Pleno de Madrid aprueba planes de vivienda protegida entre acusaciones por el desahucio de María Carmen

El Pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Madrid, celebrado este jueves 8 de octubre de 2026 en el Palacio de Cibeles, ha aprobado dos planes especiales de vivienda tras un intenso debate en el que la oposición ha vinculado la tramitación con el reciente desahucio y fallecimiento de una mujer de 87 años. Los puntos 3 y 4 del orden del día, relativos a la aplicación de la Ley 3/2024 de vivienda protegida y a la modificación del régimen de hospedaje en determinados ámbitos urbanísticos, han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y de Vox, y en contra del Grupo Socialista y de Más Madrid.

La sesión ha comenzado con la ratificación de la urgencia, justificada por el equipo de gobierno por la necesidad de cumplir el plazo del 15 de octubre establecido en la Ley 2/2026 de Vivienda Protegida. Según el portavoz del gobierno municipal, los planes permitirán construir 18.400 viviendas protegidas adicionales y regular el uso de hospedaje para liberar vivienda ocupada por alojamiento temporal. El concejal de Vox ha precisado que su grupo apoya ambas medidas, aunque ha advertido de la necesidad de garantizar las infraestructuras asociadas y ha aclarado que no se trata de una liberalización indiscriminada del suelo industrial.

El debate ha estado marcado por el caso de la octogenaria fallecida tras un desahucio. La portavoz del Grupo Socialista ha manifestado la “vergüenza” de su formación porque el gobierno municipal se negara a guardar un minuto de silencio, ha exigido un homenaje y ha acusado al ejecutivo de favorecer la especulación. La portavoz de Más Madrid ha señalado directamente a los propietarios del inmueble, a quienes ha calificado de “buitres”, y ha acusado al alcalde de no haber actuado para evitar el desahucio. El alcalde, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, ha criticado que el minuto de silencio durara 40 segundos y ha acusado a Más Madrid de “carroñerismo” y de utilizar el caso “de forma sectaria y partidista”, atribuyendo la responsabilidad del desahucio a la normativa del Gobierno de España.

Urgencia y constitución del Pleno

La sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se celebró el jueves 8 de octubre de 2026 a las 8:30 horas en el Salón de Sesiones del Palacio de Cibeles. El secretario del Pleno dio comienzo a la sesión 10/2026 en convocatoria extraordinaria y urgente, indicando que se trataba de una sesión presencial sin perjuicio de la aplicación del artículo 70.5 del Reglamento Orgánico del Pleno para la Conexión Telemática. El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular Ignacio José Pezuela Cabañez participó por conexión telemática a instancia propia, quedando constancia en el acta de su condición de concejal presente a todos los efectos.

Como primer punto del orden del día, el equipo de gobierno solicitó la ratificación de la urgencia. El señor Caravante, en nombre del equipo de gobierno, justificó la urgencia señalando que era necesario aprobar el plan especial en aplicación de la Ley 2/2026 de Vivienda Protegida, que requiere que el acuerdo del Pleno sea tomado con anterioridad al 15 de octubre, además de su publicación en el boletín para que surta eficacia. En la votación de urgencia, el señor Ansaldo se abstuvo, el señor Ortega se abstuvo, el Grupo Municipal Vox votó a favor, y el Grupo Socialista votó en contra.

Sustitución en el Grupo Vox

Posteriormente se procedió a la sustitución de la concejala Carla Toscano de Balbín y toma de posesión de Cristian Isac Toro Carballo. La secretaría manifestó que la Junta Electoral Central había expedido credencial de concejal a favor de Cristian Isac Toro Carballo por estar incluido en la lista de candidatos presentada por Vox a las elecciones locales de 28 de mayo de 2023, y que el interesado había presentado las declaraciones de intereses y bienes y demás documentación requerida, cumpliéndose todos los requisitos legales. Tras prestar juramento, en el que prometió cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, fue acompañado a su escaño.

Debate sobre los planes especiales urbanísticos

El presidente indicó que se continuaría con las propuestas dictaminadas por la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, señalando que los puntos 3 y 4 del orden del día serían objeto de debate conjunto y votación separada. El punto 3 era la propuesta del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para aprobar definitivamente, con estimación, estimación parcial y desestimación de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, el plan especial para la aplicación en el municipio de Madrid de la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid de iniciativa pública. El punto 4 era la propuesta del mismo área para aprobar definitivamente, con estimación parcial y desestimación de las alegaciones, el plan especial relativo a la modificación del régimen de compatibilidad del uso terciario-hospedaje en los ámbitos regulados por el grado tercero de la norma Zonal 9 y en las parcelas de uso cualificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial de iniciativa pública.

El señor Caravante, en nombre del equipo de gobierno, intervino en el debate conjunto. Según sus palabras, los dos planes especiales estaban vinculados a poner solución al principal problema que tienen los españoles, que es la vivienda. Afirmó que el primer plan especial, en aplicación de la Ley 2/2026 de Vivienda Protegida, permitiría que en Madrid se levanten 18.400 viviendas protegidas más de las que estaban previstas. El segundo plan especial regularía el hospedaje y permitiría liberar vivienda que se encontraba ocupada por la actividad de alojamiento temporal. Caravante afirmó que el problema del acceso a la vivienda en España es un problema netamente de oferta, señalando que en la década del 2000 se construyeron en España 5,4 millones de viviendas, mientras que en la década de 2010 a 2020 se construyeron 734.000 viviendas, ocho veces menos, lo que había provocado una necesidad de oferta. Aseguró que el equipo de Gobierno había desbloqueado nuevos desarrollos que, según dijo, paralizó y bloqueó la izquierda, y que en Madrid se estaba construyendo una de cada dos viviendas protegidas que se hacen en España. Caravante afirmó que hace ocho años el problema de la vivienda para los españoles era el decimosexto, y que hoy es el primero, atribuyéndolo, según sus palabras, a una “nefasta y errática ley socialista” por la que, dijo, han desaparecido del mercado 400.000 viviendas, se construyen ocho veces menos vivienda protegida en estos ocho años que en los ocho años anteriores, y ha habido 292.112 desahucios en España a lo largo del último mandato. Caravante diferenció estos dos planes especiales de los dos reales decretos aprobados por el Gobierno de la Nación, afirmando que los planes especiales ponen de acuerdo y representan una política moderada y sensata, frente a una política errática e improvisada, y que no han necesitado atajos, estufugios ni trampas parlamentarias, a diferencia del Gobierno de la Nación, que no habría sido capaz de tener la mayoría.

Intervenciones de Vox

El señor Ansaldo intervino a continuación. Según sus palabras, el Partido Popular traía las medidas de forma urgente porque se habían saltado el procedimiento correcto, porque se las había tirado un juez para atrás y se le pasaban los plazos. Ansaldo afirmó que el Partido Socialista con sus socios, después de ocho años gobernando España, no había hecho nada, y que de forma fraudulenta aprobaba con la comisión permanente dos decretos totalmente populistas donde prácticamente convertían a los propietarios en delincuentes. Según Ansaldo, no habían tenido suficiente con la desaparición de 400.000 pisos de alquiler durante sus ocho años de gobierno progresista, y sus homólogos en Barcelona habían gobernado la ciudad con nada colado y se habían cargado el 83% de la oferta de alquiler. Aseguró que en tres días de decreto se habían desaparecido 5.000 pisos de alquiler, y preguntó a la oposición si estaban en contra de aumentar el 20% de edificabilidad si es vivienda protegida, incrementar dos alturas si es vivienda protegida, aumentar un 30% la densidad residencial si es vivienda protegida, cambiar el uso de parcelas de oficinas a vivienda protegida, o aplicar estas medidas en nuevos desarrollos como Madrid Nuevo Norte o Valdebebas. Ansaldo afirmó que si votaban en contra de todo esto, lo que les importaba la vivienda era un bledo, y que lo único que querían era que hubiera gresca en la calle para tener votos las próximas elecciones.

El señor Ortega Smith Molina intervino a continuación. Según sus palabras, la izquierda llevaba ocho años gobernando en España sin haber hecho absolutamente nada para solucionar el problema de la vivienda, no habiendo sido capaces de generar más oferta, bajar la presión fiscal, desburocratizar los trámites administrativos para la construcción, liberalizar suelo para que se pueda construir, ni apostar por la rehabilitación de la vivienda. Ortega Smith afirmó que quien no genera oferta encarece la vivienda, y que el responsable de que haya mayor precio en la vivienda es aquel que imposibilita que la oferta se pueda ajustar a la demanda, una demanda que, según dijo, ha de estar limitada a los españoles. Aseguró que no hay gobierno en el mundo que pueda hacer en España todas las viviendas que necesitarían todas las personas que viven en África, Hispanoamérica o Asia, y que bastará conseguir que los españoles, especialmente los jóvenes, puedan tener una vivienda digna. Preguntó si se iba a construir para los miles que asaltan la frontera de forma violenta y descontrolada, o para los miles de españoles que quisieran al menos poder tener la oportunidad que tuvieron sus padres y sus abuelos. Ortega Smith calificó a la izquierda de “rémora”, “auténtico freno al desarrollo” y “auténtico freno a la solución de los problemas”.

El señor Martínez Vidal, en nombre del Grupo Municipal Vox, intervino con un tiempo de seis minutos. En primer lugar dio la bienvenida a la corporación al compañero Cristian Toro, señalando que había triunfado fuera de la política en su vida profesional llegando a ser campeón olímpico español, y que venía a la política con cualidades de mérito, trabajo, esfuerzo, sacrificio y saber trabajar en equipo. Martínez Vidal anunció que Vox votaría favorablemente el primer plan especial, manteniendo una posición que, dijo, habían mantenido desde el principio. Según sus palabras, Madrid tiene un problema grave de acceso a la vivienda y una de las causas fundamentales es la insuficiencia de oferta, por lo que todo lo que permita poner más vivienda en el mercado, reducir trabas y flexibilizar uso merece su apoyo. Recordó que Vox apoyó la Ley 3/2024 en la Asamblea de Madrid, aunque advirtiendo que era una medida positiva pero insuficiente. Señaló que desde el Acuerdo Municipal de octubre de 2024 se habían solicitado 26 licencias para 5.138 viviendas protegidas en régimen de alquiler sobre parcelas de oficinas. Martínez Vidal indicó que el plan especial no crea el régimen extraordinario, sino que es la propia Ley 3/2024 la que lo hace directamente, y que el plan especial se limita a modular su aplicación en Madrid, integrarla en el plan general y establecer cautelas. Destacó como especialmente razonable la cautela de no mezclar irresponsablemente vivienda con ámbitos industriales, donde esa convivencia resulta incompatible, señalando que la propia memoria explica que hacerlo podría llevar a viviendas sin las dotaciones adecuadas, deficientemente comunicadas o expuestas a molestias inherentes a determinadas actividades industriales. Aclaró que su apoyo no era un cheque en blanco, y que Vox seguiría vigilando que no se aumente vivienda sin garantizar infraestructuras, transportes, servicios y dotaciones suficientes, recordando que la propia ley prevé que determinadas ampliaciones de infraestructuras y redes puedan recaer económicamente sobre el promotor, costes que terminan afectando al coste de producir vivienda. Según Martínez Vidal, si las Administraciones quieren vivienda verdaderamente asequible, también tienen que asumir su responsabilidad en las infraestructuras necesarias. Resumió el planteamiento de Vox como “más suelo, más vivienda, menos burocracia y más seguridad jurídica”, apoyando el plan porque avanza en esa dirección, las alegaciones han permitido mejorar técnicamente determinados aspectos, y existe una justificación jurídica suficiente, pero advirtiendo que esto no puede ser el punto de llegada sino el punto de partida. Afirmó que el problema de la vivienda no se resuelve interviniendo cada vez más en el mercado, sino permitiendo construir más, reduciendo cargas y haciendo que poner una vivienda en el mercado sea cada vez más sencillo y menos costoso.

Respecto al segundo punto, Martínez Vidal anunció que Vox también lo apoyaría porque responde a un principio de sentido común, entendiendo que el planeamiento tiene que adaptarse a la realidad de Madrid y que una restricción que tuvo justificación hace 20 años no tiene por qué mantenerse indefinidamente donde las circunstancias han cambiado. Señaló que el procedimiento había tenido un trámite de alegaciones intenso, con 36 alegaciones dentro de plazo y otras tantas fuera de plazo. Recordó que el hospedaje no es un uso nuevo en estas parcelas, ya estaba admitido como uso alternativo en edificio exclusivo, y que lo que se hace ahora es ampliar las modalidades permitidas. En el grado 3 no existe uso residencial que pueda ser desplazado por el hospedaje, y las alegaciones han obligado a abordar el temor de la residencialización encubierta, constatándose que ese fenómeno afectó fundamentalmente a los grados 4 y 5 de la norma zonal 9, pero no al grado 3, por lo que se flexibiliza en unos ámbitos y se mantienen las cautelas en otros. Martínez Vidal consideró razonable liberalizar donde la restricción ha dejado de estar justificada y conservarla donde sigue existiendo el problema que motivó su creación. Señaló que no se modifica el uso cualificado, no se incrementa la edificabilidad y no se crea un nuevo uso turístico, sino que el industrial continúa siendo cualificado donde corresponde y el hospedaje ya estaba admitido, aunque restringido a hotel. Negó que se tratara de una liberalización indiscriminada del suelo industrial de Madrid, y señaló que las alegaciones no habían sido un mero trámite formal, sino que cuando tenían fundamento se había corregido el expediente, y cuando pretendían ampliar indiscriminadamente el ámbito o mantener restricciones que ya no responden a la realidad, se había rechazado. Resumió la posición de Vox como “ni movilismo ni barra libre”: libertad para desarrollar actividad económica allí donde no existe una razón objetiva para impedirla, seguridad jurídica para quien quiera invertir, y al mismo tiempo protección del verdadero suelo industrial allí donde sigue cumpliendo una función productiva.

El caso de María Carmen y la confrontación entre Más Madrid y el alcalde

La señora Maroto, en nombre del Grupo Socialista, tomó la palabra. Comenzó señalando que le avergonzaba que toda España y todo Madrid estuviera llorando a Mari Carmen y que en el Pleno se tuvieran las caras largas y se negara a hacer un minuto de silencio, por lo que su grupo municipal iba a hacer un minuto de silencio para honrar su memoria. Tras el minuto de silencio, Maroto afirmó que Mari Carmen debería haber tenido otro final, en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía, pero había muerto fuera de su hogar, despojada de su vida cotidiana y convirtiéndose en un símbolo que nunca quiso ser. Recordó sus palabras cuando la desahuciaban: “Luchad, seguid luchando por todo lo vuestro”. Maroto afirmó que Madrid le debe un homenaje al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y también un compromiso de que nadie más tenga que vivir lo que ella vivió.

En una sesión extraordinaria del Pleno municipal celebrada el 8 de octubre de 2026, la portavoz del Grupo Más Madrid, Rita Maestre, intervino en primer lugar para señalar a Ricardo Alonso y Fernando Alonso, a quienes calificó de “seres humanos buitres, codiciosos, avariciosos” y propietarios de 234 inmuebles. Maestre afirmó que querían “más, aunque supusiera pasar por encima de la vida de una mujer de 87 años”, en referencia a María Carmen, desahuciada. Maestre señaló al Gobierno municipal, al delegado de vivienda del ayuntamiento, a la concejala de distrito del Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida, y recordó que el 9 de junio, el 14 de julio y el 8 de septiembre votaron que no a mediar para buscar una solución para María Carmen. Maestre preguntó qué pensaba el delegado de vivienda “la mañana del desahucio” cuando “estaba paseándose con Ayuso”, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Maestre señaló también al Partido Popular, a quienes acusó de “llevar dos semanas riéndose de una mujer de 87 años desahuciada”, y a “la extrema derecha”. Asimismo, criticó a medios de comunicación por piezas como “El escasero de Mari Carmen y un pastelero coinciden en que era mala vecina” y “La otra vida de Mari Carmen, según sus vecinos de Retiro”, publicadas según dijo en “La Razón”, medio al que el Ayuntamiento da “200, 300, 400 mil euros cada año”. Maestre mencionó un bulo sobre una supuesta fortuna de 250.000 euros de María Carmen y citó a una abogada a la que definió como “la abogada del novio de Ayuso”, quien habría dicho “bien desahuciada está”. Maestre señaló directamente a Almeida por no haber actuado antes, afirmando que “solo actuó cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen” y que trabajó “para lavar la imagen de Urbagestión”. Maestre citó una investigación del periodista Antonio Maestre y enumeró varios inmuebles —Salamanca 4, Velázquez 50, San Bernardo 123, Magallanes 3, Magallanes 1, Montera 10, Paseo de la Castellana 53, Príncipe Vergara 109 y Francisco Silvela 112— que afirmó no pertenecer al patrimonio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid sino a “una socimi que es propiedad de la familia política del señor Almeida”. Maestre acusó al alcalde de ser “el delegado político y práctico de los fondos buitre en esta ciudad”, de votar en contra de subir impuestos a las socimis y de traer “un plan para seguir convirtiendo los edificios, las casas y los locales en un negocio lucrativo para el rentismo”. Cerró citando a María Carmen: “vamos a luchar por lo que es nuestro, con una huelga general”.

Tras la intervención de Maestre, el presidente del Pleno dio la palabra al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por seis minutos. Almeida comenzó respondiendo que el minuto de silencio por María Carmen había durado “40 segundos” y acusó a Más Madrid de utilizarla “de forma sectaria y partidista”. Almeida afirmó que “fue su normativa la que desahució a Mari Carmen” y que “antes de Mari Carmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de gobierno”. Almeida mencionó el caso de Olga, quien “se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada”, y señaló que no recordaba al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio. Almeida afirmó que “acabarán diciendo que Ayuso y Almeida son unos asesinos por Mari Carmen” y que “si hay buitres carroñeros, son ustedes”. El alcalde anunció que no darían “ni un paso atrás” y que les ganarían “en las urnas”. Almeida defendió un “plan especial que permite la construcción en los próximos dos años de 18.400 viviendas protegidas” y preguntó por qué votaban en contra del incremento de un 20% de la edificabilidad en edificios colectivos de vivienda protegida. Dirigiéndose a Maestre, Almeida afirmó que “la Rita Maestre de 2011 hubiera sacado a gorrazos de esa acampada a la Rita Maestre de 2026”, que “tiene trabajo, tiene futuro y tiene casa” y que “se ha convertido en la casta que se denunciaba en el año 2011”. Almeida afirmó que la administración que prestó ayuda social a María Carmen fue el Ayuntamiento de Madrid y que “la administración que hubiera posibilitado que Mari Carmen hubiera podido volver a su casa fue el Ayuntamiento de Madrid porque ustedes desde el gobierno de España no movieron un solo dedo”. Almeida preguntó por qué las viviendas de Sareb las gestiona BlackRock “por 50 millones de euros”, dónde están “las 184.000 viviendas que prometió Sánchez” —en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— y por qué “les dice a los jóvenes que les va a dar 50.000 euros ahora, después de ocho años de gobierno de no hacer nada”. Almeida concluyó que “el 29 de noviembre las urnas hablarán”.

Durante la intervención de Almeida, el presidente del Pleno llamó al orden por segunda vez a una concejala del Grupo Más Madrid, Marta Lois, y advirtió que si la llamaba por tercera vez le pediría que abandonara el salón de plenos.

Votación y aprobación

Finalmente, se procedió a votación de los puntos 3 y 4 del orden del día. Votaron a favor el Grupo Municipal Vox, con José Luis Ortega como portavoz, y el Grupo Popular. Votaron en contra el Grupo Socialista y el Grupo Más Madrid, con Eduardo Ansaldo como portavoz. Los puntos 3 y 4 quedaron aprobados y se levantó la sesión.