El Gobierno aprueba un decreto ley que amplía la protección de la Seguridad Social a mujeres en menopausia y víctimas de violencia de género

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley de Mejora de la Acción Protectora de la Seguridad Social que incorpora dos nuevas situaciones de incapacidad temporal: para mujeres con patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y para trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. Ambas contarán con protección desde el día siguiente a la baja, con el 60% de la base reguladora desde el primer día y el 75% a partir del día 20, según explicó la ministra portavoz del Gobierno. El texto también asimila a accidente de trabajo la incapacidad por acontecimientos catastróficos —medida aplicable a situaciones como la DANA en Valencia—, mejora la prestación CUME para familias con menores con cáncer, facilita la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y triplica hasta 300 euros el anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

En materia de vivienda, el Ejecutivo ha destinado 180 millones de euros para municipios con zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias, y 45 millones para alojamientos asequibles para la comunidad universitaria, que podrían generar unas 2.000 plazas en siete universidades públicas, según detalló la ministra de Vivienda. Por su parte, el ministro de Agricultura explicó las ayudas por los incendios de 2024, que afectaron a unas 270.000 hectáreas, y anunció una conferencia sectorial para transferir 50,1 millones de la Reserva de Crisis de la Comisión Europea. Sobre la negociación de la Política Agrícola Común, la portavoz subrayó que España cuenta con el respaldo de las 17 comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y Copa-Cogeca, y defendió un presupuesto sustantivo, una PAC plenamente europea y flexibilidad para las comunidades autónomas, además de rechazar una cofinanciación que pudiera romper el mercado único.

Apoyo a las víctimas de la Dana y situación en Ceuta

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, inició la rueda de prensa trasladando el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo a las personas afectadas por la Dana en la Comunidad Valenciana, expresando el pesar por las víctimas mortales y reconociendo el trabajo de los servicios de emergencia.

Alegría detalló el informe de situación de la ciudad autónoma de Ceuta, con datos actualizados al 19 de octubre, y anunció que ella misma se desplazaría al territorio al día siguiente, junto con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, para presidir un nuevo comité especializado de situación. Según la ministra, el pasado domingo se produjo una nueva operación de desalojo en distintos espacios de la ciudad, incluidas las zonas de la playa del Trampolín y del Guano, la barriada Poblados Regulares, la esplanada del Tarajal, las naves de Tarajal y el entorno del centro de estancia temporal del CETI.

Alegría indicó que desde el 10 de agosto han regresado a Marruecos un total de 12.705 personas, de las cuales 12.142 corresponden a retornos voluntarios y 536 a expulsiones, y que hay habilitadas 7.477 plazas en recursos temporales por la Administración General del Estado. En cuanto a menores, precisó que hay 3.331 atendidos en el sistema de protección autonómico, de los cuales 107 han sido reubicados en la península por reagrupación familiar y 181 en otras comunidades autónomas por aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, además de 63 expedientes remitidos a Marruecos. En materia de seguridad, se han realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas con 5.237 efectivos desplegados. La asistencia a clases en los colegios de Ceuta se mantiene en torno al 90%, dentro de la normalidad según la ministra, y el 83% de los migrantes en recursos están vacunados, con 100 de las 211 camas hospitalarias ocupadas, 20 de ellas por personas migrantes.

Real Decreto-Ley de Mejora de la Acción Protectora de la Seguridad Social

Alegría explicó que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley de Mejora de la Acción Protectora de la Seguridad Social, fruto de meses de diálogo social y escucha activa a asociaciones. La norma incorpora dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal: para las mujeres con patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y para las trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar, en ambos casos con protección mayor que la incapacidad temporal de contingencia común desde el día siguiente a la baja, sin periodo de carencia, y con prestación económica calculada aplicando el 60% de la base reguladora hasta el día 19 y el 75% a partir del día 20. La ministra destacó que más de 10 millones y medio de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social.

El decreto también mejora la cobertura de incapacidad temporal para personas afectadas por acontecimientos catastróficos, asimilando la situación a la derivada de accidente de trabajo con mejoras en contingencia profesional, medida que según Alegría se podría aplicar ya a situaciones como las de la Comunidad Valenciana, tanto para trabajadores por cuenta ajena como autónomos.

En otro apartado, la ministra detalló que el texto mejora la prestación CUME para familias con menores con cáncer u otras enfermedades graves, permitiendo que ambos progenitores reciban la prestación de forma alternativa o simultánea, y amplía la cobertura más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga dependencia de grado 3 o discapacidad igual o superior al 65%. El decreto facilita el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia aunque no estén inscritas en el registro, equiparando a estos convivientes con matrimonios y parejas de hecho inscritas, e incorpora una ventana temporal de un año para potenciales beneficiarios por fallecimientos pasados que hubieran reclamado previamente.

Asimismo, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la mujer se produzca por violencia contra la mujer por un importe equivalente al doble del salario mínimo interprofesional vigente, medida que según Alegría está contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este punto, la ministra agradeció el trabajo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presente en la rueda de prensa, y afirmó que “esto es lo que hace una política responsable frente a los negacionistas de la violencia de género”.

El decreto también equipara las indemnizaciones percibidas por víctimas del terrorismo con sentencia penal a las que no la tienen, tanto por lesiones incapacitantes como por fallecimiento en pensiones a familiares, actualizando los importes en la misma medida que la orfandad en casos de violencia contra las mujeres. Por último, se triplica el anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasa de 100 a 300 euros mensuales, ampliando el periodo de percepción de los actuales 18 meses hasta la extinción de la obligación.

Vivienda asequible y ayudas al sector agrario

Alegría anunció además la aprobación de dos medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible: 180 millones de euros para reforzar la promoción de vivienda en municipios con zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña, Navarra, Euskadi, Galicia y Asturias; y 45 millones de euros para impulsar alojamientos asequibles para estudiantes y la comunidad universitaria, que detallaría la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. El Consejo de Ministros aprobó también 9 millones de euros en ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios de 2024 que tenían contratada póliza de seguro agrario, y autorizó la distribución territorial de 19 millones de euros para programas de lucha y erradicación de enfermedades animales.

Incendios de 2024 y negociación de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, detalló que los incendios de 2024 han afectado aproximadamente a 270.000 hectáreas en total, de las cuales 60.000 son terrenos agrarios, con 42 grandes incendios de más de 500 hectáreas. La medida eleva la cofinanciación de la prima del seguro agrario hasta el máximo legalmente admisible por la Comisión Europea del 70% del importe, y este año se han desembolsado ya 344 millones de euros de apoyo al seguro agrario combinado. Las compensaciones por daño no indemnizado, la franquicia, establecen 3.500 euros por hectárea en frutales, 1.900 euros por hectárea en cítricos, 450 euros por cabeza de ganado bovino y 120 euros por colmena en apicultura, con un crédito máximo de 9 millones de euros.

Planas anunció también que al día siguiente mantendría una conferencia sectorial con los consejeros autonómicos para transferir 50,1 millones obtenidos de la Reserva de Crisis de la Comisión Europea, como ayuda suplementaria a los 665 millones de euros desembolsados en ayuda a fertilizantes. La segunda medida aprobada son 19,1 millones de euros para las comunidades autónomas en sanidad animal, concretamente para tuberculosis bovina, dermatosis nodular, gripe aviar y vacunación de lengua azul.

El ministro detalló la postura del Gobierno de España en la negociación de la Política Agrícola Común (PAC), sostenida —según afirmó— por las 17 comunidades autónomas, las cuatro organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y la organización europea Copa-Cogeca, que hizo público un comunicado el pasado sábado. Planas indicó que España defiende tres cuestiones: un presupuesto sustantivo para el sector primario, una PAC “plenamente europea” con instrumentos en los 27 Estados miembros y flexibilidad para las 17 comunidades autónomas que la aplican, y evitar una cofinanciación que pudiera romper el mercado único. El ministro calificó la propuesta de la Comisión Europea de “insatisfactoria” y afirmó que esperan conseguir un resultado “de forma unánime”.

Planas informó de que el Gobierno ha aprobado 1.174 millones de euros hasta la fecha para hacer frente al incremento de costes de producción: 159 millones en apoyo al gasóleo agrario, 665 millones para fertilizantes —de los cuales ya se han ejecutado 505 millones que han beneficiado a 255.000 agricultores y ganaderos—, 300 millones en créditos ICO, MAPA y SAECA, y 50 millones de gasóleo para el sector pesquero. Según el ministro, esta cifra “más que duplica” la de Alemania, que se sitúa en unos 500 millones de euros, y “cuadruplica” la de Francia e Italia, que rondan los 250 millones. Estas ayudas, precisó, están sometidas a autorización de la Comisión Europea como ayudas de Estado. Planas añadió que, además de la PAC, la modernización de regadíos, la ayuda al seguro agrario y la agricultura de precisión, el Ejecutivo ha aprobado en los últimos años más de 10.000 millones de euros en apoyos por eventos extraordinarios.

Planes estratégicos de vivienda y alojamientos universitarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó los dos acuerdos de su departamento. El primero, subvenciones directas de 180 millones de euros a comunidades autónomas para planes estratégicos en zonas de mercado residencial tensionado, priorizando la promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler social o asequible, la adquisición de suelos, el desarrollo y urbanización de suelo, la compra de viviendas en el mercado libre para pasarlas a precio asequible, y la cobertura de avales o seguros para jóvenes. Rodríguez señaló que hay 317 municipios declarados en todo el país, que afectan a más de 9 millones de personas, concentrados principalmente en Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y Galicia, con dos municipios en esta última comunidad: A Coruña y Santiago de Compostela.

El segundo acuerdo son 45 millones de euros para la construcción de alojamientos para la comunidad universitaria, con unos 2.000 plazas estimadas, mediante proyectos seleccionados de universidades públicas: la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Burgos, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Jaén y la Universidad de Lleida.

Negociaciones del PP con Vox, salario mínimo y relaciones internacionales

Durante el turno de preguntas, una periodista preguntó a la ministra portavoz sobre la confirmación de Feijóo de que su partido está en negociaciones con Vox para buscar una mayoría en el Senado; si el Gobierno teme un nuevo tirón de orejas de la Junta Electoral Central por el decreto ley presentado, tras la sanción al presidente Sánchez con los decretos de vivienda; si subirán el salario mínimo interprofesional antes o después de las elecciones y si pueden hacerlo en este periodo; si las declaraciones del ministro Óscar Puente sobre el presidente argentino Javier Milei contribuirán a empeorar las relaciones bilaterales; y qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llame coro rociero a los huelguistas.

Alegría respondió que por respeto máximo a la Junta Electoral no podía hacer manifestaciones sobre posibles acuerdos del Partido Popular con Vox ni sobre lo que se dice en los mítines. Sobre el salario mínimo interprofesional, indicó que la comisión de expertos se reunió el 8 de octubre, tiene tres semanas para hacer sus recomendaciones, y que “mientras este gobierno de progreso siga al frente del Ejecutivo, el salario mínimo interprofesional va a seguir subiendo”, añadiendo que las subidas de los últimos años se han producido “sin la concurrencia de la patronal”. Sobre las manifestaciones, afirmó ser “absolutamente respetuosa con este derecho” y compartir la reivindicación de proteger la educación pública, y consideró “absolutamente irresponsable y una barbaridad” que Ayuso haya llamado “coro rociero” y “violentos” a los profesores.

Protestas agrícolas y futuro político de Planas

Otra periodista preguntó al ministro Planas sobre la convocatoria de protestas de agricultores para el 28 de octubre, qué más puede hacer el Gobierno para contener la subida de costes en el campo, y por qué ha decidido no ir en las listas por Córdoba. Planas respondió que el derecho de manifestación debe ejercerse por cauces pacíficos, y situó que según datos de Eurostat de 2023, 2024 y 2025, la renta agraria de España es la primera de la Unión Europea, aunque reconoció que hay situaciones muy diversas. Señaló como grandes preocupaciones la negociación de la Política Agrícola Común, superior a 6.000 millones de euros anuales para España, y afirmó que en España “estamos unidos en torno al tema”.

Sobre su futuro político, Planas afirmó que su decisión es “estrictamente personal”, que está “plenamente comprometido” con su partido y que le preocupa la negociación de la PAC y la política pesquera, “de aquí a final de año”.

Margen fiscal, pensiones, Puerta del Sol y huelga de vivienda

Un periodista preguntó sobre el margen fiscal del Gobierno, si el PNV está de acuerdo con el decreto ley para su aprobación en la Diputación Permanente, las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un “agujero” en las pensiones, el cierre de la estación de Puerta del Sol por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la huelga por la vivienda convocada por los sindicatos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, respondió sobre las movilizaciones sindicales manifestando el “absoluto respeto” por su decisión, al tratarse del ejercicio de un derecho constitucional. Rodríguez afirmó que entiende que los trabajadores estén preocupados porque “los salarios se absorben por las rentas del alquiler” y consideró justificada la movilización. La ministra indicó que el Ministerio de Vivienda, que “no existía hace tres años”, ha destinado más de 225 millones de euros en los presupuestos para atender circunstancias que empeoran el acceso a la vivienda, y recordó el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con las comunidades autónomas. Sobre la regulación en rango de ley, señaló que “esta legislatura se ha complicado las mayorías en el Parlamento”, lo que se evidenció en la no aprobación del real decreto-ley de vivienda que se envió al Parlamento para su convalidación en la Diputación Permanente y que “ha originado la convocatoria electoral”. Rodríguez afirmó que el presidente del Gobierno decidió “que hablen los españoles y que hablen las españolas”.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondió sobre el decreto ley que viene de “meses de trabajo, del diálogo social” y que demuestra que es compatible “el no dar un paso atrás en derechos” con “una manera de gobernar con responsabilidad y rigor fiscal” y “unas cifras macroeconómicas que están siendo muy positivas”. Sobre las declaraciones de Feijóo, Alegría afirmó que el líder del PP es “un especialista” en “agujeros en el bolsillo de los pensionistas”, recordó que cuando el PP gobernaba “congelaban las pensiones con esas subidas pírricas del 0,25%” y que la hucha de las pensiones quedó “prácticamente a cero, apenas 5.000 millones de euros”. En contraste, afirmó que el Gobierno actual tiene un compromiso con la revalorización de las pensiones acorde al IPC y que la hucha terminará 2026 “con en torno a 20.000 millones de euros”. Sobre la seguridad en la Puerta del Sol, Alegría indicó que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los tribunales de justicia “establecer, catalogarlas, calificarlas” las razones de seguridad en torno al derecho de manifestación.

Coste de las medidas, bonificaciones de vivienda e inmigrantes en Ceuta

Otro periodista preguntó a la portavoz por el coste de las medidas anunciadas y su financiación, a la ministra de Vivienda por las bonificaciones para propietarios de viviendas en alquiler, y sobre Ceuta por cifras aproximadas de inmigrantes que estarían ocultos según el Gobierno de la ciudad autónoma.

Rodríguez explicó que las bonificaciones llegan hasta el 100% por bajada de precio del alquiler, frente al 90% previsto en la ley de vivienda y al 50% actual, con una escala que “premia al que baja” y “castiga al que sube el precio”. Sobre el coste fiscal, indicó que “dependerá de las cuantías” y de las solicitudes, y que hay una estimación en la memoria de impacto normativo que no tuvo a mano pero que podría aportar.

Alegría respondió que el Gobierno incorpora una memoria económica a todas las medidas y que podría compartir el desglose tras la rueda de prensa. Afirmó que los presupuestos prorrogados permiten acometer este tipo de normas. Sobre Ceuta, indicó que hay 12.142 retornos voluntarios y más de 7.000 plazas en recursos temporales habilitados, lo que está permitiendo despejar los espacios públicos, y mencionó una operación el domingo en algunos barrios.

Relaciones con el Gobierno de Ceuta

Un periodista preguntó sobre las relaciones con el Gobierno de Ceuta tras el anuncio de este de presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra la “inactividad” del Estado para tramitar expedientes de inmigrantes.

Alegría afirmó que el Gobierno actúa con “lealtad institucional y colaboración entre administraciones” y que ha contestado “de manera denegatoria” un requerimiento de la ciudad autónoma, ya que el planteamiento de inacción es contrario a los resultados presentados “semanas tras semanas” bajo la dirección del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del mando único.

Cumbre de París, acuerdos PP-Vox y subida del SMI

Otro periodista preguntó a la portavoz si su presencia en la cumbre sobre migración de París en noviembre estaba confirmada, si compartía la reflexión de Feijóo de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox aprueban medidas que no van contra la Constitución ni los estatutos, y si descartaba subir el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones.

Alegría respondió que el Gobierno trabaja por el multilateralismo y las buenas relaciones con los países, sin confirmar su asistencia a la cumbre. Sobre los acuerdos entre PP y Vox, indicó que no podía pronunciarse desde la mesa del Consejo de Ministros, pero sugirió preguntar a entidades como Cruz Roja cómo reciben los acuerdos de “prioridad nacional” que reducen sus fondos para atención a la población inmigrante. Sobre el SMI, recordó que se convoca la comisión de expertos a instancias de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y reiteró que “mientras este Gobierno de progreso esté al frente del Ejecutivo, el SMI va a seguir subiendo”.

Aplicación de la ley de amnistía

Un periodista preguntó por la aplicación definitiva de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo, que extingue la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, levantando su inhabilitación.

Alegría afirmó que el Gobierno ha defendido siempre que la ley de amnistía es “plenamente constitucional” y respeta el derecho europeo, y que no pueden “sino celebrar su aplicación en su totalidad”. La portavoz consideró que supone “más convivencia, mejor convivencia” y “mejor aplicación de las políticas para mejorar la vida” de la ciudadanía en Cataluña.