Diputación Permanente aprueba convalidar decretos sobre ayudas a víctimas de la DANA y medidas energéticas por la crisis de Oriente Medio

El Congreso ha celebrado una sesión de la Diputación Permanente en la que ha convalidado el Real Decreto-Ley 24/2026, relativo a la condonación de deudas de anticipos concedidos a víctimas de la DANA, y ha debatido la convalidación del Real Decreto-Ley 25/2026, de prórroga de medidas ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido la condonación parcial de anticipos para 2.700 personas, con un coste de 44,3 millones de euros, aplicable a quienes en 2025 tengan una renta inferior a 42.000 euros y un patrimonio inferior a 300.000 euros excluida la vivienda habitual. El ministro ha destacado que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros, con 395.000 ayudas concedidas, y que el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 4.640 millones. Los grupos PNV, Podemos, EH Bildu, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Sumar han anunciado su voto favorable, aunque con críticas: la portavoz de Podemos ha calificado las mejoras de “tímidas” y ha denunciado retrasos en la reconstrucción de ocho centros educativos; el portavoz de Junts ha cargado contra la gestión del Gobierno, mientras que el de Esquerra Republicana ha acusado al expresidente de la Generalitat de negligencia. Vox y el Partido Popular se han opuesto, con la diputada de Vox calificando la legislatura de “absolutamente criminal” y la del PP exigiendo la comparecencia del presidente del Gobierno por otros asuntos.

En el segundo punto del orden del día, el vicepresidente primero y ministro de Economía ha presentado el Real Decreto-Ley 25/2026, que prorroga hasta final de año las medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, iniciada el 20 de marzo. La norma mantiene la reducción de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo —dado que en septiembre los precios superaron el umbral del 15% de crecimiento interanual—, limita las subidas de la tarifa de último recurso del gas natural para más de 3 millones de consumidores, congela el precio del butano envasado hasta junio de 2027, y prorroga ayudas a sectores agrario, pesquero y de transporte. El vicepresidente ha señalado que el paquete de tres normativas supone más de 12.000 millones de euros de esfuerzo presupuestario, y que las medidas habrían amortiguado entre un 40% y un 50% del incremento de la inflación desde marzo. PNV, EH Bildu y Sumar han anunciado su apoyo, aunque con reparos: el portavoz del PNV ha criticado la falta de diálogo previo, mientras que el de Sumar ha propuesto límites temporales a precios abusivos y la recuperación del impuesto a las energéticas. Vox y el PP se han posicionado en contra, con el diputado de Vox calificando al Gobierno de ”

Convalidación del decreto sobre ayudas a víctimas de la DANA

La presidenta de la Diputación Permanente abrió el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 24/2026, de 29 de septiembre, por el que se establecen medidas relacionadas con el Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y Relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intervino en nombre del Gobierno para presentar la norma.

Bolaños comenzó con un recuerdo y homenaje a las víctimas de la DANA de Valencia, que causó más de 200 muertos. El ministro recordó que mediante los reales decretos-leyes 6, 7 y 8 de 2024 se estableció un catálogo de ayudas económicas y medidas fiscales, laborales, sociales y administrativas. Según sus datos, el Gobierno de España ha movilizado recursos por valor de 16.600 millones de euros: 1.177 millones en más de 395.000 ayudas y subvenciones concedidas; 808 millones en financiación y avales; y casi 904 millones en actuaciones directas. El desglose incluyó 262 millones en ayudas directas para daños personales, materiales en viviendas y enseres y en establecimientos y comunidades de propietarios; 347 millones para ayudas directas a empresas y autónomos, con más de 27.000 solicitudes presentadas ante la Agencia Tributaria, de las que 16.000 correspondieron a autónomos y 11.000 a empresas. El Consorcio de Compensación de Seguros abonó 4.640 millones de euros de las más de 250.000 solicitudes recibidas, tramitándose prácticamente el 100%, con 132.000 pagos por vehículos y más de 62.000 por viviendas. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cursó solicitudes de 78 ayuntamientos por 1.745 millones de euros. Bolaños también mencionó los 946 millones concedidos por la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

El ministro explicó que el Real Decreto-Ley que se sometía a convalidación regulaba la condonación de la devolución de anticipos recibidos por 2.700 personas cuando finalmente no se obtuvo el derecho a la ayuda. La devolución procedería en dos supuestos: cuando el beneficiario tenga una renta en el año 2025 de IRPF superior a 42.000 euros, o cuando, aunque la renta no supere esa cifra, tenga un patrimonio superior a 300.000 euros excluyendo la vivienda habitual. En el resto de casos, con rentas inferiores a 42.000 euros y patrimonios inferiores a 300.000 euros, se condonaría la devolución. El coste para el erario público de esta medida sería de 44,3 millones de euros. Bolaños pidió a todos los grupos que convalidaran el decreto.

Posiciones de los grupos parlamentarios sobre la DANA

En turno de fijación de posiciones, la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) Ane Irazabal Vaquero afirmó que su grupo votaría a favor de la convalidación. Vaquero consideró razonable tener en cuenta la renta y el patrimonio para determinar quién debe devolver los anticipos, señaló que el decreto simplifica trámites administrativos al ser la propia Administración la que comprobará la situación económica con los datos de que dispone, y mencionó que se contemplan facilidades de pago para quienes deban devolver cantidades. Hizo una reflexión sobre que casi dos años después la recuperación no ha terminado para muchas personas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada de Podemos Ione Belarra afirmó que desde Podemos siempre se ha defendido movilizar todos los recursos del Estado para proteger a los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Indicó que el Real Decreto incluye “tímidas mejoras” como tener en cuenta la renta para el reintegro de anticipos, pero afirmó que las ayudas para la reconstrucción han sido insuficientes y en muchas ocasiones no han llegado a tiempo. Criticó que se hayan gastado “miles de millones de euros para el rearme y la industria militar” mientras muchos edificios no han recuperado ascensores o garajes, y señaló que niños y jóvenes de al menos ocho colegios e institutos de zonas afectadas comenzaron el curso casi dos años después en barracones por retrasos en la reconstrucción, citando el Lluís Vives de Masanasa, El Orba de Alfafar, Lorta de Paiporta, Carme Miquel de Algemesí, Blasco Ibáñez de Alginet, la Escuela Infantil Ausías March también de Masanasa, Elíes Berenguer de Almau de Catarroja y Elíes Alameda de Utiel. Belarra acusó al Partido Popular y al PSOE de una “batalla política bipartidista” y afirmó que la reconstrucción debe hacerse con planificación territorial e infraestructuras más resistentes. Mencionó que hay 232 personas que nunca pudieron volver a casa, y que la tragedia fue consecuencia de “negligencia política” y “gestión absolutamente criminal” del Partido Popular que no alertó a tiempo. Citó a familias como la de Toñi, que perdió a su marido y a su hija, y la de Rosa, que perdió a su padre. Acusó al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón de seguir aforado como diputado valenciano para eludir la justicia, pidió a las asociaciones de víctimas que sigan luchando hasta verlo “entre rejas”, y aseguró que no será la última vez que se hable de la DANA de Valencia de 2024 en el Congreso.

Por EH Bildu, la diputada Mertxe Aizpurua Arzallus anunció que votarían a favor del decreto. Aizpurua afirmó que las consecuencias económicas y sociales de la tragedia siguen golpeando a miles de familias valencianas, expresó la esperanza de que las ayudas lleguen de manera rápida y efectiva, y reiteró la solidaridad y apoyo del pueblo valenciano. Trasladó a las víctimas la voluntad de ayudarles en sus peticiones, conocer lo ocurrido y lograr que los responsables institucionales “respondan por sus responsabilidades y su nefasta gestión”.

Por Junts per Catalunya, el diputado Josep Maria Cruset i Tomenac afirmó que el Gobierno es “un fracaso”, “un gobierno que se ha quedado en minoría para incumplir los acuerdos” e “incapaz de tirar adelante sus principales leyes”. Acusó al Ejecutivo de aplicar políticas de “extrema izquierda”, de regularizar más de un millón de inmigrantes “por la puerta de atrás”, de recaudar “un 70% más ahora en impuestos que cuando ustedes llegaron hace 8 años”, de haber “destrozado el mercado de la vivienda”, de ser “corrupto hasta el moll de los ossos” con “decenas de imputados y altos cargos a la presión”, y de utilizar la Diputación Permanente para “alterar la composición de la hemisfera y aprobar lo que el plenario ya había rechazado”. También afirmó que el PSOE se “autorregala 31 diputados más que en 2023” en un FIS (Fondo de Impulso Social). Cruset aseguró que Junts per Catalunya es “la garantía de defensa de la gente davant de los ataques de los socialistas y de todos sus socios, de Esquerra, Podemos y de los comunes”.

El diputado de Esquerra Republicana (ERC) Gabriel Rufián respondió a Cruset. Rufián afirmó que la diferencia entre un diputado de Junts y uno del Partido Popular o de Vox es “el color de la corbata o el tamaño de la corbata”. Negó que ERC haya votado “a cambio de nada”, recordó que “sacamos a nueve personas de la cárcel, la mitad compañeros y compañeras suyos”, y afirmó que es “una vergüenza nacional” que periodistas no se lo recuerden. Rufián anunció que votarían a favor del decreto, afirmó que “cualquier ayuda es poca” para lo sucedido, mencionó “doscientos y pico muertos”, y acusó a Carlos Mazón de no estar “donde tenía que estar” el día de la tragedia, de no dar las órdenes necesarias y de que “la gente murió” por ello. Afirmó que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “lo tapó” y “hizo un acto con él”, y que el PP no mató políticamente a Mazón “hasta que no vieron datos y encuestas”. Rufián afirmó que “votarles a ustedes mata” y que “el señor Mazón debería estar en la cárcel”.

Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el diputado Íñigo Ibáñez Mezquita afirmó que el decreto “repara una injusticia o una ineficacia de la Administración” que afectaba a más de 2.700 valencianos. Ibáñez afirmó que las ayudas “han llegado tarde y mal”, pero pidió ser justos reconociendo que “no todo el mundo actuó igual” ni “tenía las mismas responsabilidades”. Consideró que “mezclar las cosas genera antipolítica” y es “una autopista para la extrema derecha”. Señaló como “doloroso” que el adelanto electoral impida finalizar el trabajo de la Comisión de Investigación de la DANA, que era “el único espacio que tenían las víctimas” para ser escuchadas, conseguir que no las humillaran y escuchar a expertos. Acusó al Partido Popular y a Vox de sustituir la voz de las víctimas por tertulianos, la de la academia por “conspiranoicos”, y de ser “incapaces de sentar al señor Mazón y decirle a la cara que no estuvo donde tenía que estar”.

Intervenciones del PSOE, Vox y PP

El diputado Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista, tomó la palabra para intervenir sobre el real decreto relativo a las ayudas por la DANA. Ibáñez afirmó que la Comisión de Investigación sobre la DANA había servido para reparar el dolor de las víctimas y para establecer políticas que garanticen la no repetición, destacando que el Mediterráneo es el epicentro del cambio climático. Según sus palabras, la DANA se llevó por delante a 233 personas y destrozó la vida de miles de valencianos y valencianas. Agradeció la implicación de todos los partidos en la comisión de investigación, particularmente a los grupos parlamentarios sin representación en Valencia. Ibáñez acusó a Vox de ser “negacionistas” del cambio climático y afirmó que los señoríos de ese grupo nunca habían apoyado ninguna ayuda para las víctimas de la DANA. Criticó que el PP gobierne en Valencia con Vox y denunció que en esa comunidad se había tirado al suelo la ley del cambio climático, se había aprobado una ley del suelo que permite construir a 200 metros de la playa y se había recortado un 33% la inversión en lucha contra las emergencias en los presupuestos. Citó la frase “Voy a pedir sacrificios, no aplausos” atribuyéndola a Alberto Núñez Feijóo, aunque señaló que podría haberla dicho Mariano Rajoy. Preguntó a qué se refería Feijóo con esa frase y mencionó a víctimas concretas: Toñi, Dolores y Rosa. Criticó la ausencia del señor Mazón del escaño en Les Corts Valencianes, afirmando que según la web del SCORCH había realizado cero iniciativas políticas en el último año y medio, y acusó al PP de mantenerle aforado. Según Ibáñez, una jueza de la DANA había dicho que todos los indicios indican que si el señor Mazón y la señora Pradas hubieran actuado, las víctimas de la torre en Valencia se habrían salvado. Acusó al PP de “manosear la justicia” y de evitar que los juzgados pudieran juzgar a Mazón. Concluyó pidiendo al PP que exigiera a su partido que Mazón no continuara en el escaño, que se investigara qué ocurrió aquel día y que se pidiera perdón a las víctimas.

Posteriormente, la señora Rodríguez de Millán Parro, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tomó la palabra. Afirmó que todos los grupos que habían sustentado las políticas del Gobierno durante ocho años fueron partícipes de la desastrosa gestión de la DANA en Valencia. Según ella, el Gobierno podía haber declarado la situación de interés para la seguridad nacional porque eran tres las comunidades autónomas afectadas, pero no lo hizo. Denunció que el Gobierno había “dejado que este asunto se pudriera” y que no se había realizado ninguna de las obras hidráulicas necesarias. Afirmó que el Gobierno había engañado a los valencianos antes, durante y después del 29 de octubre de 2024, y que no iban a permitir que cayeran en el olvido las 233 víctimas mortales, con sus nombres y apellidos, señalando que una de ellas había sido reconocida recientemente como tal por las secuelas. Acusó al Gobierno de ignorar deliberadamente la emergencia por un “miserable cálculo político” y de haber renunciado a garantizar la seguridad de los españoles. Criticó que el presidente del Gobierno dijera que si necesitaban ayuda que la pidieran, y destacó que el primer bombero que llegó a Alfafar fue un bombero francés. Mencionó también a las familias de las víctimas de Adamuz, las del volcán de La Palma y los ceutíes. Criticó que el Gobierno hubiera aprobado 50 millones de euros para el Fondo del Medio Ambiente Mundial y más de 51 millones para la iniciativa de condonación de la deuda multilateral del Fondo Africano de Desarrollo, mientras perdonaba 44 millones a los afectados por la DANA. Calificó la legislatura de “absolutamente criminal” y afirmó que el Gobierno no actuó porque no quiso, estando en el Pleno repartiéndose radio y televisión española la mañana de la riada. Denunció que diputados socios del Gobierno dijeron que no correspondía ir a Valencia a achicar agua. Sobre el real decreto, criticó que se presentara con urgencia dos años después, cuando los anticipos se terminaron de pagar en noviembre de 2024, calificándolo de “herramienta de campaña” tras la disolución de las Cortes. Reprochó que no viniera ninguna cifra de cuántas personas tendrían que devolver la ayuda ni qué cantidad, y que se metiera en el mismo saco a quienes actuaron de buena fe y a quienes no. Denunció la inexistencia de soluciones ni nuevas inversiones para prevenir inundaciones, y alertó de que ese fin de semana se preveía otra DANA en Valencia con niveles superiores. Criticó que no hubiera ni una sola máquina en el barranco del Pollo. Mencionó la trama de corrupción de Koldo y Ábalos, cuantificada en 700 millones de euros. Aseguró que Vox no quería obligar a ninguna familia a devolver lo que no puede, pero que necesitaban ayuda de verdad, no un decreto con fecha electoral. Prometió que si Vox estaba en un próximo Gobierno, garantizaría que nadie tuviera que pagar un solo euro que no tuviera.

La señora Martínez Ramírez, por el Grupo Parlamentario Socialista, tomó la palabra a continuación. Recordó que la composición de la Diputación Permanente fue acordada por unanimidad el 3 de noviembre de 2023 por la Mesa del Congreso sin oposición, y que no se había pedido ningún cambio durante estos tres años. Señaló que en unos días se cumplirían dos años de la DANA, que dejó 233 víctimas mortales, destruyó miles de viviendas y negocios y causó daños en infraestructuras y servicios públicos. Según Martínez Ramírez, el Gobierno de España ha movilizado más de 16.000 millones de euros, con más de 395.000 ayudas y subvenciones a los damnificados. Precisó que más de 85 de cada 100 euros recibidos por hogares, empresas y ayuntamientos afectados provienen del Gobierno de España. Detalló que se había protegido el empleo de más de 33.600 trabajadores mediante ERTE por fuerza mayor, se habían abonado más de 347 millones a autónomos y empresas, se habían facilitado ayudas para recuperar más de 40.000 vehículos, y se habían abonado 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos afectados. Indicó que se habían reabierto 160 kilómetros de la red de carreteras del Estado dañados, se habían ejecutado cerca de 153 millones en carreteras y 190 millones en infraestructuras ferroviarias, más de 438 millones para redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, y 682 actuaciones sobre cauces e infraestructuras hidráulicas a fecha 13 de octubre. Explicó que el Gobierno puso en marcha un mecanismo extraordinario de anticipos del 50% de la ayuda máxima mediante declaración responsable, que en algunos casos generó duplicidades y desajustes. El decreto actual, según dijo, propone condonar según criterios de renta los anticipos cobrados indebidamente, de manera que el 80% de las personas pendientes de devolver cantidades no tendrán que hacerlo. Acusó al PP de seguir protegiendo al señor Mazón en su escaño con privilegios de expresidente y de mentir en la comisión de investigación. Agradeció a los grupos sin representación valenciana su trabajo en la comisión de investigación.

Finalmente, la señora Montesinos de Miguel, en representación del Grupo Parlamentario Popular, intervino tras una cuestión de orden en la que pidió a la presidenta que actuara con imparcialidad, acusando al señor Ibáñez de “matonismo político” y de insultar y agredir verbalmente a los diputados. Sobre el real decreto, criticó que se hablara de respuesta inmediata cuando estaban en el Pleno repartiéndose radio y televisión española con 92 fallecidos ya conocidos. Citó la frase de Sánchez “si quieren recursos, que los pidan” y su “cobarde huida de Paiporta”. Afirmó que el Consell había movilizado 4.412 millones de euros para la recuperación, y que la Generalitat centraba sus esfuerzos en el plan Endavant. Acusó al Gobierno socialista de seguir sin aportar ayudas a fondo perdido, de apropiarse de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros por 4.619 millones que no habían aportado, y de tener bloqueados 1.745 millones a los ayuntamientos. Denunció que los afectados deberán devolver el importe parcial o total de sus ayudas. Cuantificó en 5.432 millones de euros el coste de la corrupción del sanchismo, a los que sumó unos 5.000 millones más en contratos opacos según el Instituto Juan de Mariana. Afirmó que solo 360 millones de euros era lo que los valencianos necesitaban del Gobierno para evitar o aminorar las pérdidas. Advirtió que si volviera a llover como el 29 de octubre, los daños serían los mismos o peores debido al estado de los cauces y presas que dependen de Sánchez. Enumeró una serie de supuestos fracasos del Gobierno: los 135.000 muertos de COVID, las 46 víctimas de Adamuz esperando que el ministro Faltón asuma responsabilidades, los dos guardias civiles asesinados en Barbate, los habitantes de La Palma en barracones, las víctimas del apagón, los ceutíes ante una supuesta invasión, y los más de 270.000 desahuciados. Mencionó a Óscar López y Monse Mínguez en relación con desahucios y fondos buitre, y a un diputado murciano del PSOE que ejecutaría desahucios para fondos buitre. Acusó al Gobierno de acudir a narcotraficantes para eliminar a una jueza que instruía la causa contra el hermano de Sánchez, y de ocultar que buques de la Marina Real de Marruecos irrumpieron en aguas españolas hasta dos veces, además de una patrullera marroquí durante la visita del Rey a Ceuta y Melilla.

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto Belarra intervino en primer lugar para exigir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre unos hechos que, según afirmó, el Partido Popular había trasladado a la Audiencia Nacional en la causa que investiga la invasión. Belarra calificó de “intolerable” la situación y aseguró que “todo se sabrá”, añadiendo que “el sanchismo de las mafias, las cloacas y las traiciones al pueblo español no va a ser amnistiado”. En este punto, la diputada afirmó que quienes habían orquestado una “persecución inhumana” contra Carlos Mazón, a quien por unanimidad los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana —“varios de ellos designados por Compromís y por el PSOE”— eximieron de toda responsabilidad, “pagarán por ello ante la justicia y ante las urnas”. Belarra calificó de “absolutamente infame” lo ocurrido en la Comisión de Investigación y afirmó que “España necesita la liberación de este periodo negro”, una “reconstrucción nacional” que, según dijo, liderará Alberto Núñez Feijóo.

Convalidación del decreto sobre crisis energética por la guerra en Irán

La presidenta de la Diputación Permanente, Montesinos, dio entonces paso al debate de convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 15/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Para presentar la norma, tomó la palabra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, quien solicitó el apoyo parlamentario a la convalidación del Real Decreto-Ley 25 de 2026.

El vicepresidente primero explicó que el Real Decreto-Ley incluye medidas para proteger hogares y sectores económicos afectados por la subida de precios energéticos generada por “la guerra en Irán”, iniciada el 20 de marzo, y para reforzar la soberanía energética. Según sus palabras, la respuesta del Gobierno ha sido “la más ambiciosa y la más rápida de nuestro entorno europeo”, comenzando con un primer paquete —el Real Decreto-Ley 7 de 2026— aprobado apenas 20 días después del inicio de la guerra, prorrogado en junio y vuelto a prorrogar con la norma actual. El ministro detalló que en junio los mercados descontaban una normalización progresiva de los precios: los futuros del 29 de junio indicaban que el barril de Brent estaría a finales de 2026 en torno a los 70 dólares, y el gas natural en unos 40 euros por megavatio hora, valores similares a los previos al conflicto. Por ello, se incorporó una cláusula de salvaguarda que se activaría si fuera necesario.

Sin embargo, el vicepresidente primero señaló que el escenario había cambiado: el precio del barril de Brent lleva por encima de los 100 dólares o en su entorno desde el 9 de septiembre, mientras que el gas natural ha alcanzado precios similares al pico de la guerra de Ucrania, por encima de los 85 euros por megavatio hora. Además, ha habido retrasos, encarecimiento de fletes y ataques a infraestructuras físicas con impacto en el precio del gasóleo. El ministro indicó que el impacto de la energía ha supuesto un cambio radical en la evolución de los precios: el IPC de septiembre fue del 4,9%, con cerca de dos puntos determinados por la inflación energética.

Según el vicepresidente primero, desde la puesta en marcha de las medidas en marzo hasta septiembre estas habrían permitido amortiguar hasta en un entorno del 40-50% del incremento de la inflación general, reduciendo hasta en siete décimas en promedio la inflación respecto a un escenario sin dichas medidas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habría comprobado que la rebaja de impuestos se trasladó de manera efectiva a los precios, con una traslación del 100% en la práctica totalidad de las gasolineras en pocos días. El día siguiente de la aprobación del Real Decreto-Ley, el 82% de las gasolineras ya había trasladado el total de la reducción impositiva al precio en el surtidor, lo que supone ahorros directos para los consumidores de casi el 60% del incremento del coste en el caso de la gasolina y del 40% en el del diésel.

El ministro detalló cuatro bloques de medidas del Real Decreto-Ley 25 de 2026. El primero, de alivio a carburantes, mantiene la reducción de 20 céntimos de euro por litro para gasóleo y gasolina, operativa desde octubre, siempre que los precios superen el umbral del 15% de crecimiento interanual. Dado que en septiembre ambos carburantes superaron esa barrera, los descuentos se mantienen en noviembre. Si la situación mejorara, se procedería a una retirada progresiva hasta final de año. El segundo bloque reduce la factura energética, actuando por primera vez sobre la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural mediante una limitación temporal en el crecimiento del componente principal que determina esta tarifa, en beneficio de más de 3 millones de consumidores. También se contemplan medidas para contener el precio del butano envasado hasta junio de 2027, y se mantiene la posibilidad de reactivar rebajas fiscales en IVA e impuestos especiales para electricidad y gas natural.

El tercer bloque incluye medidas para sectores de especial afectación: prórroga de ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo para el sector agrario, que complementan las ayudas a fertilizantes aprobadas en marzo y junio por un total de 665 millones de euros, más de 400 de ellos ya desembolsados; y prórroga hasta final de año de ayudas a combustible para transporte terrestre, marítimo y ferroviario. El cuarto bloque, en clave de soberanía energética, aumenta las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado (GNL) de 16 días y medio a 21 días para los próximos meses; incluye medidas para la gestión de reservas de productos petrolíferos; actualiza las sanciones del sector de hidrocarburos; incorpora el régimen sancionador de niveles mínimos de combustibles sostenibles de aviación previsto en la normativa europea; y refuerza el sistema de certificados de ahorro energético.

El Real Decreto-Ley mantiene el requisito de mantenimiento del empleo para empresas beneficiarias de las ayudas, y amplía funciones de la CNMC: un estudio sobre los mercados de distribución y comercialización de energía antes del 30 de noviembre, y otro sobre la evolución de precios de productos alimentarios y el grado de competencia en la cadena de valor. El vicepresidente primero concluyó señalando que el paquete de las tres normas aprobadas supone más de 12.000 millones de euros de esfuerzo presupuestario.

Posiciones de los grupos sobre el decreto energético

En turno de fijación de posiciones, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto Vera Gaurteaga afirmó que el Gobierno “no escucha” y que “ha estado completamente desconectado de la realidad social”, especialmente en materia de vivienda. Gaurteaga afirmó que “ha sido la vivienda lo que se ha llevado por delante a este Gobierno”, y criticó que mientras el Gobierno anunciaba “una web con 800 viviendas, un teléfono de la Esperanza” y el ministro Óscar Puente celebraba la inversión de fondos buitre, “la gente no podía y no puede pagar el alquiler”. La diputada afirmó que el PSOE y la patronal inmobiliaria “son la misma cosa”, citando que Asbal estuvo en manos de Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde de Barcelona, y ahora de Elena Beunza, exsecretaria general de Vivienda. Gaurteaga aseguró que el PSOE bloqueó durante años la ley de vivienda porque no quería incluir el control de precios, y que el presidente Sánchez había dicho personal