Tensión en la Comisión de Políticas Sociales por desahucios, dependencia y contratos suspendidos de violencia de género

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid celebró sesión el lunes 19 de octubre de 2026 con un orden del día marcado por la tensión entre los grupos municipales. El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad, con los votos favorables de Vox, el PSOE, Más Madrid y el Partido Popular.

En el debate sobre el SAMUR Social, la portavoz de Más Madrid cuestionó al delegado del área de gobierno por la participación del servicio en desahucios sin alternativa habitacional digna, citando una providencia de la magistrada Raquel Catalán que paralizó ocho desahucios de la AVS. Según la concejala, de 426 lanzamientos intervenidos por el SAMUR Social en 2025, solo el 12% de los afectados fueron realojados, y las intervenciones en desahucios se habían incrementado más de un 80% en 2026. El delegado replicó que el servicio no ejecuta desahucios sino que atiende emergencias sociales, y lo calificó como el tercer servicio más valorado de la ciudad. La sesión fue suspendida tras una interrupción en la que la presidenta llamó la atención a la concejala del PP por un gesto dirigido a la concejala del PSOE, a quien retiró la palabra. Posteriormente, la portavoz socialista informó de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid había suspendido la adjudicación del centro de acogida Juan Luis Vives, mientras que la directora general de Inclusión Social defendió que la suspensión respondía a un procedimiento garantista y no prejuzgaba el contenido del pliego.

Aprobación del acta y desahucios: el SAMUR Social en el centro del debate

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad se celebró el lunes 19 de octubre de 2026 a las 9:30 horas en el Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, Plaza de la Villa número 4, en convocatoria de la sesión 9-2026-54. El acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de septiembre de 2026 (sesión 8-2026-47), fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor del concejal Ortega y de los grupos municipales de Vox, Partido Socialista, Más Madrid y Partido Popular.

En el punto de preguntas, la concejala Lucía Lois Méndez de Vigo, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, formuló la pregunta número 2026-800794 al delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, sobre si tenía intención de seguir instrumentalizando al SAMUR Social en la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional real. Reformuló la pregunta en términos de cumplimiento de la providencia del 29 de septiembre de la magistrada Raquel Catalán.

El delegado de Área de Gobierno, señor Fernández, respondió que el SAMUR Social no ejecuta desahucios, sino que atiende a personas en situación de emergencia social y ofrece alojamiento de emergencia temporal, apoyo social y techo seguro, añadiendo que el SAMUR Social es el tercer servicio más valorado de la ciudad, después de bomberos y SAMUR PC.

En su réplica, la concejala Lois afirmó que, por ley, los jueces deben preguntar al Ayuntamiento de Madrid si puede ofrecer alternativa habitacional digna antes de proceder a un desahucio, y que el Ayuntamiento responde automáticamente que sí. Según Lois, la magistrada Raquel Catalán paró ocho desahucios de la AVS con una providencia en la que señalaba que la asistencia ambulatoria de calle a través del SAMUR Social no constituía alternativa habitacional digna. La concejala añadió que cuatro días en un hostal, dos semanas en un container en Las Caracolas, compartir habitación con otras ocho personas o separar a familias entre hombres y mujeres en diferentes recursos no son alternativas habitacionales. Citó datos de la memoria de 2025 según los cuales el SAMUR Social intervino en 426 lanzamientos, de los que solo el 12% de los afectados fueron realojados, siempre en recursos de emergencia. Según la concejala, las intervenciones de desahucios en las que se mandó al SAMUR Social aumentaron más de un 80%, pasando de 25 en 2025 a 47 en un solo mes de 2026.

El delegado Fernández respondió con una pregunta sobre si el gobierno de Mónica García iba a parar los desahucios de Muface del ministro Óscar López, y mencionó el caso de Manuel, un anciano de 74 años con un 33% de minusvalía desahuciado por Muface. Fernández acusó a la izquierda de hipocresía, preguntó si Manuela Bergerot o Mónica García iban a manifestarse por los desahucios de Muface, y recordó que el gobierno de Rita Maestre vivió 14.000 desahucios, 3.500 al año. El delegado enumeró los recursos disponibles: 300 plazas del Centro de Emergencia Temporal Caracolas, 462 plazas de alojamiento para la campaña municipal contra el frío más plazas en pensiones, 30 plazas en el Centro Municipal de Urgencias (CEMUS), 40 plazas en el recurso de alojamiento Hermanos Álvarez Quintero, 10 plazas en el central de SAMUR Social, 80 plazas en el centro ocupacional de Villaverde, 50 plazas en el centro de Día Navas de Tolosa, 20 plazas en La Coma y 15 plazas en la residencia para mayores Los Nogales. Comparó la situación con Barcelona, donde según dijo nunca va el SAMUR Social porque no lo tienen.

Dependencia: listas de espera y financiación del convenio

En otro momento de la sesión, una intervención sobre dependencia —posteriormente identificada como de la concejala Lima— señaló que Madrid tiene un 4,5 en el dictamen del Observatorio de la Dependencia, que no es una coyuntura pasajera y que es resultado de decisiones políticas que han deteriorado la atención. Según esta intervención, a 31 de agosto de 2026 las listas de espera en ayuda a domicilio y teleasistencia superaban las 21.000 personas usuarias, 3.000 más que a comienzos de año, siendo las listas de espera mucho más grandes en la ciudad de Madrid que en el resto de municipios de la comunidad.

La Coordinadora General de Políticas Sociales, Familia e Igualdad respondió que los usuarios valoran los servicios de dependencia por encima de 8,5 sobre 10, y que en 2025 se dieron 37.483 nuevas altas en teleasistencia, 21.501 en servicio de ayuda a domicilio y 367 en centros de día.

La concejala Ana Isabel Lima Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista, continuó señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez asignó este año 507 millones para la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, más de 226 millones extra para mejoras en vigor desde el 1 de julio. Según Lima, la ciudad de Madrid, que atiende a más de la mitad de las personas usuarias de servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día, recibe por convenio apenas 145 millones de euros para 2026, cantidad que calificó de claramente insuficiente. De los 16 millones de horas de atención domiciliaria, la comunidad solo financia 10, según la concejala. Lima mencionó quejas recurrentes de usuarios por cambios de horario sin previo aviso, imposibilidad de contactar con empresas adjudicatarias, rotación constante de auxiliares, dificultades para reactivar el servicio tras periodos de ausencia y cobros que no corresponden con la atención recibida. Señaló que el convenio de financiación con la Comunidad de Madrid caduca el 31 de octubre y que hasta donde conocen no existe prórroga formalizada, cuestionando por qué a finales de junio se hizo un convenio solo para diez meses.

La Coordinadora General respondió que le sorprende que saquen pecho de los 507 millones del Gobierno en dependencia cuando antes, con la dependencia infrafinanciada, nadie hablaba de las listas de espera. Indicó que el convenio vigente con la Comunidad de Madrid dura hasta octubre y ya se está tramitando el segundo convenio que irá de noviembre a diciembre, lo que permite ampliar la financiación inicialmente prevista. Añadió que ya existe el borrador del posible convenio para 2027. Según la coordinadora, el Ayuntamiento de Madrid cumple con la ley 39/2006, modificada el 1 de octubre, que incorpora el grado de dependencia reconocido y el tiempo de espera en la lista como criterio de prioridad. Precisó que de las altas de 2025 en teleasistencia, 22.620 fueron por Atención Social Primaria (ASP), y de las 21.501 altas en ayuda a domicilio, 13.811 correspondieron a ASP. Mencionó que se ha establecido un sistema especial para enfermos de ELA y otras enfermedades muy graves con atención en menos de tres meses. En cuanto a calidad, citó una satisfacción del 8,01 en ayuda a domicilio, 9,10 en teleasistencia y 8,75 en centros de día.

Centros integrales de atención a la mujer: oposición y trabajadoras contra el nuevo modelo

La concejala Meritxell Tizón Gutiérrez, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la Comisión, con el visto bueno de la portavoz de dicho grupo, formuló la pregunta número 2026-800803 al delegado del Área de Gobierno, sobre si iba a retirar los pliegos de los centros integrales de atención a la mujer para evitar el desmantelamiento de los espacios de igualdad y la revelación —el término queda cortado en la transcripción— de violencia y los recortes que conlleva su nuevo modelo.

La directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género respondió que el modelo de centros integrales de atención a la mujer supone un fortalecimiento de los recursos en materia de promoción de la igualdad y de lucha contra la violencia machista, y que seguirán trabajando para implementarlo en los 21 distritos de la ciudad de Madrid.

En su réplica, Tizón afirmó que con el equipo de gobierno las mujeres no solo no avanzan sino que retroceden, y que no son una prioridad para el equipo de gobierno, ni para el delegado ni para el alcalde Almeida. Acusó a la número dos del delegado, la señora Azcurra, de haber vuelto a cuestionar el derecho a decidir, como ya hicieron con la proposición sobre el falso síndrome posaborto. Tizón instó al delegado a contestar personalmente en lugar de escudarse en la directora general. Según la concejala, la nueva estrategia de igualdad es un despropósito con rechazo de los partidos de la oposición y de las trabajadoras de la red de espacios de igualdad y de la red de violencia de género. Mencionó un comunicado de las trabajadoras que presentaron un recurso para paralizar la licitación de los CIAM que el equipo de gobierno quiere imponer, en el que se habla de desmantelamiento. Señaló que el proceso se ha interrumpido por la paralización de la licitación por ese recurso, pero no se ha detenido, y que las condiciones de las trabajadoras continúan sin estar garantizadas. Las trabajadoras abogan por el mantenimiento de las dos redes de igualdad y de violencia de género, así como por la ampliación y fortalecimiento de la red de violencia de género en cada distrito. Tizón calificó de incomprensible e indecente que en momento de repunte de la violencia machista se recorte en recursos personales, especialización y calidad de la atención.

La directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género, señora Fernández, respondió que ya ha tenido ocasión de comentarlo en múltiples ocasiones. Según la directora general, el modelo de centros integrales de atención a la mujer no solo no supone recortes sino un incremento enorme en materia de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia machista. Actualmente existen espacios de igualdad en 17 distritos; con el nuevo modelo se llegará a 19 el año que viene y posteriormente a los 21. En todos estos recursos se atenderá a mujeres víctimas de violencia de género, con un incremento de profesionales de más de un 40% en relación a los recursos actuales, más las 14 profesionales del Centro Integral de Atención a la Violencia de Puente de Vallecas, lo que se traduce en un incremento de casi un 38% en relación al presupuesto actual. La presidenta interrumpió para pedir silencio a Tizón, quien mantenía un rumrum permanente, y le recordó que la directora general había prestado atención a su turno de intervención. La directora general continuó indicando que se ha presentado un recurso al Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, órgano administrativo, y que todas las cláusulas impugnadas, que fueron muchísimas y tenían contenido técnico, han sido desestimadas y resueltas en favor de la Administración. Concretamente, el Tribunal ha dado la razón al Ayuntamiento en cuestiones como la subrogación de personal, la suficiencia económica del contrato, las jornadas y necesidades de personal, la reorganización territorial y funcional, la configuración de los CIAM, la especialización, la seguridad, la continuidad de la atención, los horarios, turnos y presencialidad, la estabilidad laboral e incluso la necesidad e idoneidad de la reorganización. La directora general concluyó que el pliego es perfecto desde el punto de vista técnico, según el Tribunal de Contratación, y que continuarán con el modelo.

Posteriormente, la concejala Lois formuló la pregunta número 2026-800813 sobre la valoración del área de gobierno sobre el proceso de implementación de los centros integrales de atención a la mujer. La directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género, la señora Fernández, respondió que el modelo suponía una transformación y reorganización de los recursos para mejorar la respuesta y adecuarse a las necesidades de las madrileñas, que se trataba de un proceso complejo pero que estaban convencidas de que se implantaría “con total éxito”.

Tomó entonces la palabra el concejal del Grupo Municipal Más Madrid, el señor Herías, quien recordó que hacía menos de un mes la directora general de Igualdad había defendido “sin fisuras” los pliegos de los 18 centros integrales pese a la oposición de profesionales, usuarias y expertas. El concejal afirmó que el pasado 8 de octubre el Tribunal Administrativo de Contratación Pública había estimado los recursos de los sindicatos CCOO y Comisiones Obreras —corrigiéndose inmediatamente— y había concluido que la licitación no podía continuar, por lo que tendrían que redactar pliegos nuevos y volver a iniciar desde cero el proceso. Según el señor Herías, el tribunal había tomado esa decisión por “invadir el derecho de huelga y por intentar amordazar a las profesionales”. El concejal de Más Madrid cuantificó el contrato en “más de 50 millones de euros”, con 14 empresas licitadoras y “semanas de parálisis por un empeño en no escuchar”. Recordó que no era la primera vez que había problemas con los pliegos: el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas 24 Horas tuvo dos licitaciones consecutivas declaradas desiertas, y los contratos de los puntos municipales del Observatorio Regional acabaron en manos de Eulen, “única empresa que se presentó con un proyecto que no alcanzó ni la mitad de la puntuación mínima recomendada por ley”. El señor Herías instó al equipo de gobierno a dar marcha atrás en el “desmantelamiento de la red de violencia y de los espacios de igualdad”, recuperar la especialización en violencia de género, devolver la habilitación sanitaria a la atención psicológica, recuperar la figura del educador social, la asesoría jurídica y el área sociolaboral de los espacios de igualdad, y no dejar a los distritos de Centro y Moncloa-Aravaca sin un solo centro. Reclamó también la rectificación del traslado de los equipos de los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, denunciando que habían sacado el punto 1 de Tetuán de su distrito de siempre y lo habían mandado al punto 2 de Carabanchel, al lote 5, mientras otras profesionales ocupaban su lugar, incumpliendo el convenio con la Comunidad de Madrid que exige la continuidad y no rotación de las plantillas.

La directora general de Igualdad y contra la Violencia de Género, la señora Fernández, respondió que el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid es un órgano administrativo y reiteró que, en todas las cuestiones técnicas, había dado la razón al Ayuntamiento de Madrid, incluidas la subrogación de personal y la continuidad asistencial. La directora general negó que se tratara de un desmantelamiento y explicó que actualmente hay dos centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género que no han interpuesto denuncia en toda la ciudad, tres puntos municipales del Observatorio para mujeres con orden de protección, y 17 distritos con espacios de igualdad. Según la señora Fernández, la lógica de los nuevos centros integrales es que cualquier mujer de cualquier distrito pueda acudir al centro que quiera para ser atendida en materia de violencia de género, independientemente de si ha interpuesto denuncia o tiene orden de protección, y que pueda acceder a las actividades de autoestima y bienestar de los espacios de igualdad, lo que constituye “un avance cualitativo y cuantitativo muy importante”. Aclaró que el tribunal había dado la razón al Ayuntamiento excepto en “dos cuestiones de matiz y lenguaje” que se reharían en el pliego, volviéndose a abrir la licitación. Sobre la figura del educador social, la directora general indicó que se había reunido con el Colegio de Educadores Sociales, que se había incrementado la plantilla en todos los centros de servicios sociales y se había sacado un contrato específico para acompañar a familias, aplicable también a mujeres víctimas de violencia de género.

Escuelas infantiles: plagas, cierres y condiciones denunciadas por el PSOE

La concejala Ana Isabel Lima Fernández formuló la pregunta número 2026-800804 al delegado del Área de Gobierno, sobre qué valoración hace de las condiciones en las que se está dando clase en las escuelas infantiles municipales y colegios públicos de la Ciudad de Madrid. La concejala Caso dio la pregunta por formulada.

El delegado de Área de Gobierno, señor Fernández, respondió que las condiciones de los centros educativos en Madrid son buenas y que cuando aparece una incidencia actúan, que no niegan los problemas sino que los resuelven.

En su réplica, la concejala Caso mencionó seis casos concretos: uno, la escuela infantil municipal Beoveo en Ciudad Lineal, cerrada once días tras una inspección sanitaria por presencia de roedores; dos, que no es la única, con plagas de roedores detectadas en al menos otros dos colegios públicos; tres, que hace once días, cuando se cerró Beoveo, el alcalde alardeó de que se habían reubicado a todas las criaturas inmediatamente, pero según Caso ese 19 de octubre era el primer día en que se reubica a esas criaturas, en la escuela Gigantes y Cabezudos, que tiene un baño roto y cuatro aulas cerradas por inundaciones; cuatro, la Escuela Infantil Municipal Cielo Azul de Vicálvaro sin patio desde julio por plaga de conejos; cinco, el desalojo y clausura hace un año de la escuela infantil municipal El Manojo de Rosas en San Blas-Canillejas por plaga de chinches, donde según Caso hicieron a las propias educadoras limpiar las chinches; seis, escuelas infantiles autonómicas con goteras que se convierten en cataratas y aulas clausuradas por riesgo de derrumbe, como la Encinar o la Almudena, con la firma del Partido Popular. Caso preguntó qué más tiene que pasar para que el equipo de gobierno empiece a hacer algo, y mencionó que llevan seis meses sin atender las demandas de las educadoras en huelga. Acusó al equipo de gobierno de despreciar la educación pública y todo lo público, de ser capaces de construir un circuito privado de Fórmula 1 en un año y no de terminar el colegio público Margaret de Barajas en diez años.

El delegado Fernández respondió que en el último pleno denunció que 37 escuelas infantiles de 17 distritos habían amanecido con pintadas.

Tarjeta familia: Vox exige datos por nacionalidad y el gobierno remite a la transparencia

La presidenta de la comisión dio paso al punto número 7, la pregunta número 2026/80.008.06, formulada por la concejala Aranza Cabello López, portavoz del Grupo Municipal Vox, quien solicitó conocer las razones por las que el Ayuntamiento de Madrid dejó de publicar desde 2022 el dato de titulares de tarjeta familia nacidos fuera de España, pidiendo además los datos correspondientes a los años 2023-2025 y los disponibles de 2026. Durante la intervención de la señora Cabello se produjeron altercados: la concejala Andrea Levi y la concejala Álvarez interrumpieron el debate, la señora Levi llamó “loca” a la señora Cabello sin pedir disculpas, y tras varias interrupciones la presidenta suspendió brevemente la sesión. Tras la suspensión, la señora Cabello continuó.

La concejala Cabello explicó que la tarjeta familia fue negociada en los pactos de la Villa en 2020 y consistía en entregar a personas o familias necesitadas una tarjeta para gasto en higiene, alimentación y cuestiones básicas. Señaló que en 2022 existía un dato que indicaba que el 72% de las personas beneficiarias habían nacido fuera de España, pero que ese dato desapareció posteriormente. Solicitó los datos de esa variable para los años posteriores.

La concejala Alfaro, en representación del equipo de gobierno, respondió citando el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado en 2004 y la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid aprobada en 2016, señalando que todos los servicios sociales están sujetos a esta política de transparencia.

La señora Cabello replicó que teme que el equipo de gobierno tenga el dato y no quiera darlo, recordando que en 2022 se publicó que el 72% de los beneficiarios de la tarjeta familia eran nacidos fuera de España. Indicó que la prestación nació en 2020 con 341.000 euros y que actualmente supera los 11 millones de euros, afirmando que los vecinos de Madrid tienen derecho a saber cómo se pagan las prestaciones. La concejala de Vox dijo que hay un problema en España y en Madrid con el efecto llamada y con las prestaciones sociales, sosteniendo que la prioridad de los españoles ha quedado desplazada por una ingente cantidad de personas que vienen de fuera y viven de las prestaciones sociales. Cuestionó si la tarjeta estaba diseñada para que viniera “medio África, medio Sudamérica, medio mundo” a Madrid a vivir de la asistencia social, aclarando que no se opone a dar prestaciones si se necesitan, pero que hay que articular métodos para evaluar a quién se les da y qué se hace posteriormente.

La señora Alfaro respondió que la transparencia no es una percepción subjetiva, citando que el Ayuntamiento de Madrid ha obtenido el sello InfoParticipa por cumplir el 100% de sus indicadores de transparencia. InfoParticipa es una plataforma impulsada por un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Afirmó que cualquier ciudadano puede acceder a los datos de las ayudas, incluidas las tarjetas familia, en el portal de transparencia, donde hay un archivo desde 2019 hasta la actualidad, con el último mes de agosto de 2026, que se actualiza casi mensualmente. Este archivo recoge datos excepto el nombre de las personas beneficiarias, con dos columnas sobre si son personas físicas, españolas o extranjeras. Indicó la ruta: Portal de transparencia, economía y presupuestos, ayudas y subvenciones, datos de ayudas y subvenciones. Añadió que las tarjetas familia pasan por la intervención del Ayuntamiento, todos los gastos deben estar justificados, y la naturaleza es para alimentación, higiene y transporte, ampliado en el último año, señalando que quien no justifica no vuelve a tener la ayuda.

Posteriormente, la señora Cabello pidió por escrito los datos de la variable anterior, indicando que si los hubiera encontrado no los habría preguntado.

Oficinas de atención a inmigrantes: seguimiento del contrato y cifras de población

Continuó el punto número 8, pregunta número 2026/80.00.811, formulada por la concejala Aranza Cabello López, sobre las actuaciones de seguimiento y supervisión del contrato de gestión de las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento para la integración social de la población inmigrante, expediente 300/2022/00434.

La señora Cabello indicó que el contrato se firmó el 22 de diciembre de 2022 por un importe de casi un millón y medio de euros, que actualmente está en prórroga con 2,25 millones aproximadamente otorgados a una asociación. Cuestionó qué seguimiento se hace del contrato, afirmando que desde su grupo habían llamado por teléfono y no habían logrado contactar, lo cual es una de las prestaciones del contrato.

La directora general de Inclusión Social y Cooperación al Desarrollo respondió que la suma de ambos lotes asciende a 748.000 euros aproximadamente al año: el lote 1 con una oficina en la calle Juan Pantoja y el lote 2 con la oficina en la calle Vía Carpetana. Señaló que hay un seguimiento continuo y exhaustivo para verificar el cumplimiento del pliego. Sobre la justificación, indicó que de una población total en Madrid de en torno a tres millones y medio de vecinos, aproximadamente un 20% es población de origen inmigrante, lo que justifica la necesidad de información, asesoramiento y orientación en tres pasos: información, orientación y acompañamiento.

La señora Cabello precisó que había dado las cifras del contrato en total al ser de 24 meses más 24 meses. Indicó que los datos del portal de transparencia y los estadísticos demográficos señalan que casi uno de cada tres madrileños ha nacido fuera de España, no un 20%. Reiteró que le preocupa que se cumplan las prestaciones, asegurando que se ha estado llamando de manera insistente y nunca cogen el teléfono en ninguno de los centros, ni el del norte ni el del sur. Cuestionó si la oficina ha servido para atraer y regularizar a cientos de miles de inmigrantes, señalando que más de 300.000 han sido regularizados, y preguntó si se cumplió el requisito de informarles de que tenían que volver a casa o si han sido canalizados hacia ONGs y el proceso de regularización, afirmando que es evidente que el Ayuntamiento de Madrid participa en los procesos de regularización masiva.

La directora general de Inclusión Social y Cooperación al Desarrollo, señora Castaños, respondió que el contrato tiene seguimiento muy cercano con reuniones mensuales: en 2026 se han celebrado con fecha 29 de enero, 25 de febrero, 18 de marzo, 6 de mayo, 24 de mayo, 7 de julio, 19 de agosto, 28 de septiembre; la siguiente estaba prevista para el 21 de octubre, dentro de dos días, y el 4 de noviembre. Desde principios de año se establece un calendario de seguimiento para el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas, tanto en obligaciones de personal como en prestaciones. El contrato tiene un área de acogida de información, un área de formación en lengua española, el área de empleo y el área de convivencia. La información que se presta es la que requieren los usuarios, marcada por el principio de legalidad, siendo conocedores de sus derechos y obligaciones. Señaló que en las encuestas de satisfacción el servicio aparece puntuado por encima de ocho. A lo largo de 2025 se ha atendido a más de 28.000 personas con más de 40.000 atenciones, y no solo se presta información a personas de origen extranjero sino también a profesionales de los servicios sociales.

Apartamentos para mayores San Francisco: obras paralizadas por un recurso judicial

Tras un cambio en el orden del día por el concejal no adscrito, Francisco Javier Ortega Smith Molina, se abordó su pregunta sobre la situación de los residentes de los apartamentos municipales para Mayores San Francisco. El señor Ortega Smith indicó que las obras deberían haber tenido una duración de 14 meses, de octubre de 2024 a octubre de 2026, pero que la justicia ha paralizado uno de los desalojos, lo que está suponiendo más retrasos. Dijo que no quiere cuestionar los criterios técnicos sobre la necesidad de las obras y calificó de hipocresía lo que hace la izquierda, que según él cuando gobierna no hace las obras pero luego exige responsabilidades si hay accidentes, y que aplauden que se paralicen las obras cuando las hacen otros. Solicitó información sobre la situación de las obras.

La directora general de Mayores, señora Saavedra, respondió que a día de hoy, si cuatro personas no se hubieran negado a la reubicación, las obras estarían concluidas y el edificio de la calle Jerte número 1 estaría reformado. Se ejercitaron cuatro acciones judiciales para entrar en domicilio, obteniéndose tres autos favorables y uno no favorable, que ha sido objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, cuya decisión se está a la espera. Si la resolución es favorable, la persona que ocupa los apartamentos será reubicada y podrán comenzar las obras.

El señor Ortega Smith preguntó si se está haciendo seguimiento de los antiguos residentes, cómo se encuentran, si viven con familiares, cuántos están reubicados en servicios públicos, si están informados de la situación de las obras y cuándo se prevé que puedan regresar. Subrayó la necesidad de que las condiciones de habitabil