El Senado aprueba el reconocimiento de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones tras ocho años de tramitación

El Pleno del Senado ha debatido este martes la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria y reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria. La sesión ha comenzado con el turno a favor del senador del Grupo Popular, quien ha asegurado que su grupo impuso el debate al no presentarse enmiendas, lo que habría supuesto la aprobación automática del texto. El senador popular ha acusado al ministro del Interior de tratar al colectivo con “irresponsabilidad y dejadez que roza lo criminal”, ha señalado que las agresiones a funcionarios se han multiplicado por tres en cinco años —pasando de 276 en 2020 a 529 en 2025— y ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque ha lamentado que la reforma no extienda el reconocimiento al personal laboral. El senador de Vox ha calificado el texto de “paso necesario, pero insuficiente” y también ha anunciado voto favorable, mientras que la senadora del Grupo Socialista ha defendido que la norma beneficia a unos 25.000 profesionales y ha acusado al PP de “oportunismo trilero”. Los portavoces del Grupo Nacionalista Vasco, de Junts y de Izquierdas por la Independencia han intervenido asimismo, con los dos primeros anunciando voto a favor y el último calificando la ley de “parche corporativista”.

En la misma sesión, el Pleno ha rechazado por primera vez en democracia la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2024. El senador del Grupo Popular ha defendido el dictamen de rechazo aludiendo a 24 salvedades del Tribunal de Cuentas, entre ellas una sobrevaloración del resultado presupuestario en 4.090 millones de euros, pagos pendientes de justificación por 1.627 millones, una sobrevaloración de deudores en más de 11.260 millones y una infravaloración de deudores de la Seguridad Social en 2.643 millones. Ha señalado que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social ascendía a 106.138,7 millones de euros y que la deuda del Estado alcanzaba los 1,46 billones. El senador de Vox ha respaldado el rechazo y ha calificado las cuentas de poco rigurosas, mientras que el senador del Grupo Socialista ha replicado que lo que se devuelve es el informe, no las cuentas, y ha defendido que la declaración del Tribunal de Cuentas contiene una opinión favorable con salvedades, como ha ocurrido en otras legislaturas. La senadora de Junts ha destacado la relevancia institucional de la prórroga presupuestaria y sus efectos territoriales, y la senadora del PP ha calificado el rechazo de “hito histórico”.

El Pleno del Senado ha debatido la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria y reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria. La sesión ha comenzado con la intervención del senador del Grupo Popular José Antonio Hernando García, quien ha ejercido el turno a favor de la iniciativa. Hernando García ha afirmado que el debate ha sido impuesto por su grupo, ya que al no haberse presentado enmiendas al texto remitido por el Congreso se disponía de la aprobación automática y sin debate, algo que, según ha dicho, le habría gustado al PSOE.

El senador popular ha dado la bienvenida a representantes de los colectivos de funcionarios de prisiones Acaip, CESIP y Tú Abandono Me Puede Matar, y ha asegurado que el turno a favor es para ellos y sus demandas, no para el Partido Socialista ni para el Gobierno de Pedro Sánchez ni del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado de tratar al colectivo con “irresponsabilidad y dejadez que roza lo criminal”. Hernando García ha señalado que el periplo parlamentario de esta reforma alcanza ocho años de duración, y que será el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria el que declare la condición de agente de la autoridad. Ha indicado que en 2020 se produjeron 276 agresiones y que en 2025 han sido 529, “una cada 16 horas”, multiplicándose por tres en cinco años, incremento que ha achacado a la gestión del Gobierno de Sánchez.

El senador del PP ha lamentado que la reforma no extienda el reconocimiento a todo el personal penitenciario, como los empleados laborales, y ha mencionado el caso de Nuria López, asesinada en el centro de Enric de Tarragona, que no era funcionaria sino personal laboral. Ha criticado que no se haya extendido la presunción de veracidad al ámbito judicial. Hernando García ha repasado la historia parlamentaria de la iniciativa: en abril de 2018, con el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP presentó una proposición que tomó en consideración el 19 de junio de ese año pero caducó por inacción del nuevo Gobierno; en 2020, el PP reprodujo la misma proposición, que “murió por inanición parlamentaria”; ese mismo año el PSOE presentó una proposición equivalente que fue aprobada en marzo de 2022 pero “se quedó ahí”; el 21 de marzo de 2024, dos semanas después del asesinato de Nuria López, el PP presentó proposiciones en Congreso y Senado que, según ha dicho, suman 146 prórrogas entre ambas (62 y 84); y en 2024, un mes después, llegó la proposición del PSOE que ahora se debate. Ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de “puro filibusterismo parlamentario” y ha criticado al ministro Marlaska por el incidente de Villena, donde tres funcionarios fueron suspendidos y luego absueltos, y por el desalojo con antidisturbios de funcionarios que se limitaban a reclamar negociar. Ha formulado dos preguntas retóricas sobre si al Gobierno importan más los funcionarios de prisiones o los socios de Bildu, y si Marlaska se ha dado más prisa en proteger a los funcionarios o en facilitar la excarcelación de etarras. Ha concluido anunciando que el PP votará a favor de la proposición.

A continuación ha intervenido el senador del Grupo Mixto por Vox, Ángel Alonso, quien ha afirmado que el texto reconoce a los funcionarios de prisiones “lo que siempre debieron ser, agentes de la autoridad”, y ha destacado que Vox lleva años reclamándolo. Alonso ha mencionado a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante 532 días y presidente de honor de Vox. Ha considerado que el texto es “un paso necesario, pero insuficiente”, y ha criticado que las plantillas sigan infradimensionadas, que haya desigualdad retributiva entre comunidades autónomas, que no se reconozca la profesión como de riesgo, que la sanidad penitenciaria esté abandonada y que se reduzca el aislamiento de internos violentos. Ha acusado al Gobierno de haber mirado para otro lado y al PSOE de haber “denigrado” a los funcionarios, y también ha criticado al PP por haber acumulado “retrasos y prórrogas interminables cuando tuvo capacidad de desbloquearlo”. Ha anunciado el voto favorable de Vox.

Posteriormente ha tomado la palabra el senador del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, quien ha expresado el apoyo de su grupo a la reforma por compromiso con los profesionales, a los que ha recordado como colectivo amenazado por ETA. Ha criticado que hoy haya más asesinos de ETA en la calle “gracias a las cesiones del ministro Marlaska y de este Gobierno, sin necesidad de exigirles el arrepentimiento o la reparación necesaria”.

La senadora del Grupo Socialista Eva María Delgado ha sido la siguiente en intervenir. Ha comenzado criticando que no se haya guardado un minuto de silencio por tres mujeres asesinadas en violencia de género en fechas recientes, ni ayer ni hoy. Ha replicado a Hernando García que “la ley la había presentado el Partido Socialista y no el Partido Popular”, y ha acusado al PP de “oportunismo trilero” con el único objetivo de criticar al Gobierno progresista, retrasando la entrada en vigor de la ley. Ha explicado que en España hay unos 25.000 profesionales de prisiones y que la norma les dice “con rango de ley” que su trabajo es autoridad. Ha detallado las mejoras: reconocimiento como agentes de la autoridad, principio de indemnidad con resarcimiento económico por la Administración cuando el agresor sea insolvente, relevancia probatoria con la palabra del funcionario como punto de partida en procedimientos disciplinarios, separación del resto de internos si el funcionario se ve implicado en un procedimiento penal, extensión del reconocimiento penal al personal laboral, y formación específica. Ha recordado que el PP gobernó siete años, cuatro con mayoría absoluta, sin reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, y que en 2012 el Gobierno de Rajoy dejó la tasa de reposición en cero. Ha contrastado esto con las 8.700 plazas de empleo público en siete años del Gobierno progresista, tasas de reposición del 110% y 120%, un acuerdo con sindicatos que ha subido de media un 10% las retribuciones y más de un 20% en el complemento específico, y más de 300 millones de euros en infraestructuras. Ha acusado al PP de venir al Senado a “descargar su frustración por haber perdido unas elecciones democráticas hace tres años”.

El presidente de la sesión ha respondido a Delgado sobre la omisión del minuto de silencio, reconociendo que ha sido “una omisión involuntaria” y solicitando disculpas, con el compromiso de que las menciones debidas se produzcan en el Pleno de la semana siguiente.

La senadora del Grupo Nacionalista Vasco, Idoia Aedo, ha intervenido en euskera y castellano, afirmando que la ley es “totalmente necesaria” pero cuestionando si era necesario el debate al no haber enmiendas, ya que sin este “paripé” la ley “estaría ya en el Boletín Oficial del Estado”. Ha considerado que la conflictividad en los centros no se reducirá directamente por la ley, que depende de condiciones de vida, habitabilidad, dimensión de plantillas, medios materiales, protocolos y el problema de salud mental y patología dual. Ha destacado mejoras como la identificación con número profesional, el valor probatorio de las manifestaciones sin preferencia probatoria ni vulneración de la presunción de inocencia, la separación en caso de detención o traslados, el principio de indemnidad, y la formación específica. Ha anunciado el voto favorable.

El senador del Grupo Plural por Junts, Josep Lluís Bagué, ha saludado a los representantes de los funcionarios de prisiones, ha calificado de “claramente excesivo” el retraso de ocho años y las 146 prórrogas, y ha mencionado un posicionamiento del Tribunal Constitucional contra el abuso de esta figura. Ha recordado que Junts ya votó a favor el 18 de junio de 2024 en el Congreso, y ha tenido un recuerdo para Nuria López. Ha destacado que desde 1984, hace 42 años, la Generalitat de Cataluña asumió el traspaso de prisiones, configurando un modelo propio gestionado desde Justicia y no desde Interior, con los principios de rehabilitación y reinserción en el “frontispicio”. Ha anunciado el voto a favor.

Finalmente, el senador de Izquierdas por la Independencia, Carles Mulet, ha calificado la ley de “insatisfactoria, salvo alguna cosa”, considerándola un “parche de carácter corporativista” que no mejora la función penitenciaria. Ha argumentado que la protección del funcionario ya la daban los artículos 24 y 550 del Código Penal, que la figura de agente de la autoridad no está definida en ningún sitio salvo en el Código Penal de la dictadura de Primo de Rivera, y que los funcionarios de prisiones ya eran funcionarios desde 1979. Ha criticado la presunción de veracidad de los atestados cuando el funcionario ha participado en el conflicto, por vulnerar la presunción de inocencia. No obstante, ha considerado acertados el apartado quinto (responsabilidad de la Administración por daños) y el apartado sexto (separación carcelaria) del renovado artículo 80.

El senador Queralt intervino en el Pleno para criticar que los informes de los funcionarios de prisiones tengan presunción de veracidad, calificándolo de “aberración” y de contrario a un derecho fundamental. Según sus palabras, citó una máxima del Tribunal Constitucional según la cual “el derecho no se para a la entrada de las cárceles”, y recordó que el preso pierde los derechos determinados en la sentencia, pero no la presunción de inocencia. Queralt afirmó que quienes participaron en un incidente o fueron víctimas de él no deberían poder redactar informes con tal presunción, y consideró que ocho años de reflexión no han servido de mucho a quienes, según dijo, “han estado en el rincón de pensar y no pensar, pensar en las musarañas”.

El senador Franco, del Grupo Socialista, tomó la palabra para defender la labor de los funcionarios de prisiones, a quienes calificó como “los protagonistas hoy”. Franco acusó al Partido Popular de utilizar el debate para “atacar al Gobierno de España” y concretamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según el senador socialista, la ley que se debatía era “necesaria y, sobre todo, muy justa”, suponía un avance “absolutamente imprescindible” y había sido promovida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Franco criticó al PP por su “poco sentido de Estado”, citando como ejemplo el no apoyo al acuerdo de amistad con Francia, y afirmó que los gobiernos de Francia habían contribuido “de forma decisiva a que ETA ya no exista”. El senador socialista apostó por la colaboración entre grupos parlamentarios para aprobar leyes que beneficien al conjunto de los españoles.

La senadora Cotelo, del Grupo Popular, intervino a continuación para rebatir que su partido hubiera retrasado la ley de funcionarios de prisiones. Según Cotelo, quien retrasó la ley fue “el Partido Socialista y el Gobierno de España”, con “146 prórrogas” en el Senado mediante el “congelador de la señora Armengol”. La senadora del PP explicó que su grupo lo que hizo fue posponer el debate una semana para que se produjera en sede parlamentaria. Cotelo detalló una cronología de iniciativas del Grupo Parlamentario Popular: en septiembre de 2019, la Proposición de Ley Orgánica 122/52; el 3 de septiembre de 2020, la 122/80; entre 2021 y 2022, nuevas proposiciones y mociones en Congreso y Senado; el 21 de marzo de 2024, la 622/34 en el Senado, defendida por la senadora Mar Blanco y Fernando Martínez Maillo el 24 de abril de 2024; y el 24 de febrero de 2026, una moción en la Comisión de Interior del Senado. La senadora afirmó que los funcionarios de prisiones “sufren una agresión cada 16 horas” y recordó el “irreparable y lamentable asesinato de una trabajadora en una prisión de Tarragona”. Cotelo indicó que la reforma reconoce a más de 30.000 trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, refuerza su protección jurídica y mejora la protección frente a las agresiones. La senadora popular citó al Tribunal Constitucional, que según dijo, en un recurso de amparo interpuesto por el PP, estableció que “la utilización reiterada de estas ampliaciones exige una motivación suficiente cuando puede afectar al derecho de los parlamentarios en el ejercicio de la función representativa”. Cotelo añadió que el “congelador de la señora Armengol” tiene parados 44 proyectos de ley que vienen del Senado.

Rechazo en frontera: el PP pide reformar la ley de extranjería tras la crisis de Ceuta

La senadora García, portavoz del Grupo Popular, defendió la toma en consideración de una proposición de ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en relación al rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. García afirmó que ese día, 30 de septiembre, se cumplían dos meses de la “invasión de Ceuta”, con “más de 60 días de miedo para los ceutíes” y “un centenar de personas” muertas en la frontera. La senadora popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber reconocido en su visita del 31 de julio que se había sufrido “un ataque, una violación a la integridad territorial” para luego “olvidarse”. Según García, el 8 de julio se publicó la sentencia del Tribunal Supremo, el 10 de julio el PP ya había analizado la ley, y el 16 de julio registraron la proposición en el Congreso, “dos semanas antes de la invasión”. La senadora añadió que el 29 de julio el CNI avisó de “un llamamiento a un asalto por valla y por mar”. García mencionó que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaraba ese mismo día como testigo ante la Audiencia Nacional, y que el PP había registrado “una nueva comisión de investigación”. La portavoz popular leyó literalmente el punto 1 de su proposición: “Los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Los puntos 2 y 3 establecen, respectivamente, que el rechazo se hará respetando la normativa internacional de derechos humanos y el derecho de la Unión Europea, y que la protección internacional se pedirá en los pasos fronterizos habilitados. García concluyó pidiendo el voto a favor de la proposición.

La senadora Sánchez Roca, del Grupo Socialista, intervino en contra de la proposición del PP. Según la senadora socialista, su grupo consideraba que el marco normativo actual de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España “resulta suficiente y también resulta eficaz”, contando con el aval del Tribunal Constitucional, la interpretación favorable del Tribunal Supremo y el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sánchez Roca acusó al PP de buscar con su propuesta que “se pueda pensar que si se producen entradas irregulares la devolución va a ser inmediata”, cuando según la senadora “eso no es así” porque hay un procedimiento que cumplir. La senadora socialista recordó que la Audiencia Provincial de Cádiz condenó hace un año a dos responsables políticos por una devolución sin respetar las garantías y procedimientos legales. Sánchez Roca afirmó que la sentencia del Supremo habla de elementos de contención fronterizos “pero no lo hace con exclusividad de los terrestres”, por lo que “nada impide que, si se establecen elementos de contención en el mar, la ley sea de aplicación tal y como está”. La senadora acusó al PP de “simplonar” la propuesta para un problema complejo, y de tener “absentismo” en las comisiones de investigación. Según Sánchez Roca, “España es el país del sur de la Unión Europea en la que menos entradas irregulares se han producido entre 2021 y 2026, según Frontex”.

La senadora Pastor, del Grupo Mixto, intervino para afirmar que “63 días lleva Ceuta invadida” y que la reforma no sería necesaria con “una legislación migratoria y una política de fronteras contundente”. Pastor defendió que “quien intente entrar ilegalmente en España tiene que ser devuelto de inmediato a su país”, y que “tanto la frontera terrestre como la frontera marítima forman parte de la integridad territorial”. La senadora citó la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, que según dijo dejó en evidencia que el régimen especial de rechazo en fronteras está vinculado a la superación de elementos de contención fronterizos. Pastor afirmó que Vox “lleva años denunciando la situación de nuestra frontera”, y que “100.000 marroquíes entraron en Ceuta”, preguntándose “¿qué guerra hay en Marruecos?”. La senadora leyó la recomendación oficial del ministerio actualizada en julio de 2026, que según dijo afirma que “Marruecos es un país seguro para el viajero” y que no identifica “ninguna” zona de riesgo. Pastor denunció que “niñas que no pueden ir al colegio, las mujeres que tienen que salir en grupo”, y pidió que se “rompan todos los tratados con Marruecos mientras sigan reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla”.

La senadora Aedo, del Grupo Nacionalista Vasco, explicó que la disposición adicional décima de la ley de extranjería establece que los extranjeros detectados en la línea fronteriza mientras intentan superar elementos de contención para cruzar irregularmente podrán ser rechazados. Aedo señaló que el Tribunal Supremo, en sentencia del 8 de julio, determinó que no se puede rechazar a los interceptados en el mar si no superan elementos de contención, y que seis meses después se produjo la entrada masiva en Ceuta, aunque según la senadora “la mayoría, la inmensa mayoría de los que entraron, entraron a pie”. Aedo indicó que la propuesta del PP elimina el requisito de superar elementos de contención, lo que a su juicio introduce “un poco difuso” el concepto de “intento de entrada irregular” y podría llevar a “la discrecionalidad e incluso al abuso”. La senadora vasca consideró que la propuesta del PP genera “inseguridad jurídica” y que “legislar en caliente, legislar a base de titular o para conseguir un titular no va con nuestro estilo para nada”. Aedo afirmó que su grupo ya había manifestado que el Gobierno “llegó tarde” y “no calibró la gravedad de la situación”, pero criticó el “pim-pam-pum” del PP y su “utilización de la desgracia tanto de los ceutíes como de los migrantes”. El Grupo Nacionalista Vasco rechazó la propuesta.

Un senador de Junts per Catalunya intervino para indicar que estaban ante “otro pim-pam-pum entre Gobierno y Grupo Parlamentario Popular”, y que desde su formación no querían participar de esta dinámica. El senador de Junts mencionó la sentencia 814/2026 de junio del Tribunal Supremo, y señaló que la iniciativa del PP pretendía modificar tres aspectos: ampliar la frontera marítima más allá de la física terrestre, impedir el rechazo a normativa internacional de derechos humanos, y plantear la solicitud de asilo en lugares específicos habilitados. El senador consideró que el punto sobre normativa internacional era “delicado” porque si quedaba “en genérico, es peligroso de que sí se produzca alguna contradicción con el derecho internacional”. Según el senador de Junts, su grupo tenía “tradición humanista” y no podía compartir “posturas populistas y extremistas”, por lo que rechazaban la propuesta. El senador también criticó que el PP anunciara “otra comisión de investigación”, advirtiendo que a ese ritmo se iban a “colapsar” los grupos pequeños, y rechazó el modelo migratorio por su aspecto de “recentralizar”.

El senador de Junts per Catalunya Josep Lluís Cleries intervino en primer lugar para explicar el voto en contra de su grupo a una proposición de ley orgánica sobre extranjería. Cleries solicitó que la competencia en extranjería recaiga en el Gobierno de la Generalitat, por proximidad y conocimiento, y citó como ejemplo posible el empleo acordado en origen. Aseguró que en Cataluña se ha triplicado la media de acogida a menores no acompañados, a diferencia de otras comunidades que, según afirmó, “no han acogido a nadie, a ni uno”. Cleries criticó que la modificación legal del Estatuto de Extranjería no prevé cómo gestionar las medidas de los menores no acompañados ni cómo financiar a los territorios que los acogen, y reclamó transparencia sobre la previsión de crisis migratorias. Por estos motivos, anunció que Junts votaría en contra.

A continuación, el senador del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Gil Invernón tomó la palabra. Gil Invernón calificó de “despropósito” la iniciativa del PP y afirmó que se trataba de “una enmienda del PP para el PP, para enmendar algo que hizo el PP”. Recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy estableció la disposición adicional décima de la Ley 4/2011, de 28 de enero, que introdujo elementos de contención fronteriza, y que ahora el PP proponía quitar. Según Gil Invernón, aprobar esta reforma generaría “inseguridad jurídica” y “desprotección”, pues la estructura de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) está consolidada por la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acusó al PP de seguir un “manual de gestión de los conflictos” que incluía generar alarma social, confrontación institucional y frustración social, con el objetivo final de convocar elecciones. Mostró un titular de prensa sobre una persona que se echó al agua con sus hijos por no poder darles de comer y preguntó si esa gente quería “invadir España”. Gil Invernón criticó que el PP no hubiera consultado a otros grupos y acusó a la portavoz del PP de haber dicho en rueda de prensa que la iniciativa servía para “arretratarse”. Afirmó que “la extrema derecha ya no es Vox en España”, sino el PP, y citó que días después de una crisis migratoria en Ceuta apareció el senador Juan Bravo acompañado de Vito Quiles. Llamó al PP a hacer “política de Estado” o convertirse en “un partido antisistema”. Mencionó que el PP planteaba otra comisión de investigación de Ceuta, pero señaló que ante el problema de la DANA solo había estado presente cuatro de sus 17 senadores. Acusó al PP de utilizar las comisiones de investigación “con muy poca vergüenza” y de hacer una “malversación” del Parlamento. Finalizó diciendo que el problema de Ceuta se resuelve con “realidad, sensibilidad, respeto y humanidad”.

Intervino después una senadora del PP, que comenzó respondiendo a quienes se oponían a la reforma. Afirmó que la interlocutora anterior tenía “poca vergüenza política” y “muy poco conocimiento”, y le recordó que el Gobierno es responsable de la ley de costas, la frontera y la seguridad. Criticó que el Gobierno hubiera anunciado ampliar el espigón en 15 metros. Sostuvo que si la frontera fuera segura no habrían entrado 80.000 personas en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados, y pidió no utilizar a Ceuta para hacer política. Relató que en Ceuta y Melilla se llevan dos meses con consecuencias “gravísimas”, y mencionó el caso de una joven de 17 años violada en la playa del Trampolín el pasado sábado. Advirtió que la próxima “invasión” podría ser peor y desbordar la ciudad. Recordó que el PP registró esta reforma el 16 de julio, ocho días después de conocerse la interpretación del Tribunal Supremo y 14 antes de la “invasión”, que calificó de advertencia desoída por el Gobierno. Indicó que los intentos de entrada nadando se habían incrementado hasta 200 diarios, según informes de Guardia Civil, Policía y el propio PP. El 30 y 31 de julio, según dijo, entraron 80.000 personas en 24 horas en una ciudad de 83.000 habitantes, con 141 muertos, cifra que elevó a 149 tras encontrarse ocho cadáveres más. Describió una ciudad en tensión, con agentes al límite, comercios con pérdidas y familias preocupadas. Afirmó que los ceutíes habían perdido seguridad, tranquilidad y libertad. Exigió igualdad para Ceuta y Melilla, y criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizara la interpretación de la sentencia para explicar las entradas masivas, sin actuar para cerrar la brecha legal. Acusó al Gobierno de utilizar la sentencia para “justificar su fracaso y esculpar a Marruecos”, socio que calificó de no fiable. Aseguró que el cambio que España necesita “ha empezado en Ceuta” y que “echaremos con los votos de los españoles al sanchismo de este Gobierno”. Explicó que la reforma busca cambiar la ley que el Supremo interpretó para que los agentes puedan aplicar el rechazo en la valla y en el mar, con pleno respeto a los derechos humanos y al derecho de la Unión Europea, pero sin que las garantías sean “una puerta de entrada ni concedan un derecho automático a entrar o permanecer en España”. Citó que la abogacía del Estado defendió ante el Supremo que el rechazo debía aplicarse con independencia de obstáculos físicos y que la frontera marítima existe jurídicamente. Recordó que Ursula von der Leyen calificó de “inaceptable” las imágenes de Ceuta y pidió retornos rápidos, y que el Pacto Europeo estaba en vigor desde junio. Señaló que el Código de Fronteras Schengen exige prevenir y disuadir cruces no autorizados, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha prohibido de manera absoluta el rechazo inmediato cuando existan vías legales y garantías, siendo Marruecos un país catalogado como seguro por Europa. Mencionó que el 16 de septiembre un diputado socialista reconoció en el Congreso que el vacío legal solo se cierra reformando la ley. Concluyó pidiendo el apoyo a la reforma, citando las palabras del Rey sobre la “violación de una frontera europea” y afirmando que “en Ceuta y en Melilla empieza Europa”.

El presidente de la sesión informó de que el plazo para el voto electrónico remoto se abriría tras el último punto del orden del día, y que la votación presencial tendría lugar una vez finalizado dicho plazo.

Vivienda protegida: el PSOE defiende su plan frente al “oportunismo” del PP

A continuación se abordó una moción en defensa de la vivienda protegida frente a su mercantilización y uso especulativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se habían presentado siete enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, una del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Plural.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Eva María Marco tomó la palabra. Marco partió del caso de María Carmen, una anciana de 87 años con discapacidad en la mitad de su cuerpo, desahuciada tras 70 años en su hogar por un fondo buitre que le subió el alquiler un 250%. Vinculó el caso con el artículo 1 de la Constitución, sobre el Estado social y democrático de derecho, y el artículo 47, sobre el derecho a una vivienda digna. Criticó que 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP con competencias en vivienda hubieran “boicoteado sistemáticamente la ley estatal de vivienda”, negándose a declarar zonas tensionadas. Citó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ironizando sobre el caso de María Carmen con la frase “me avisen a partir de qué edad dejo de pagar”, y mencionó la compra