La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid aborda la acampada de Sol, el crematorio de San Fermín, la ordenanza urbanística y el estado de la limpieza viaria

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en sesión 11-2026-55 celebrada el lunes 19 de octubre de 2026 en la Casa de Cisneros, aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales las actas de las sesiones precedentes de 21 de septiembre y 7 de octubre. Durante el epígrafe de Información, Impulso y Control, el portavoz de Vox formuló una pregunta sobre los costes derivados de las acampadas en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre, que calificó de “tercer mundista” y en las que, según afirmó, la policía reconoce que por la noche hay carpas sin ocupantes. El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad respondió que el coste es “altísimo” en términos reputacionales, para los comerciantes —que están dejando de facturar entre el 60 y el 80 por ciento—, de seguridad por el bloqueo de salidas de emergencia, de higiene por los índices de amoníaco que provocaron el cierre de la estación de metro de Sol, y de patrimonio histórico, al mencionar el deterioro de esculturas como la Mariblanca, el Oso y el Madroño, Carlos III y la fachada de la Real Casa de Correos. Indicó que ya se han levantado 100 sanciones por limpieza y que se actuará contra quien haya provocado daños, aunque no podrá cuantificar el daño al mobiliario urbano hasta que se levante el asentamiento.

En materia de vivienda, el portavoz del Grupo Socialista preguntó si el Gobierno municipal mantendría la política de mercantilización del suelo público, mientras que el portavoz de Vox cuestionó por qué la consulta pública sobre la nueva ordenanza urbanística no incluía una pregunta expresiva sobre vivienda pese a ser el principal problema para los madrileños según la encuesta municipal. El delegado respondió que se trata de una ordenanza urbanística, no de vivienda, aunque tiene incidencia sobre ella, y criticó que el Gobierno de la Nación prometió 10.400 viviendas en Campamento sin haber puesto “ni un solo ladrillo”, así como que el Grupo Socialista votó en contra de construir 18.400 viviendas protegidas en el Pleno Municipal de esa semana. El portavoz de Más Madrid, por su parte, denunció que Madrid es el lugar de España donde más caro es vivir, con 78.000 solicitantes de vivienda pública y un parque que apenas roza las 10.000 viviendas, y reprochó que el Gobierno municipal solo haya entregado 3.600 de las 27.000 prometidas en sus programas electorales de 2019 y 2023, además de haberse deshecho de 120 parcelas públicas que podrían haber albergado unas 12.300 viviendas. Finalmente, el concejal no adscrito planteó la necesidad de un nuevo pliego para el plan de 18.

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, en convocatoria de la sesión 11-2026-55, se celebró el lunes 19 de octubre de 2026 a las 12.30 horas en el Salón de Comisiones del Pleno Casa de Cisneros, Plaza de la Villa número 4, con carácter de sesión presencial. Como primer punto del orden del día se sometieron a aprobación las actas de la sesión 9-2026-48, ordinaria de 21 de septiembre de 2026, y de la sesión 10-2026-53, extraordinaria de 7 de octubre de 2026. El concejal Ansaldo votó a favor de las dos actas; el concejal Ortega Smith votó a favor de las dos; el Grupo Vox votó a favor; el Grupo Socialista votó a favor en ambas; el Grupo Más Madrid votó a favor de las dos; y el Grupo Popular votó a favor de las dos. Las actas fueron aprobadas.

Acampada en la Puerta del Sol

La pregunta número 2026-800821 fue formulada por el concejal Fernando Martínez Vidal, portavoz del Grupo Municipal Vox de la Comisión, interesando conocer cuánto le está costando a los madrileños la limpieza viaria, recogida de residuos, lavado de grafitis, rotura de mobiliario urbano y vandalización del patrimonio histórico desde que empezaron las acampadas el pasado 26 de septiembre en la Puerta del Sol. Martínez Vidal afirmó que lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol “es tercer mundista”, que la Constitución reconoce el derecho a manifestarse pero no a ocupar una vía pública, y que la policía reconoce que por la noche están las carpas pero no sus ocupantes, que se van a dormir a su casa. Añadió que el Ayuntamiento de Madrid recibe más de un millón de visitantes solo en el mes de octubre, que la imagen que se está dando perjudica a los madrileños, y mencionó el deterioro de las esculturas de la Mariblanca, del Oso y el Madroño, de Carlos III, y de la fachada de la Real Casa de Correos. Afirmó que el día 30 de noviembre el problema se habrá solucionado porque el delegado del Gobierno “ya no tendrá que ser de los primeros que se vayan a su casa”, y pidió datos de lo que está costando a los madrileños, en el momento en que se está recibiendo la tasa de basuras.

El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, respondió agradeciendo a los portavoces de la Junta de Portavoces que hubieran adelantado la pregunta, que tenía en último lugar en el orden del día. Carabante coincidió con las palabras de Martínez Vidal y afirmó que la situación está teniendo un coste altísimo: reputacional, para la imagen de Madrid, al tratarse la Puerta del Sol de un bien de interés cultural; para los comerciantes, que están dejando de facturar entre el 60 y el 80 por ciento; en seguridad, con salidas de emergencia bloqueadas y una ambulancia que no pudo pasar; en higiene y salubridad, con altos índices de amoníaco que provocaron el cierre de la estación de metro para limpiarla; y en el patrimonio histórico, mencionando el Oso y el Madroño, la fuente de Carlos III, etc. Carabante indicó que no podrá cuantificar el coste del mobiliario urbano hasta que no se levante el asentamiento y actúe el delegado del Gobierno con sus competencias, pero afirmó que se sancionará a quien ha provocado los daños, y que ya se han levantado 100 sanciones por limpieza en colaboración con la Policía.

Suelo público y vivienda

El concejal del Grupo Municipal Socialista, sin que conste su nombre en este fragmento, formuló una pregunta sobre si el Gobierno municipal continuará con la política de mercantilización del suelo público que podría destinarse a vivienda pública asequible. El delegado Carabante respondió que seguirán poniendo en valor todo el suelo para mitigar el problema de la vivienda, y preguntó si el Gobierno de la Nación va a seguir vendiendo suelo público y edificios públicos para hacer viviendas de lujo, como en María de Molina, la operación Chamartín y Valdecarros. Carabante afirmó que el suelo del patrimonio municipal estará a disposición de los madrileños para que se ejecute vivienda, y acusó al Grupo Socialista de votar en contra en el Pleno Municipal de que se construyan en Madrid 18.400 viviendas protegidas.

El concejal del Grupo Socialista, sin que conste su nombre, replicó pidiendo que constara en acta que desde Vox se había llamado “gentuza” a unos madrileños y que el Partido Popular no había hecho ninguna valoración. Afirmó que Madrid es el lugar de España donde más caro es vivir, que hay 78.000 personas solicitantes de vivienda pública ante un parque que apenas roza las 10.000, y que en los programas electorales de 2019 y 2023 el Gobierno municipal prometía 15.000 y 12.000 viviendas de alquiler asequible respectivamente, sumando unas 27.000, pero que solo han entregado 3.600 viviendas públicas. Añadió que desde que llegaron al gobierno han intentado deshacerse de 196 parcelas públicas y lo han conseguido en 120, lo que supondría unas 12.300 viviendas públicas que podría haber en esas parcelas, y que hace dos años los demandantes de vivienda pública eran 55.000, habiendo crecido 20.000 en los últimos años. Recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene 10.700 viviendas en Campamento y 1.400 viviendas rehabilitadas o construidas con fondos del Estado.

Carabante respondió que Pedro Sánchez dijo el 12 de enero de 2026 que al día siguiente empezaban las obras en Campamento, pero que “no han puesto un ladrillo, no han puesto un bordillo, no han hecho nada”, y que él estuvo allí con los medios de comunicación y pudo verlo. Acusó al Gobierno de la Nación de vender el edificio de María de Molina a 30.000 euros el metro cuadrado, lo que significa que un piso de 100 metros se vende a 3 millones de euros. Reiteró que el suelo del patrimonio municipal estará a disposición de los madrileños y que no harán como el Gobierno central, que “dicen que no hay que vender suelo y lo están vendiendo para que se hagan pisos de lujo”.

EMT y movilidad

La pregunta número 2026-800793 fue formulada por el concejal Ignacio Benito Pérez, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Madrid de la Comisión, con el visto bueno del portavoz de dicho grupo, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer si cree que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid está cumpliendo actualmente con las necesidades de movilidad de los madrileños y madrileñas. Benito Pérez afirmó que la EMT ha gastado una millonada en patrocinio de actos organizados por “pseudomedios afines”, medio millón de euros en promocionar el Open de Golf, que han privatizado aparcamientos municipales rentables perdiendo al menos 180 millones de euros, que cada día se quedan en cocheras entre 100 y 150 autobuses por falta de conductores, que quitaron 49 autobuses de los barrios del sur para ir a la Fórmula 1, y que están perdiendo viajeros. Pidió que despoliticen la EMT y el metro.

Carabante respondió que no iba a bromear ni hacer sarcasmo porque la desidia del Gobierno socialista provocó 46 víctimas mortales en Angrois, y que la memoria de esas personas merece respeto. Afirmó que Renfe, del Gobierno de la Nación, es patrocinador principal y oficial de la Liga de Fútbol Sala, por lo que no parece que haya que pedir explicaciones porque la EMT patrocine el fútbol sala. Añadió que la EMT crece en viajeros mientras Renfe pierde viajeros, y que seguirán llevando a cabo iniciativas que fomenten el conocimiento y el uso de la empresa municipal.

Regulación de los tuk-tuk

La pregunta número 2026-800799 fue formulada por el concejal José Luis Nieto Bueno, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid de la Comisión, interesando conocer hasta cuándo piensa tener el equipo municipal los tuk-tuk circulando por Madrid sin regulación alguna. Nieto Bueno afirmó que los tuk-tuk no hacen ningún bien al turismo, utilizan estacionamiento que no les corresponde y no son una forma de transporte.

Carabante respondió que comparte algunas de las cuestiones planteadas, pero que la complejidad del marco normativo implica competencias de la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que se regula a través de ordenanzas. Indicó que están aplicando y controlando el reglamento de circulación con agentes de movilidad, Policía Municipal y agentes del SER, y que en lo que va de 2026 han impuesto 3.676 sanciones, especialmente en el entorno del Palacio Real y del Mercado de San Miguel, por mal estacionamiento. Añadió que no tienen competencias para una regulación distinta ante la ausencia de normativa estatal, que no se trata de un vehículo ni de una VTC, y que esperan que se modifique el reglamento de circulación a partir del 29 de noviembre con una mayoría distinta para establecer una regulación a nivel estatal. Mencionó que están trabajando en una instrucción desde el área de turismo, vicealcaldía y movilidad.

La concejala del Grupo Más Madrid, sin que conste su nombre, intervino para indicar que las frases que había dicho antes no eran suyas, sino del alcalde Almeida, que en septiembre de 2024 admitía que le preocupaba el fenómeno de los tuk-tuk y que le había pedido a la concejala de turismo que determinara la situación. Afirmó que en la ciudad de Madrid no existe marco normativo concreto bajo el que se amparen los tuk-tuk, que en enero de 2026 Almeida volvió a decir que estaban trabajando en ello, y que en julio tras la vuelta de los veranos aprobaría una instrucción para perseguir este fenómeno, pero que han pasado dos años desde las primeras declaraciones y no han hecho nada. Señaló que otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como Sevilla, Zaragoza y Alicante, sí han actuado, esta última restringiendo el acceso a su zona de bajas emisiones, medida ratificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Añadió que la Comunidad de Madrid tiene mucha responsabilidad, pero que el ayuntamiento tiene margen para actuar estableciendo condiciones de circulación, estacionamiento y uso del espacio público.

Crematorio de San Fermín

La pregunta número 2026-800800 fue formulada por el concejal José Luis Nieto Bueno, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid de la Comisión, interesando conocer si va a permitir la apertura del crematorio de San Fermín haciendo oídos sordos a las movilizaciones vecinales. Nieto Bueno indicó que el pasado 4 de octubre los vecinos de Usera y de San Fermín marcharon hasta el tanatorio de San Fermín para manifestar su oposición a que la empresa Parcesa pusiera en funcionamiento un crematorio a escasos metros de sus viviendas.

Carabante respondió que van a escuchar a los vecinos, que han dado traslado del expediente para que se puedan personar y dar trámite de audiencia, pero que tienen que cumplir la normativa, la ley y la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Nieto Bueno replicó que la oposición vecinal es masiva, rotunda y absolutamente justa, que se trata de instalar un órgano crematorio a escasa distancia de los portales de las viviendas y de varios centros educativos, y que es una “auténtica temeridad urbanística y medioambiental” que conlleva graves riesgos para la salud por la emisión de partículas y gases contaminantes. Afirmó que el Ayuntamiento se limitará a acatar técnicamente la autorización ambiental integrada de la Comunidad de Madrid y que, ante la posible concesión de la licencia de funcionamiento, se escudarán en la sentencia del Tribunal Supremo que les obligaba a revisar la no concesión de licencia decretada en ocasiones anteriores, pero que este “parapeto administrativo es una excusa tramposa para lavarse las manos y eludir su verdadera responsabilidad”.

Un portavoz de Más Madrid —cuyo nombre no consta en el fragmento— intervió en primer lugar para criticar la autorización ambiental autonómica de un crematorio en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. Afirmó que dicho documento es de apenas unas páginas, lleno de contradicciones, y que contempla la inspección visual de los operarios como único método de control para comprobar si la chimenea echa humo negro. Añadió que el Ayuntamiento no puede comportarse como una simple ventanilla cuando se trata de la salud de sus vecinos, y calificó de profunda falta de ética pública bendecir una instalación insalubre pegada a las ventanas de la gente. Indicó que el barrio se ha movilizado, que las asociaciones vecinales están dando la batalla en las calles y que el caso está judicializado. Pidió a Carabante que paralice la apertura del crematorio y que deje de tratar a Usera y a Villaverde como el patio trasero de Madrid, al tiempo que denunció que para los barrios del norte se proyectan zonas verdes, equipamientos y protección medioambiental, mientras que para los del sur se proyectan depuradoras, crematorios, incineradoras, ruidos y contaminación.

Borja Carabante respondió preguntando si la salud de los niños de Alcorcón vale lo mismo que la de los niños de Usera, y señaló que la concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcorcón ha autorizado la instalación de un crematorio a menos de 350 metros de las viviendas. Según Carabante, esa concejal justificó la licencia alegando que el proyecto se ajusta a la legalidad y que denegarla podría suponer un delito de prevaricación. Carabante afirmó que el Ayuntamiento de Madrid denegó reiteradamente la licencia, pero que el Tribunal Supremo, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, le dio la razón al promotor. Añadió que la Fiscalía dictó auto de archivo y dijo textualmente que el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que otorgar la licencia, remitir a la Comunidad de Madrid la evaluación ambiental y otorgarla en su caso. Carabante aseguró que su gobierno ha remitido la licencia a los vecinos para que se puedan personar en el procedimiento y darles audiencia, algo que, según dijo, en Alcorcón no se hizo, ya que se otorgó la licencia directamente sin contacto con los vecinos ni con las asociaciones de vecinos ni con la Federación Regional de Vecinos.

Contratos de limpieza viaria

A continuación, el concejal José Luis Nieto Bueno, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la Comisión, formuló la pregunta número 2026-800801, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, sobre si considera que, dado el alto grado de suciedad en las calles, los contratos de limpieza están adecuadamente dimensionados. Nieto Bueno preguntó a Carabante si pasea por Madrid o solo se desplaza de su casa a Cibeles en coche oficial, y afirmó que si paseara vería que los contratos de los que el gobierno municipal está orgulloso no sirven para mantener la ciudad limpia ni la basura recogida, y que las empresas les están tomando el pelo.

Carabante respondió que sí camina mucho, y que en el día de la sesión llevaba ya 7.546 pasos a las 12 de la mañana, con la intención de llegar a los 10.000. Añadió que la limpieza es el quinto problema para los madrileños, según la encuesta de calidad de vida, y que en 2018, cuando Más Madrid tenía responsabilidades sobre la limpieza, era el principal problema. Según Carabante, se han mejorado los recursos humanos y económicos, destinando 245 millones de euros más al año a estas labores de las que se destinaban entonces.

Nieto Bueno replicó que la basura se acumula semana sí, semana también en los cubos de basura y convierte las aceras en una auténtica gincana. Indicó que hasta agosto de ese año se habían registrado más de 15.000 reclamaciones porque los contenedores estaban demasiado llenos, y que en los cuatro años que lleva el contrato de recogida de residuos en marcha solo se han puesto 25 sanciones en toda la ciudad por no recoger alguno de los cubos al hacer las rutas. Precisó que en los distritos de Centro, Tetuán, Chamberí, Fuencarral del Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina, correspondientes al lote 1, solo se han puesto dos sanciones a la empresa por no recoger las bolsas de basura acumuladas alrededor de los contenedores, y que en toda la ciudad han sido un total de 11 sanciones en esos cuatro años. Añadió que en los distritos de Salamanca, Retiro, Chamartín, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas, del lote 2, solo se han puesto tres sanciones por no vaciar el contenedor amarillo estando tan lleno que no se podían depositar más residuos, y que en toda la ciudad han sido un total de 43 sanciones, es decir, de media una sanción al año y por distrito. Nieto Bueno señaló que los madrileños tendrán que pagar ahora la tasa de basuras con un incremento medio del 4%, pasando de 157 euros a 164 de media.

Carabante respondió que si Nieto Bueno no quiere pagar la tasa de basuras, era muy fácil: haber modificado la ley que obliga a los ayuntamientos a poner la tasa de recogida de residuos, que aprobó el gobierno del que Nieto Bueno formaba parte. Según Carabante, Más Madrid votó a favor de que todos los españoles pagáramos la tasa de basuras, y el Ayuntamiento de Madrid y el Partido Popular estaban en contra. Durante los últimos años de gobierno del PP en la ciudad de Madrid no hubo tasa, pudiendo haberla puesto, hasta que los obligaron el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y Más Madrid. Carabante afirmó que Madrid tiene que mejorar aún más la limpieza, pero puso en contexto que cuando gobernaba la izquierda era el principal problema, que hoy es el quinto, que se han reducido un 60% las reclamaciones desde 2018 y que hay 242 millones de euros más cada año destinados a estas labores. Preguntó cuántas multas puso Más Madrid de 2015 a 2019, cuando Madrid estaba mucho más sucio, y recordó que la izquierda prometió remunicipalizar la limpieza para luego decir que no podían hacerlo, y que propusieron que las madres recogieran las colillas y los universitarios barrieran las calles. Insistió en que tienen la ambición de continuar mejorando la limpieza.

Arboleda de Azca

Posteriormente, la concejala Marta Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la Comisión, formuló la pregunta número 2026-800805, dirigida al mismo delegado, sobre si puede garantizar la conservación de la arboleda consolidada de los jardines de Azca. Martínez dio por formulada la pregunta.

Carabante respondió que sí puede garantizar el cumplimiento de la Ley 8/2005 de protección de la ruralidad urbana y las condiciones bajo las cuales hay que protegerla, pero que no puede garantizar la conservación del arbolado ni en el Palacio de la Moncloa ni en las instalaciones del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior ni en el entorno de Atocha como consecuencia de las talas que ha solicitado el Partido Socialista. Añadió que en el Palacio de la Moncloa se están muriendo los árboles por falta de mantenimiento, por la desidia de quien reside en esa vivienda, y que se han solicitado 119 talas como consecuencia del mal estado de esos árboles. Sí puede garantizar, en cambio, el buen estado del arbolado que está bajo su conservación.

Marta Martínez replicó citando a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien dijo en el Pleno que requería informe de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, competente en materia de arbolado, y que el proyecto incorporará todo aquello que exija ese criterio técnico. Martínez señaló que a esa Dirección General, que depende de Carabante, le corresponde realizar ese informe técnico decisivo para proteger los árboles. Recordó que el contrato de conservación en el complejo Azca se ocupa de 439 árboles, de los que 361 son maduros según el inventario municipal, y que se trata de una arboleda consolidada en el distrito de Tetuán, uno de los que cuenta con menos árboles en la ciudad. Indicó que a finales de julio el Ayuntamiento amplió el plazo para presentar el proyecto de ejecución hasta el 31 de enero de 2027, por lo que el proyecto no está cerrado y el informe vinculante todavía puede fijar las condiciones necesarias. Citó la Ley 8/2005, que establece que el arbolado preexistente se convertirá en un condicionante principal del diseño: primero conservar, segundo trasplantar y finalmente la tala. Señaló la paradoja de que el alcalde anunciara un vergel con mil árboles nuevos pero la nota de prensa municipal no mencionara los más de 400 árboles ya existentes. Pidió a Carabante que se comprometiera a trasladar por escrito a sus servicios técnicos el criterio de conservar esta arboleda consolidada, a garantizar que los mil árboles nuevos se sumen a los ya existentes y no los sustituyan, y a publicar un inventario árbol a árbol que identifique cuál se va a conservar, cuál se va a trasplantar y qué talas, en su caso, se consideran imprescindibles.

Carabante respondió que no hay que hablar de futuribles sino de lo que ya ha pasado, que no tienen el proyecto de Azca y por tanto no saben la afección que se va a producir. Lo que sí saben, afirmó, son las afecciones de proyectos ya cerrados: 221 talas en Atocha, 118 en el Palacio de la Moncloa. Preguntó a Martínez si autorizan la tala de 221 árboles en Atocha, y afirmó que es imposible decir que un proyecto tiene que ajustarse al mantenimiento del arbolado y plantear un proyecto de remodelación de Atocha que se carga los árboles, o talar 118 árboles en el Palacio de la Moncloa que están protegidos y tienen valor histórico, ecológico y patrimonial. Señaló que le han pedido 4.691 árboles que talar el Ministerio de Defensa, Adif, Renfe y el Palacio de la Moncloa, y que frente a esa tala de 3.691 árboles —corregiéndose de haber dicho 81 antes— ellos están plantando árboles. Afirmó que todos los proyectos de remodelación generan más árboles de los que son afectados, y que no talan ninguno por falta de mantenimiento, a diferencia de lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa. Concluyó que en esto, como en casi todo, no son iguales, y que Más Madrid no ha hecho una sola vivienda en España, que Renfe no para de perder viajeros, y que le están hablando de arbolado cuando han pedido 128 talas en el Palacio de la Moncloa y 221 en Atocha.

Ordenanza urbanística y vivienda

A continuación, el concejal Fernando Martínez Vidal, portavoz del Grupo Municipal Vox en la Comisión, formuló la pregunta número 2026-800807, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, sobre por qué el Gobierno municipal ha excluido preguntar expresamente por la vivienda en la consulta pública sobre la nueva ordenanza urbanística cuando es el principal problema para los madrileños, según la propia encuesta del Ayuntamiento.

Martínez Vidal intervino para afirmar que las personas que llevan un mes perjudicando la vida normal de los madrileños, afectando a los pequeños comerciantes de la Puerta del Sol y vandalizando el mobiliario urbano y el patrimonio histórico, son despreciables, de mal proceder o de poco valor moral, que es como define la Real Academia Española el término “gentuza” que él había utilizado.

Carabante respondió que no se trata de una ordenanza sobre vivienda sino de una ordenanza urbanística que necesariamente tiene su incidencia sobre la vivienda, y que está en el primer trámite, en una consulta previa. Indicó que cuando se elabore habrá una información pública en la que se tendrán en cuenta las aportaciones. Precisó que a través del plan estratégico que pretenden aprobar inicialmente en febrero, uno de los retos más importantes es la vivienda, y que todo está vinculado a generar mayor oferta. Según Carabante, el problema del precio de la vivienda es la reducción de la oferta que se ha producido, especialmente durante los cuatro años en los que se paralizaron todos los nuevos desarrollos del sureste que suponen cerca de 170.000 viviendas, porque la izquierda decía que no hacía falta más vivienda en Madrid. Ese paradigma de 2015 a 2019 tuvieron que reactivarlo cuando llegaron al gobierno, y ya es una realidad porque todos esos nuevos desarrollos están colocando ladrillos, a diferencia del Gobierno de la Nación, que prometió 184.000 viviendas de las que todavía no ha puesto el ladrillo de ninguna. El plan estratégico pretende generar mayor oferta para mitigar el precio, y la ordenanza urbanística se refiere al carácter urbanístico, a la flexibilidad, al intercambio de usos y a la intensificación.

Martínez Vidal replicó que les había extrañado que durante el periodo de información pública abierto por el Ayuntamiento para recabar la opinión de los vecinos sobre la futura ordenanza de urbanismo, no existiera una pregunta concreta, específica, directa y explícita sobre la vivienda, que es uno de los principales problemas de los madrileños. Señaló que todos saben que el acceso a la vivienda es hoy la mayor preocupación, especialmente de los jóvenes, las familias que buscan adquirir su primera casa y quienes se enfrentan a alquileres cada vez más elevados. Añadió que una ordenanza urbanística tiene influencia directa sobre la generación de suelo, la agilización de trámites, la rehabilitación urbana y la capacidad de aumentar la oferta residencial.

Muro de la Casa de Campo

En la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el delegado del área, cuyo nombre no consta en el fragmento, respondió a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, José María Martínez Vidal, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno respecto al muro de la Casa de Campo afectado por las obras de soterramiento de la A-5, las medidas previstas para garantizar su protección y conservación como elemento patrimonial, y la solución contemplada para el tramo afectado.

El delegado explicó que existen medidas para garantizar el buen estado del muro, tanto en cuanto al control y dirección de obra —con una asistencia técnica que garantiza que la afección no se produzca— como en cuanto al contrato de urbanización, que ya ha iniciado su ejecución, por lo que, según sus palabras, se puede garantizar el buen estado y el mantenimiento de este muro.

Martínez Vidal, en su réplica, afirmó que desde Vox defienden el soterramiento de la A-5 y las obras que se están realizando porque son buenas para la movilidad y para la calidad de vida de los vecinos, pero que apoyar esta obra no significa aceptar que su ejecución se haga a costa del patrimonio histórico. El portavoz de Vox señaló que el muro de la Casa de Campo es un elemento protegido, declarado bien de interés cultural dentro del parque histórico, y que ni Napoleón, ni la Guerra Civil, ni el maltrato habitual han conseguido hacer desaparecer este cerramiento del siglo XVIII, que hoy se encuentra cubierto de pintadas vandálicas a lo largo de sus 16 kilómetros. Martínez Vidal indicó que la plataforma Salvemos la Casa de Campo ha denunciado que al menos una parte del muro podría quedar afectada por las obras de desdoblamiento del Paseo de Extremadura, concretamente el tramo comprendido entre el número 298 de la calle y el antiguo desvío hacia la carretera de Boadilla,