Comisión de Economía del Ayuntamiento de Madrid aprueba dictámenes con el voto favorable de PP y la abstención de Vox en tres puntos

La comisión permanente ordinaria del Pleno de Economía, Innovación y Hacienda celebró sesión el martes 20 de octubre de 2026 en el Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros. En el epígrafe de preguntas, la portavoz del Grupo Municipal Socialista cuestionó las campañas municipales de promoción del comercio de proximidad, afirmando que la última, con el eslogan “apoyar el comercio de proximidad está al alcance de tu mano”, “tiene toda la pinta de estar hecha con inteligencia artificial”. Según la concejala, el área gastó 1,28 millones de euros en publicidad el año pasado, y otras campañas como la del 8M y la del Orgullo estaban “bajo la sombra de la sospecha”. El delegado del área replicó que la oposición “pocas lecciones nos pueden dar” e indicó que el Gobierno municipal desarrolla una estrategia integral de fortalecimiento comercial con 95 millones de euros y 25 proyectos concretos.

La tasa de gestión de residuos generó un nuevo intercambio de reproches. La portavoz del Grupo Municipal Socialista afirmó que se trata del “tercer año de la tasa, tercer ordenanza novedosa”, con unos 300 euros de recibos por familia y una sentencia en contra que declaró nula la ordenanza de 2025, recurida por el Ayuntamiento. Según la concejala, hay “más de un millón de hogares” que no recurrieron y que están “obligados a promover que los vecinos y vecinas de Madrid recurran”. La delegada del área respondió que “se hubiera evitado todo esto con una ley en condiciones”, atribuyó la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez y señaló que la calculadora de la tasa ha registrado 313.000 visitas. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid criticó que la ordenanza de 2027 supone un aumento del 5%, con subidas del 16% en Villa de Vallecas, del 12,5% en Tetuán y del 12% en Carabanchel y Latina, y exigió diferenciar los residuos de vecinos de los de actividad turística. El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad indicó que el modelo busca mayor correspondencia entre quien genera residuos y quien asume el coste, y que la tasa no es un modelo cerrado.

Aprobación del acta y dictámenes

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía, Innovación y Hacienda se reunió el martes 20 de octubre de 2026 a las 12:30 horas en el Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, Plaza de la Villa número 4, en sesión presencial, correspondiente a la convocatoria 9-2026-57.

En el primer punto del orden del día, se sometió a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de septiembre de 2026 (sesión 8.2026.50). Adrián Sáenz votó a favor; Francisco Javier Ortega Smith Molina votó a favor; el Grupo Socialista votó a favor; el Grupo Más Madrid votó a favor; y el Grupo Popular votó a favor. El punto quedó aprobado.

En el epígrafe de dictámenes de asuntos con carácter previo a su elevación a pleno, el secretario indicó que por acuerdo de Junta de Portavoces los puntos 2, 3 y 4 se daban por leídos y se sometían directamente a votación. En el punto 2, Adrián Sáenz votó a favor; en los puntos 3 y 4, se abstuvo. Francisco Javier Ortega Smith Molina votó a favor en el punto 2 y se abstuvo en los puntos 3 y 4. El Grupo Vox no reservó el sentido del voto para el Pleno. El Grupo Socialista no reservó el sentido del voto para el Pleno. El Grupo Más Madrid reservó el sentido del voto para el Pleno. El Grupo Popular votó a favor en todos los puntos. Los puntos quedaron aprobados.

Comercio de proximidad y campañas publicitarias

En la parte de información, impulso y control, se abordó el punto 5, correspondiente a la pregunta número 2026-800796, formulada por la concejala Emma López Araujo, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la comisión, dirigida a la delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, sobre qué valoración hacía de las políticas municipales de promoción del comercio de proximidad y la artesanía local. El presidente dio por formulada la pregunta y cedió la palabra a José Antonio Romera para su contestación. Romera respondió que tenían una valoración positiva.

En su réplica, Emma López Araujo afirmó que una campaña publicitaria del Ayuntamiento de Madrid con el eslogan “apoyar el comercio de proximidad está al alcance de tu mano” tenía “toda la pinta de estar hecha con inteligencia artificial”. López Araujo señaló que el año anterior se habían gastado 1,28 millones de euros en publicidad desde el área, y criticó que en 2023 se hiciera una campaña sobre comercios y restaurantes centenarios “íntegramente con inteligencia artificial”, así como que la cartelería del Orgullo también estuviera bajo sospecha de haber sido generada con chat GPT. La concejala socialista añadió que la última convocatoria de ayudas para el relevo generacional preveía dos millones de euros pero quedó un millón y medio sin conceder. López Araujo concluyó pidiendo que se dejara “la creatividad a los creativos”.

José Antonio Romera, en su turno de contrarréplica, afirmó que “intentar dar lecciones con la campaña de la naranja pocha a sus espaldas, pocas lecciones nos pueden dar”. Romera indicó que había “más de 164 puestos en peligro y más de 30.000 empleos directos” en Sol, y destacó la “estrategia integral de fortalecimiento de la actividad comercial y hostelera de la ciudad de Madrid”, puesta en marcha en 2025, con “95 millones de euros, 25 proyectos concretos”, línea de apoyo al comercio de proximidad en 21 distritos y 131 barrios, la oficina técnica de apoyo normativo con COCEM, la plataforma “Todo Está en Madrid”, el plan de remodelación de ejes comerciales, el programa “Hecho en Madrid”, y “más de 100 convenios con entidades”. Romera afirmó que la inflación había subido “un 40% desde el año 2019” en términos de poder adquisitivo, y mencionó que el 29 de noviembre “quizás demos paso al sanchismo, finalmente”. El concejal del Grupo Popular concluyó que “cumplimos lo que decimos”.

Situación del centro de acogida San Isidro

El punto 6 correspondía a la pregunta número 2026-800797, formulada por la concejala Emilia Martínez Garrido, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la comisión, con el visto bueno de la portavoz del grupo, dirigida a la delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, sobre la situación de la plantilla municipal en el centro de acogida San Isidro. La delegada, Almudena Collado, tomó la palabra para responder. Collado calificó el centro como “la joya de la corona de nuestros servicios sociales”, con “una antigüedad de 80 años” y “el refugio más grande que tiene el Ayuntamiento de Madrid”, con servicio de 24 horas todos los días del año.

Emilia Martínez Garrido, en su réplica, afirmó que “las carencias estructurales de personal no se pueden resolver a costa del sobresfuerzo de los empleados públicos” y acusó al equipo de gobierno de no planificar ni cubrir los puestos. La concejala socialista indicó que la plantilla denunciaba haber superado los 12 festivos anuales previstos y reclamaba aclaraciones sobre servicios fuera de cuadrante. Martínez Garrido exigió tres medidas: convocar a las organizaciones sindicales, presentar un calendario para cubrir vacantes, y revisar la compensación de festivos con criterios transparentes.

Almudena Collado, en su contrarréplica, indicó que la plantilla había pasado de 97 puestos a 116, “un 20% más en crecimiento de plantilla”. Collado detalló que el plus de adiciones de 1.674 euros se incorporó al complemento específico de los auxiliares de servicios sociales; en 2025 se incrementó la retribución por nocturnidad de 142 a 196 euros, “un 40%”; y se incrementó el complemento específico del personal de enfermería en 2.000 euros. La delegada añadió que el plus de festividad estaba vigente desde 2026. En cuanto a nombramientos de interinos, Collado señaló que se pasó de 9 puestos en 2019 a 44, y que había pendientes el nombramiento de 8 auxiliares y 10 podólogos. Collado afirmó que la cobertura estaba “por cuatro puntos por encima del resto del Ayuntamiento de Madrid”.

Tasa de gestión de residuos y recursos

El punto 7 correspondía a la pregunta número 2026-800798, formulada por Emma López Araujo, dirigida a la delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, sobre qué medidas tenía previstas ante un posible incremento de recursos y reclamaciones relacionados con la tasa de gestión de residuos. La delegada, Gema Pérez Ramón, respondió que no sabían cuántos contribuyentes recurrirían, pero que se habían previsto medidas para reforzar la atención al contribuyente y procesos internos de tramitación de recursos, cuyo detalle daría en la segunda intervención.

Emma López Araujo, en su réplica, afirmó que era el “tercer año de la tasa, tercera ordenanza novedosa” y que hasta la fecha “ni tiene equidad ni tampoco aporta seguridad jurídica”. La concejala socialista indicó que habían sido “unos 300 euros de recibos para cada familia” y mencionó “una sentencia en contra” de la ordenanza de 2025, que el Ayuntamiento recurrió. López Araujo señaló que habían pasado siete meses sin resolución definitiva, y que parecía que solo se quería devolver el dinero a quienes recurrieron, dejando fuera al “más de millón de personas que confiaron en ustedes y que no recurrieron”. La portavoz socialista afirmó que se veían “obligados a promover que los vecinos y vecinas de Madrid recurran”.

Gema Pérez Ramón, en su contrarréplica, afirmó que todo se hubiera evitado “con una ley en condiciones”, y que “la ley quién la hizo: el Gobierno del señor Pedro Sánchez en cinco o seis días”. La delegada indicó que la calculadora de la tasa había tenido “casi 13.000… de 313.000 visitas”, que se habían reforzado las oficinas de atención integral contribuyente, dado productividad específica, cubierto con “blur de reemplazo” los 145 puestos más atractivos económicamente, y reforzado con 14 personas la Agencia para el Empleo. Pérez Ramón mencionó también un sistema de robotización para la carga automática de datos en SIGSA y la automatización de procedimientos.

Recaudación por multas de zona de bajas emisiones

El punto 8 correspondía a la pregunta número 2026-800824, formulada por el concejal no adscrito Francisco Javier Ortega Smith Molina, sobre qué aumento de la recaudación por multas relacionadas con la zona de bajas emisiones se contemplaba en los presupuestos de 2027 en comparación con 2026. Ortega Smith indicó que en 2024 se presupuestaron 211 millones y se recaudaron 239; en 2025 se presupuestaron 208 millones y se recaudaron 273; y en 2026 se presupuestaron 194 millones con estimaciones de 235 millones, “un aumento de más del 21%”.

Almudena Collado respondió que era la sexta vez que se trataba el tema, que el equipo de gobierno presupuestaría “con toda cautela y prudencia”, y que la cifra exacta se conocería cuando la aprobara la Junta de Gobierno. Collado señaló que no se tenía diferenciado lo correspondiente a zonas de bajas emisiones porque era un subconcepto donde iba toda la recaudación de multas de tráfico. La delegada indicó que las previsiones para 2027 se habían hecho teniendo en cuenta la mejora de infraestructuras viarias y una “cierta contención en las infracciones” por rebasar semáforos en rojo o hablar por el móvil. Collado comparó con los gobiernos anteriores, señalando que en 2017 la liquidación fue del 206%, en 2016 del 165%, en 2015 del 150%, en 2018 del 140%, y que la media desde 2020 era del 105%.

Francisco Javier Ortega Smith Molina, en su réplica, afirmó que “preferirían los madrileños es que ustedes se equivocaran en el presupuesto de recaudación de multas” y que el Ayuntamiento basaba “una parte importante del presupuesto de Madrid en la esquilmación a través de las multas del bolsillo de los madrileños más necesitados”. El concejal no adscrito calificó la recaudación como “la más regresiva que se puede aplicar” y mencionó el “aumento del combustible” y el transporte público “absolutamente masificado”.

Subvenciones a sindicatos

El punto 9 correspondía a la pregunta número 2026-800830, formulada por una concejala del Grupo Vox, sobre si se mantendrían las subvenciones que se otorgan desde el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos a las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras. La concejala de Vox indicó que desde que entró Vox al Ayuntamiento de Madrid, todos los años, incluidos los presupuestos de 2021 que se negociaron, siempre había tenido el mismo discurso.

La concejala Aranza de Purificación Cabello López, portavoz del Grupo Municipal Vox, preguntó por qué se deben pagar subvenciones a las centrales sindicales, afirmó que estos sindicatos no representan a los trabajadores y calificó dichas ayudas de “chantaje” y “mordida”. Cabello López sostuvo que UGT y Comisiones Obreras son “claramente terminales políticas de la izquierda del Partido Socialista”, añadió que desde que Vox gobierna en Castilla y León se han conseguido reducir las subvenciones a los sindicatos, y detalló que existe una subvención de 57.960 euros para defender derechos y garantías sindicales en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, tanto a UGT como a Comisiones Obreras.

La delegada del área, Almudena Maíllo del Valle, respondió que las subvenciones no son ninguna mordida, sino ayudas establecidas para que los sindicatos ejerzan funciones atribuidas constitucionalmente y por la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985, en concreto en materia de representatividad de empleados públicos, estrategia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid y colaboración sectorial para la seguridad y salud en el trabajo, esta última con labor de vigilancia de las obras que licita el Ayuntamiento. Maíllo del Valle afirmó que mantendrán estas subvenciones en el presupuesto del año próximo, que no han subido la cuantía desde 2019 en la parte de función pública, que sigue siendo idéntica, y que no han incrementado las subvenciones como el Gobierno central, que según ella ha subido un 260% las subvenciones a UGT y Comisiones. Añadió que la Agencia para el Empleo tampoco ha subido las cuantías desde 2021, reivindicó que los sindicatos se dediquen a sus funciones y que el Gobierno y la oposición se dediquen a la política, y señaló que mantendrán los acuerdos firmados bajo el principio pacta sunt servanda.

Reclamaciones de la tasa de residuos

Posteriormente, Cabello López planteó una pregunta sobre la tasa de residuos correspondiente al ejercicio 2025, afirmando que está vinculada directamente al valor catastral en su máximo nivel y que el palo es “monumental”. Indicó que el año anterior se reclamaron muchos recibos, que Vox promocionó unos modelos de recursos que ahora el Partido Socialista copiaría, y preguntó por el estado de tramitación de las reclamaciones.

El delegado José Canal respondió que a 30 de septiembre se van a recibir en la ATM (Agencia Tributaria de Madrid) 93.550 escritos relacionados con reclamaciones económico-administrativas contra liquidaciones de la tasa de gestión de residuos de 2025, que tras depuración de duplicidades, errores e incidencias se han generado 88.325 expedientes de reclamaciones activas, de los cuales se han remitido 2.158 al Tribunal Económico-Administrativo. Canal explicó que se ha parado por prudencia el envío al TEAM hasta que la sentencia anulatoria cobre firmeza, tras haberse admitido el recurso de casación, para evitar una carga administrativa adicional a los reclamantes. Precisó que hay dos ordenanzas: la de 2025, cuya ordenanza fue anulada por el TSJ, se recurrió en casación y se ha admitido, lo que en torno al 15% de los casos indica que merece la pena que el tribunal se pronuncie; y la de 2026, que ha sido recurrida pero no está suspendida, se han denegado las suspensiones, no hay sentencia y no son extensibles los vicios formales de la anterior. Canal afirmó que no hay pronunciamiento sobre el fondo de la tasa, calificó de “irresponsabilidad” decir que es una tasa nula con devoluciones masivas, y señaló que en la contestación a la demanda de este año se ha incorporado una fundamentación de inconstitucionalidad de la norma estatal que impone la obligación a los ayuntamientos, pidiendo al TSJ que lo remita al Tribunal Constitucional.

Cabello López replicó que no se están tramitando las reclamaciones, que hay un déficit, que calculan unos 40.000 recursos pendientes de resolución a través de su modelo, que han vuelto a recurrir la segunda ordenanza porque sigue siendo un “atraco” y un “maquillaje”, y que espera que no se vuelva a subir los impuestos. Preguntó si los vecinos van a recibir una resolución y señaló que hay tramitaciones que deberían devolverse de manera inmediata, como los garajes de uso industrial que son de uso residencial.

Acampada en la Puerta del Sol

En el punto 11, Cabello López formuló la pregunta número 2026-800833 sobre si el área de gobierno está valorando el impacto de la acampada de la Puerta del Sol en los comercios y negocios del entorno y la adopción de medidas para paliar sus posibles efectos. Cabello López afirmó que la acampada tiene un interés “puramente político y electoral”, que está animada por la delegación de gobierno, que supone la usurpación del derecho a disfrutar del espacio público, que el entorno es “invivible” por el olor “nauseabundo”, y que además de usurpar derechos afecta al derecho de los comerciantes a sobrevivir.

La delegada Inmaculada Sanz Otero, que respondió en ausencia de la titular, manifestó estar plenamente de acuerdo, afirmó que se están usurpando los derechos al resto de ciudadanos y que no entiende por qué todos los concejales consideran que los derechos de los acampados son mayores que los de los demás madrileños. Sanz Otero señaló que se ha cerrado el metro por estar lleno de orines y restos orgánicos, que desde el minuto uno el Ayuntamiento ha estado con los comerciantes y hosteleros, que los próximos puentes suponen el 80% de facturación de los comerciantes y hosteleros de la Puerta del Sol, y que tomarán las medidas necesarias para paliar los efectos negativos. Precisó que según la Ley Orgánica 4/1983 y la Ley Orgánica 9/2015 que regula el derecho de reunión, la competencia por razones de orden público es de la delegación del Gobierno, que a su juicio está haciendo una dejación de funciones, y pidió al delegado del Gobierno que haga cumplir la ley.

Cabello López replicó que la responsabilidad máxima es del delegado del Gobierno pero que el Ayuntamiento también puede hacer cosas desde la normativa municipal, que se debería haber cortado desde el principio, que se están incumpliendo ordenanzas de salubridad, acampada en vía pública y ruidos, y que se debería explorar la posibilidad de cubrir las pérdidas de los comerciantes y exigir responsabilidades personales. Cabello López citó que según COCEM ya se han producido pérdidas de 25 millones de euros y propuso buscar a los responsables para exigir ese dinero.

Sanz Otero, en un turno de 30 segundos, indicó que mañana la vicealcaldesa informará de las cartas enviadas por el delegado del Gobierno con información de policía, bomberos e infracciones de ordenanzas, y que en el ámbito de competencia municipal hay que esperar a que se levante la acampada para evaluar los daños y buscar mecanismos para ver la afección a cada negocio y adoptar medidas conjuntas.

Repercusión de impuestos a inquilinos

En el punto 12, la concejala Sara Ladra Álvarez, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, formuló la pregunta número 2026-800833 —posteriormente rectificada en su intervención como referida al Real Decreto Ley 29/2026— sobre si se tiene pensado reflejar en las ordenanzas fiscales de 2027 las restricciones del Real Decreto Ley 26/2026 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, relativas a la prohibición de atribuir a los inquilinos los impuestos asociados a la vivienda. Ladra Álvarez preguntó si van a seguir negándose a aplicar la ley como hicieron con la ley estatal de vivienda o van a aplicar el real decreto que prohíbe repercutir a los inquilinos cualquier impuesto vinculado a la vivienda.

La delegada Marta Hidalgo respondió que no lo va a incluir en la ordenanza municipal.

Ladra Álvarez, en su réplica, afirmó que el precio de los alquileres ha aumentado un 43% de media y el de compra un 73% desde que gobiernan, que los madrileños se dejan el 71% del sueldo bruto en pagar el alquiler, que en 17 de los 21 distritos el porcentaje dedicado al alquiler supera el umbral de sostenibilidad del 30% de la renta, que no han cerrado los 15.200 pisos turísticos ilegales que el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy identificó cuando solo tenían 1.131 licencias concedidas, que el Real Decreto Ley 29/2026 está en vigor desde el 8 de octubre de 2026, que prohíbe atribuir a arrendatarios cualquier impuesto, tasa, canon, contribución especial u otros conceptos análogos vinculados a la vivienda, y que no han incluido las modificaciones oportunas en las ordenanzas fiscales de 2027 para impedir que los propietarios trasladen la tasa de basuras o el IBI. Ladra Álvarez añadió que en 2027 el recibo de basuras aumentará 11,84 millones más que en 2026, cuando ya fueron 8 millones más en 2026 respecto a 2025, y que los regalos fiscales suponen ahorros de más de 500 euros para los vecinos del barrio de Salamanca y menos de 30 euros para los de Villaverde.

Hidalgo, en su contestación, afirmó que la norma que se puede modificar es la ley de contratos urbanos, donde antes se permitía que inquilino y propietario negociaran quién pagaba los impuestos y ahora se va a dejar de permitir, pero que no es algo que pueda modificarse en una ordenanza. Hidalgo acusó a Ladra Álvarez de decir cosas que no son verdad, señaló que con el marco de la Ley de Haciendas Locales no puede tenerse en cuenta las condiciones personales para la progresividad, y afirmó que la población en España ha crecido 3.200.000 personas, se han creado 1,2 millones de hogares nuevos, que hasta 2015 se hacían entre 250.000 y 400.000 viviendas al año y desde entonces unas 85.000, que la legislación estatal de vivienda ha hecho que se reduzca un 44% las ofertas de viviendas en alquiler, que en los cuatro días que estuvo vigente el decreto se redujeron 4.000 viviendas en la oferta de alquiler en Madrid, que en Madrid hay 143 personas por cada vivienda en alquiler y en Barcelona más de 400, y que en el Ayuntamiento de Madrid están llevando a cabo una política de oferta importante con la adición de 5.000 viviendas.

Tasa de residuos y turistificación

En el punto 13, Ladra Álvarez formuló la pregunta número 2026-800835 sobre si tiene pensado incluir alguna modificación en la ordenanza fiscal de la tasa de gestión de residuos de 2027 para evitar que los vecinos de los barrios que más sufren la turistificación paguen por los residuos que generan.

La delegada Elena Pérez Ramón respondió que el objetivo, según la ley, es que cada vez exista mayor correspondencia entre quien genera los residuos y quien asume su coste, y que la tasa no es un modelo cerrado, anunciando que en su segunda intervención detallaría los cambios incorporados.

Ladra Álvarez, en su réplica, afirmó que ya van tres ordenanzas, que en 2025 sabían que el Tribunal Superior de Justicia la iba a declarar ilegal y así fue, que desde Más Madrid ganaron el recurso de 2025 y ganarán el de 2026, que siguen sin devolver ni un euro recurso tras recurso, que el “tasazo de Almeida” aumenta un 5% este año, que en Villa de Vallecas ha aumentado un 16%, en Tetuán un 12,5%, en Carabanchel y Latina un 12%, que los barrios del sur y este se limpian una cuarta parte que los del norte, que en 2027 los kilos de residuos recogidos aumentan un 6% pero el número de personas empadronadas baja un 2%, que en el barrio de Sol computan 917 kilos de residuos y en Embajadores solo 194 con seis veces más personas empadronadas, y pidió que retiren la ordenanza, revisen el coste del servicio, corrijan los errores por volumen de residuos por barrio, diferencien los residuos de vecinos de los de actividad turística y hostelera o comercial, e incluyan medidas de progresividad por niveles de ingresos y vulnerabilidad como familias monoparentales o personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional.

La delegada Pérez Ramón, en su segunda intervención, afirmó que la ordenanza de 2025 no es nula, sino que está en recurso de casación, y que, según había indicado su compañero José, solo admite un 15%. Pérez Ramón pidió que no se desinforme calificando la tasa de ilegal o nula, y señaló que las alegaciones se incorporan cuando se considera oportuno tras leerlas. En cuanto a los efectos de la turistificación, explicó que los kilos por habitante en toda la ciudad son datos objetivos remitidos por los responsables de limpieza, que este año se han desagregado a nivel de barrio —una novedad— y que se refieren a todos los usos y residuos. A partir de ahí, se distinguen los generados por actividades económicas y los de residentes, con una actualización anual mediante resolución en marzo. Pérez Ramón destacó que el barrio del Sol y el distrito Centro presentan peculiaridades: más viviendas turísticas, baja densidad de población empadronada y valor catastral medio superior a la media, dado que el valor del suelo en el centro de Madrid es más alto. Afirmó que el Ayuntamiento no quiere que los vecinos de esos barrios paguen los residuos que generan los turistas, y que parte de esos residuos se generan en espacios públicos cuyos costes de limpieza viaria no se han incluido en la tasa. Precisó que los kilos generados en la cuota total suponen un 15 o un 17% de la misma, y que con este modelo se busca una mayor correspondencia entre quien genera los residuos y quien asume el coste, lo que obliga a una nueva ordenanza este año. Finalizó señalando que la tasa no es un modelo cerrado, y dirigió a Ladra Álvarez una pregunta sobre si no le sería de mayor utilidad colaborar a levantar una acampada que, según dijo, molestaba bastante a los vecinos del centro.

Salarios de servicios externalizados

En el punto 14, la concejala Sara Ladra Álvarez formuló la pregunta número 2026-800840 sobre si considera oportuno dotar en el proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid de 2027 los recursos necesarios para garantizar el incremento de salarios de los servicios municipales externalizados. Tras una breve intervención de Marta Hidalgo en la que afirmó que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que los contratos públicos se presupuestan adecuadamente, tomó la palabra una concejala del Grupo Más Madrid cuyo nombre no consta en el fragmento.

La concejala de Más Madrid comenzó señalando que tener un trabajo no siempre es sinónimo de no ser vulnerable. Citó un informe de Oxfam Intermón conocido esa semana según el cual la pobreza laboral afecta en España a 2,2 millones de personas, cifra que aumenta en 770.000 cuando se añade el coste de la vivienda. En Madrid, precisó, la pobreza laboral pasa del 7,29% al 12,73% cuando se incluyen los costes residenciales, afectando más a inquilinos que a propietarios, a personas migrantes de fuera de la Unión Europea, y a trabajadores de los sectores de cuidados, trabajo doméstico, hostelería y agricultura. La concejala indicó que desde Más Madrid se ha pedido en varias ocasiones que el Ayuntamiento use la contratación pública para dignificar las condiciones laborales de quienes prestan servicios públicos externalizados, especialmente en salario, pero que el gobierno municipal se ha excusado continuamente tras criterios jurídicos dudosos. Más Madrid aboga por un salario mínimo municipal de 1.500 euros al mes para todas las personas contratadas externamente por el Ayuntamiento, algo que también les han negado. Añadió que no solo se niegan a mejoras salariales que podrían incluirse en los criterios de adjudicación, sino que mediante lo que calificó de filibusterismo han negado a trabajadoras de servicios como el de ayuda a domicilio o las escuelas infantiles el reconocimiento de los salarios negociados en los últimos convenios colectivos, prorrogando sus contratos hasta dos años en el caso de las