia del servicio público de la justicia”. Mencionó que el Ministerio de Justicia anunció una oferta extraordinaria de 375 plazas de jueces destinadas específicamente a cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia. El PNV compartió la iniciativa y la apoyó, entendiendo que se plantea con carácter estructural para optimizar el tiempo formativo en la Escuela Judicial “sin merma de los estándares de calidad” y eliminando fases “impropias del curso de selección”, como la fase de sustitución. Según Legarda, esta fase “supone dotar de plena capacidad jurisdiccional a personas que todavía no forman parte de la carrera judicial” y los aspirantes no cumplen el requisito de independencia en esta función.

El diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Paula Gambús Millet, indicó que Junts hi està d’acord con la reforma. Consideró que es buena idea “agilitzar i compactar el curs de selecció, reforçar les pràctiques, canviar les fases successives per una avaluació contínua” y suprimir la fase de sustitución y refuerzo, que “no funciona”. Señaló que el PSOE también ha propuesto reformar el artículo 307 en su proyecto de ley de acceso a las carreras judicial y fiscal. Gambús afirmó que Junts está a favor del cuarto turno y de “aportar la experiencia jurídica a la magistratura”, pero no ve claro “dejar en manos del señor Bolaños una vía de acceso a la carrera judicial donde la discrecionalidad pueda tener tanto más papel que el mérito y la capacidad”. Sostuvo que, cuando se habla del Poder Judicial, “siempre vamos a parar a una lucha eterna, a una guerra civil en miniatura entre el bando de los intereses ideológicos, pero sobre todo económicos y corporativos, del Partido Popular y de la derecha judicial y el correspondiente bando del PSOE y de la progresía judicial y fiscal”. Afirmó que, para los independentistas catalanes, “tan nos han perseguido los unos como los otros” y que “tan tóxicos y antidemocráticos han sido los unos como los otros”.

El portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Joan Pagès, defendió el modelo alemán de acceso a la judicatura, que incluye un itinerario formativo extenso, prácticas remuneradas, evaluación continua y experiencia en juzgados, fiscalías y despachos profesionales antes de acceder a la carrera. Pagès afirmó que este modelo “deja en mal lugar” a quienes sostienen que España es el país más descentralizado de Europa, y denunció el “centralismo extremo en todas las capas de la justicia española”. Sostuvo que, “mientras no sigamos un Estado independent”, Cataluña debe tener una administración de justicia propia en la que el conocimiento del derecho propio, de la realidad institucional y de la lengua catalana no sean “una anécdota”. Pagès presentó tres ejemplos concretos: la creación del Consejo de Justicia de Cataluña —previsto en el Estatuto y con una propuesta legislativa presentada para recuperar las atribuciones retiradas por el Tribunal Constitucional—, el desarrollo de la justicia de paz y proximidad, y la situación del catalán en la justicia, que calificó de “menosprecio intolerable”. Citó el juicio en el que Roger Espanyol consiguió llevar ante la justicia a los policías que el 1 de octubre le dispararon en la cara una bala de goma, donde según Pagès los abogados de la acusación se vieron obligados a traducirse ellos mismos al castellano porque los intérpretes no tenían la competencia necesaria. El portavoz propuso que el Parlamento modifique la ley orgánica del poder judicial para que ningún juez, fiscal o funcionario pueda ejercer en Cataluña si no entiende, sabe o comprende el catalán.

La diputada de Esquerra Republicana, Maria Dantas i Bellogera Balanyà, anunció que su grupo se abstendría en la votación porque “consideramos que faltan muchas cosas”, aunque “lo que plantean no es ninguna barbaridad”. La diputada de ERC calificó la propuesta de “irrisoria respecto al problema que tenemos en la administración de justicia”. Sostuvo que la inversión en medios materiales y humanos, en jueces y fiscales, es “insuficiente” si se cree que el poder judicial es la tercera pata de la separación de poderes. Se refirió a la necesidad de que exista alguna responsabilidad cuando un juez o jueza emite un desahucio ante el anuncio de suicidio de una persona vulnerable, citando un caso ocurrido en L’Hospitalet “hace una semana y media o dos”. Dantas afirmó que “alguna responsabilidad tiene que haber” y que esto debería ser “digno de ser una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial”. La diputada relató que ella misma había sido condenada en costas hace dos meses por defender a consumidores en una audiencia, cuando según afirmó “todos los estudiantes de la facultad saben que a la Unión Europea, cuando es un pleito por consumidores, no hay condena en costes, porque es disuasorio del ejercicio de los consumidores”. Defendió las becas como “elemento imprescindible para que gente que no proviene de estas familias pueda acceder al ejercicio de la jurisdicción”.

La diputada de Sumar, Marta Martínez Barbero, planteó que “antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí?”. Según la diputada, una persona que termina Derecho tiene por delante “de media cuatro o cinco años estudiando una oposición”, y “la igualdad formal empieza a chocar con la realidad” porque para dedicar ese tiempo “hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años”. Martínez Barbero defendió que la judicatura “se parezca más a la sociedad a la que sirve”, con jueces y juezas “de familias humildes y trabajadoras”. Sostuvo que “la capacidad para ejercer de juez o jueza no puede medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas”. Propuso que “la formación pública forme parte del propio proceso de acceso”, con “formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad”. La diputada de SUMAR acusó al Partido Popular de haber “mantenido bloqueada durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial” y de estar “haciendo exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional desde el Senado”.

La portavoz de Vox, Aizcorbe Torro, se refirió al artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite que un juez en prácticas sustituya a un titular y ejerza la jurisdicción con la misma amplitud que él, pudiendo dictar sentencias cuando aún no ha terminado el curso de selección ni ha ingresado formalmente en la carrera judicial. Indicó que en 2012 el Gobierno del Partido Popular impuso cuatro meses de sustituciones por razones de austeridad y formación, y que ahora el propio PP propone suprimir esta fase siguiendo la propuesta unánime del Consejo General del Poder Judicial. Respecto a la proposición del Partido Popular, Aizcorbe indicó que “la exposición de motivos está bien elaborada” pero que “sorprende que el articulado deje intactos dos preceptos a los que afecta esta reforma”: el artículo 210.1.c, que permite llamar a los futuros jueces en prácticas para sustituciones, y el artículo 216 bis.3, que permite adquirirlos como jueces de apoyo. La portavoz de Vox anunció que “examinaremos también la enumeración de materias que conserva el artículo 307.3”, que a su juicio “responde a una selección ideológica impropia de la formación judicial”.

El portavoz del PSOE, Díaz Marín, se refirió a la proposición de ley orgánica del Partido Popular sobre justicia, que según dijo pide que “los jueces lleguen antes a los tribunales de instancia”, pero preguntó: “¿de qué sirve si luego la justicia llega tarde a quien debe servirse de ella?”. El portavoz socialista citó el caso de Mari Carmen, una mujer de 87 años de la que “no solamente ha llegado tarde, sino que además no ha llegado a la puerta de su casa, sino a la puerta de un hospital”. Díaz Marín acusó al Partido Popular de votar “por quitar protección, por castigar y no cuidar”, y de haber votado “en contra del decreto antidesahucios, votando en contra de la actualización de las pensiones o de la rebaja de 20 céntimos de gasoil”.

La tasa de alcoholemia se reduce por un solo voto

El Congreso aprobó con 171 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones —de 346 votos emitidos, por un margen de tres votos— la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción.

La portavoz del PSOE defendió la reducción de la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores a 0,2 gramos por litro, o 0,10 miligramos en aire expirado. Según afirmó, uno de cada tres fallecidos en carretera presentaba alcohol en sangre, y este verano se han perdido 240 vidas en las carreteras, 31 de ellas de jóvenes entre 15 y 24 años. La portavoz rechazó que la iniciativa tuviera un “afán recaudatorio”, indicando que “el mayor éxito sería no recaudar ni un solo euro” con esta modificación. Recordó que en marzo la votación de esta iniciativa “se perdió por un solo voto” y pidió a los diputados “un voto de responsabilidad desde la conciencia, desde la humanidad”.

Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la diputada Mònica Sales Madrana Zimir afirmó que los grandes avances sociales “no siempre comienzan en el BOE” y que la sociedad ya ha realizado un “cambio cultural” sobre el alcohol y la conducción. Indicó que su grupo compartía el objetivo de la proposición y que ya habían apoyado la reducción en la anterior tramitación, aunque señaló que durante la tramitación habría que corregir algunas cuestiones, especialmente que conductores más sensibles como los noveles o los profesionales no acabasen perdiendo menos puntos con la misma conducta.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, la diputada Maria Granollers Conillera afirmó que su grupo estaba a favor del “0 a 0”, es decir, de que no hubiera tasa permitida: “si bebes, no conduces”. Según expuso, el debate no es si se puede celebrar o tomar una copa, sino qué se hace cuando después se ha de conducir, y criticó que el PSOE no tuviera “la valentía” de establecer esa tasa cero. Preguntó si la medida no se podría haber hecho “vía reglamentaria”.

La diputada de Sumar, Estrella Vergara Román, mostró unas llaves como símbolo del “derecho a llegar a casa”. Según afirmó, más del 33% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tráfico presentaban alcohol en sangre, e incluso consumos relativamente bajos incrementan el riesgo de accidente grave o mortal. Conectó la propuesta con las recomendaciones de la estrategia “Visión Cero” y subrayó que la medida, aunque necesaria, no es suficiente: pidió más prevención, educación vial, infraestructuras seguras, protección de peatones y ciclistas, transporte público y movilidad activa.

El diputado de Vox, José María Alcaraz Martos, calificó al Gobierno socialista de “más trilero, autoritario y manipulador de nuestra historia reciente” y afirmó que si al PSOE “de verdad le hubieran importado las víctimas de accidentes”, habría traído un proyecto de ley en lugar de una proposición. Según citó, los informes de toxicología indican que los accidentes por alcohol se producen con “tasas elevadas, no por quien toma una cerveza”, y que la mayoría viene asociada también a consumo de droga. Aportó la cifra de que el 38,5% de los conductores sometidos a análisis de droga dan positivo, frente al 1,8% en alcohol, y criticó que la DGT hiciera 7 millones de pruebas para alcohol el año pasado y solo 6 millones este año.

Una portavoz del Partido Popular criticó que el Gobierno no haya incorporado al Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto y presentado cinco días antes por el Director General de Tráfico, la reducción de las tasas de alcoholemia en su artículo 20, y acusó al Ejecutivo de preferir utilizar al Grupo Parlamentario Socialista para registrar una proposición de ley que no quiso asumir como proyecto de ley. Según la portavoz popular, la inmensa mayoría de los accidentes trágicos en las carreteras no los provoca el ciudadano que cumple la norma, sino quienes multiplican por dos, por tres o por cuatro el límite legal. Añadió que la tasa general vigente en España es de 0,5 gramos por litro de sangre o 0,25 miligramos por aire expirado, la misma que Francia, Portugal, Italia y Alemania, e incluso superior a la de Inglaterra y Gales, donde es de 0,8. Cuestionó si se está poniendo el foco donde se debe, y sobre la propuesta de reducir la tasa general de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre, exigió que esa cifra venga acompañada de una justificación técnica sólida y transparente, preguntándose por qué 0,2 y no 0,15, 0,10, 0,25 o 0,30. El PP anunció que ese mismo día habían registrado una batería de solicitudes de comparecencia al respecto, citando al Instituto Nacional de Toxicología, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Fiscalía General del Estado y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Proposición no de ley del PP sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo

La señora Sánchez Torregrosa, del Partido Popular, presentó una proposición no de ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España. Afirmó que hablar ese día del Pacto era hablar de España y de la realidad que vivía Ceuta, que calificó de situación extraordinariamente grave, “un ataque a la integridad territorial de España” que ha sumido a la ciudad autónoma en el caos por la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez. Recordó que el Pacto fue aprobado en mayo de 2024 y que tras más de diez años de debate los 27 Estados miembros se dotaron de reglas comunes para ordenar la inmigración. Destacó el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, señalando que España como frontera sur de Europa necesita de Europa, y citó como ejemplo una resolución del Parlamento Europeo de hacía un par de semanas que define lo que vive Ceuta como una “invasión”, un “acto de guerra híbrida de Marruecos contra España y, por tanto, contra la Unión Europea”. Indicó que este compromiso es fruto del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que el Partido Popular Europeo ha liderado hasta el punto de contribuir a poner fin a años de bloqueo. Mostró una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular con fecha 22 de septiembre en la que, según dijo, el Ejecutivo confirma que tiene todo a medio hacer: triajes, infraestructura, refuerzo de agentes en frontera, nuevos procedimientos de asilo y retorno. Añadió que tampoco están aprovechando los nueve reglamentos del pacto de aplicación directa desde el 12 de junio, de obligado cumplimiento. Acusó al Gobierno de una política de “bandazo”, unos días presumiendo del pacto y votando que sí, otros reniegando de él y votando en contra. Señaló que el Gobierno de España es el único de los 27 Estados miembros que ha votado en contra del reglamento de retorno. Dirigiéndose a los señorías del PSOE, les dijo que han abandonado a 83.000 españoles, que tenían recursos, avisos e instrumentos legales pero no han hecho nada, lo que calificó de “dejación de funciones”. Comparó que cuando sí quieren ponen recursos: 657 personas en los consulados para las nacionalizaciones “a la carta” de la ley de nietos, otras 550 para la regularización extraordinaria, además de habilitar 450 oficinas con horas extras y pluses de productividad, mientras que en Ceuta han puesto “solamente 25 agentes de refuerzo y 20 ordenadores”.

El diputado de Junts per Catalunya, Josep Maria Cervera Pinar, afirmó que el Pacte Europeu sobre Migració i Asil ya es una realidad y que el debate ya no es solo qué dice Europa, sino cómo se aplica correctamente y con qué recursos, y para Junts también quién dispone de las herramientas para hacerlo. Sin embargo, criticó que la PNL del PP tiene una “mancanza importante” porque, aunque habla de colaboración con las comunidades autónomas, lo hace desde la concepción de que la política migratoria “se decide a Madrid y punto”, un modelo que, según dijo, en Cataluña se ha demostrado que no sirve. Argumentó que si Cataluña es responsable de la acogida, la integración, los servicios sociales, la educación, la sanidad, la protección de menores y la seguridad ciudadana, es evidente que necesita disponer de todas las herramientas para intervenir de manera integral en la política migratoria. Recordó que en septiembre de 2025 el PP, “con la inestimable ayuda de los jacobins de Podemos”, negó a Cataluña las competencias en inmigración. Su propuesta des de Junts es que en Cataluña la autoridad competente prevista en el pacto europeo sea la Generalitat.

El diputado de Vox, José María Flores Uguerías, comenzó refiriéndose a los sucesos acaecidos en Ceuta el 30 y 31 de julio, denunciando la torpeza del gobierno Sánchez para hacer frente a la creciente presión migratoria. Dijo que no es una propuesta oportunista porque lleva fecha del 14 de julio, dos semanas antes de la “invasión migratoria”, pero tampoco la consideró oportuna porque “llega tarde, muy tarde, y se queda corta, muy corta”. Llega tarde porque su objeto es poner en valor el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que quedó obsoleto apenas tres semanas después de su adopción, desde la votación en el Consejo Europeo del 14 de mayo hasta las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Y se queda corta porque en el momento actual no es suficiente con condenar la “cada vez más obvia connivencia del gobierno Sánchez con las mafias”, ni siquiera con exigir la inmediata y total aplicación de las reformas que recoge el pacto europeo. Consideró que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez este mismo año ha “torpedeado todos los consensos posibles y ha convertido en papel mojado el contenido de este pacto”. Preguntó qué otra cosa cabe decir de una iniciativa que preveía regularizar 30.000 inmigrantes por año en toda Europa cuando un solo país, el nuestro, “ha cubierto ya el cupo de toda la Unión Europea para los próximos 17 años”.

Un diputado de Euskal Herria Bildu indicó que su grupo se había mostrado contrario en los debates del Parlamento Europeo porque, según afirmó, el pacto priorizaba el control de fronteras, la disuasión y el retorno en detrimento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Cuestionó al Gobierno por no facilitar el traslado a la península de prácticamente 2.500 menores en Ceuta pese a que, según dijo, puede haber más de 12.000 personas migrantes en la ciudad. No obstante, calificó el punto 6 sobre el reglamento de retorno de “especialmente dañino” por el concepto de “tercer país seguro”, que consideró peligroso porque priva de derechos y dificulta la acogida o solicitud de asilo.

El diputado de ERC, Álvaro Vidal, afirmó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo era “un proyecto de la derecha y de la extrema derecha que ustedes, señores socialistas, han acabado comprando”. Desde su grupo, dijo, estaban en contra porque el pacto “traece el esperito fundacional de la Unión Europea”. Calificó el debate entre PP y PSOE de “falso” y “entre lo malo y lo peor”. Finalmente, afirmó que era “bastante vergonyós” que el Gobierno progresista tolerara “les pallisses de militars espanyols emigrants a la ciutat de Ceuta”, calificándolo de “inacceptable per una societat democràtica”.

El diputado de Sumar, Santiago Romero, afirmó que el Partido Popular “le entra las prisas cuando se trata de restringir derechos” en lo relativo al reglamento de retorno del PEMA, que calificó de “modelo Guantánamo” por el traslado de personas perseguidas a centros de internamiento fuera de la Unión Europea. Recordó que el 70% de los desahucios en España afectan a extranjeros, según dijo, y que el PEMA regula unos mínimos de garantías que no impide que la legislación nacional los mejore. España, añadió, votó en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, crea centros de detención fuera de la UE donde no se aplican las leyes europeas, y permite la privación de libertad de hasta 24 meses con prórrogas indefinidas, lo que calificó de “vergüenza” que fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026.

El diputado del PSOE, Diuf Diol, acusó al Partido Popular y a Vox de que su estrategia había conseguido que “el odio, al igual que el gas pimienta, termine intoxicando a toda la sociedad”. Instó al PP y a Vox a “dejarse de circo, asumir la gestión y respetar la dignidad de las personas”. Afirmó que la reforma para la aplicación del PEMA ya se había aprobado o tramitado en las Cortes, y que solo en 2025 se cerraron más de 160.000 expedientes, “la cifra