Comisión de Obras y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid: cruce de acusaciones sobre equipamientos, desahucios y rehabilitación

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda, sesión 9-2026-58, celebrada el miércoles 21 de octubre de 2020, abordó diversas cuestiones relativas a la gestión municipal en materia de vivienda, equipamientos y contratos. El acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de septiembre de 2026, fue aprobada por unanimidad con los votos favorables del Grupo Vox, el Grupo Socialista, el Grupo Más Madrid y el Grupo Popular.

En el apartado de preguntas, el portavoz del Grupo Municipal Socialista formuló dos cuestiones. La primera, referida a los equipamientos públicos previstos para las 220.000 viviendas anunciadas por el delegado de Políticas de Vivienda, fue respondida por la delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, quien afirmó que desde su área se trabaja de manera continuada para dotar de servicios a los vecinos. Según la delegada, se han iniciado más de 108 equipamientos en siete años, frente a los 11 terminados en cuatro años por la anterior gestión, con una inversión de más de 100 millones de euros en 18 equipamientos concluidos en desarrollos urbanísticos. El portavoz socialista, en su réplica, sostuvo que anunciar viviendas sin programar servicios es trasladar problemas, y citó que el 53% de la población madrileña no tiene una piscina pública de verano a 15 minutos caminando, el 36% carece de un centro deportivo municipal, el 42% de una biblioteca y el 51% de un centro de servicios sociales.

La segunda pregunta del portavoz socialista versó sobre las razones que fundamentan la decisión del Gobierno municipal de dejar de reclamar aproximadamente 112 millones de euros por los costes de electricidad de la M-30. La delegada negó que se haya renunciado a la reclamación, indicó que las últimas reclamaciones se enviaron en septiembre de 2025, y explicó que se ha solicitado un informe de asesoría jurídica para dirimir la interpretación contractual. El concejal socialista que formuló la pregunta en sustitución, en su réplica, comparó los 112 millones con el presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para 2026, que asciende a 174,46 millones de euros, y señaló que Madrid tiene más de 78.000 familias que necesitan una vivienda pública.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox preguntó por la tercera reforma integral de la calle del Príncipe en cinco años. La delegada explicó que las reparaciones anteriores, ejecutadas en garantía sin coste para el Ayuntamiento, resultaron insuficientes debido a las condiciones de la vía, y que la actual intervención incorpora una nueva técnica constructiva con base de hormigón que se espera sea definitiva.

Aprobación del acta y orden del día

El acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de septiembre de 2026 (sesión 8/2026/51), fue aprobada por unanimidad con los votos favorables de los grupos de Ortega, Vox, Socialista, Más Madrid y Popular. Respecto al epígrafe A, relativo a dictámenes de asuntos con carácter previo de su elevación al Pleno, el secretario indicó que no se había presentado ningún asunto. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se alteró el orden del día y el punto número dos se sustanció en último lugar.

Equipamientos para 220.000 viviendas: Socialista y Gobierno municipal se enzarzan

El concejal Pedro Esteban Barrero Cuadrado, portavoz del Grupo Municipal Socialista, formuló la pregunta número 2026-800818 sobre qué equipamientos públicos están previstos y si existe dotación presupuestaria comprometida para dar servicio a las 220.000 viviendas anunciadas por el delegado del área de gobierno de políticas de vivienda.

La delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, respondió que desde su área trabajan de manera continuada para dar a los vecinos de Madrid los mejores servicios públicos posibles, y que para la planificación de nuevos equipamientos se tienen en cuenta las peticiones del área de gobierno y los distritos, la existencia de suelo disponible, los estudios técnicos sobre viabilidad y la disponibilidad de crédito presupuestario. Según García Romero, una de las prioridades del Gobierno municipal desde que el alcalde José Luis Martínez-Almeida llegó al cargo ha sido la vivienda, y de manera paralela se pusieron a trabajar para verificar los nuevos equipamientos en los nuevos barrios que carecían de ellos. Afirmó que se han iniciado más de 108 equipamientos en siete años, frente a 11 terminados en cuatro años por la gestión anterior de Manuela Carmena, y que en estos siete años se han concluido 18 nuevos equipamientos en desarrollos urbanísticos, con especial hincapié en Valdebebas, Las Tablas, Monte Carmelo y los ensanches de Vallecas y Carabanchel. Estos 18 equipamientos han supuesto una inversión de más de 100 millones de euros. En cuanto a los nuevos desarrollos del sureste, mencionó Cañaveral, Los Cerros, Berrocales, Ejidos y Valdecarros, señalando que se iniciaron los trámites para construir tres equipamientos en Cañaveral, el desarrollo más avanzado del sureste.

Pedro Barrero replicó que su compañero, el delegado de Vivienda, viajó a Múnich a presumir del modelo Madrid y anunció la capacidad para construir 220.000 viviendas, pero detrás de ese anuncio hay cerca de 600.000 personas que podrían habitarlas. Según Barrero, anunciar viviendas sin programar servicios es trasladar problemas, y señaló que el 53% de la población madrileña no tiene una piscina pública de verano a 15 minutos caminando, el 36% carece de un centro deportivo municipal, el 42% de una biblioteca y el 51% de un centro de servicios sociales. Mencionó como ejemplos Las Tablas, Monte Carmelo y El Cañaveral, donde, según dijo, en 20 años solo se han construido tres equipamientos para un barrio de 27.000 habitantes. Barrero citó el instrumento muniqués SOBOM, que desde hace 42 años vincula determinados desarrollos a vivienda asequible y financiación de infraestructuras, con un modelo que contempla el 60% de la nueva edificabilidad residencial para vivienda subvencionada o de precio limitado y exige aportaciones de los promotores. Según el concejal socialista, el balance municipal de Múnich recoge hasta diciembre de 2025 un total de 18.360 viviendas protegidas vinculadas a este instrumento y algo más de 332 millones de euros aportados por promotores para infraestructuras sociales.

García Romero respondió que “menos mal que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento”, y comparó de nuevo los 108 equipamientos iniciados en siete años con los 11 terminados en cuatro por Carmena. Afirmó que los madrileños saben a quién votar para tener servicios públicos de calidad, y que todo lo preguntado irá en el programa electoral. Cuestionó dónde están las 184.000 viviendas de Sánchez, si va a empezar alguna vez la operación Campamento, y señaló que llevan más de un año esperando un nuevo proyecto para la cárcel de Carabanchel, con 500 viviendas que podrían estar haciendo y no están haciendo, y que la obra de urbanización de Campamento no ha empezado, con “cero actuación”.

Tercera reforma de la calle del Príncipe en cinco años

El concejal Fernando Martínez Vidal, portavoz del Grupo Municipal Vox, formuló la pregunta número 2026-800819 sobre la nueva reforma integral de la calle del Príncipe, la tercera en los últimos cinco años, y qué medidas tiene previsto adoptar para evitar repetir esta problemática.

La delegada García Romero explicó que la reforma de 2021 sufrió hundimientos en el adoquinado que requirieron reparación dentro del periodo de garantía, pero que no se pudo acometer hasta enero de 2024 por las obras en la Puerta del Sol, calles aledañas y Plaza Santa Ana. Esta reparación no tuvo coste para el Ayuntamiento, pero volvieron a aparecer desperfectos durante las grandes lluvias de primavera de 2025, por lo que se decidió reparar de nuevo con una nueva técnica constructiva: base de hormigón, morteros de asiento específicos y morteros adhesivos en las juntas, solución que ya se ha aplicado en la calle del Prado con buenos resultados. Las obras de la calle del Príncipe comenzaron en verano de 2026.

Martínez Vidal reconoció que las calles de adoquines del centro no son fáciles de mantener, pero que no se deberían eliminar, como se hizo en el Paseo del Prado frente al museo. Según el portavoz de Vox, la tercera reforma integral de la calle del Príncipe en cinco años —en 2021, 2024 y 2026— no es caso aislado, y citó problemas similares en la calle del Prado, la Plaza de Santa Ana, la Cava de San Miguel y la calle Cuchilleros. Cuestionó si la defectuosa ejecución por parte de las empresas no debería obligarles a actualizar las técnicas constructivas, como hacen en París, y señaló que no es de recibo que las mismas calles sean reformadas una y otra vez con proyectos defectuosos cuando hay barrios que necesitarían esa inversión.

García Romero respondió que están de acuerdo en controlar a las empresas y aplicar la nueva técnica de adoquinado, que parece funcionar mejor en calles con mucho tráfico de vehículos pesados, y que si es necesario extenderla a otras calles de Madrid se hará, siempre sin coste para los madrileños cuando la obra no se hace con la debida técnica.

Construcción industrializada: 770 viviendas de la EMVS y 600 del plan SUMA

Martínez Vidal formuló otra pregunta sobre el número de viviendas que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) va a construir con sistemas industrializados y qué porcentaje de las nuevas promociones del plan Suma Vivienda asumirán de forma estructural estos sistemas.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, respondió que Madrid necesita más vivienda y más rápido, y que por eso el alcalde hizo un área de vivienda específica hace siete años, única en toda España. Anunció que han empezado con Iberia Loreto 1 en Barajas, la primera promoción de vivienda pública de Madrid construida con madera industrializada, con 17 meses de construcción y una reducción de plazos de hasta el 40%. Según González, en las próximas promociones de EMVS cerca de 770 viviendas serán de construcción industrializada, y en el plan SUMA, de las 2.200 viviendas en marcha, 600 serán de construcción industrializada.

Martínez Vidal replicó que, según la última encuesta de calidad de vida y satisfacción de los servicios públicos del propio Ayuntamiento, la vivienda es el principal problema de los madrileños con un 57,6%. Recordó que el alcalde prometió construir 15.000 viviendas en el mandato 2019-2023 y 12.000 más en el 2023-2027, pero solo ha podido entregar 5.000 de alquiler asequible a siete meses de concluir su segundo mandato. Según el portavoz de Vox, la construcción industrializada permite acortar los tiempos de entrega entre un 30 y un 50% respecto a los sistemas tradicionales, y citó como ejemplo el Hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid, donde más de 80.000 metros cuadrados se levantaron con módulos prefabricados en tres meses.

González respondió que se toma la intervención más como un halago que como una crítica. Afirmó que una de cada cinco viviendas las hace el Ayuntamiento de Madrid, con una inversión de más de 1.500 millones de euros y 5.000 viviendas entregadas, frente a las 184.000 prometidas por el Gobierno de Sánchez, de las cuales no hay ni una sola en la ciudad de Madrid, donde en ocho años se han invertido 19 millones de euros. Según el delegado, en la web de Casa 47 hay poco más de 600 viviendas, ni una sola en Madrid.

Rehabilitación energética: 103 millones de deuda heredada y discrepancias sobre cifras

La concejala Mar Barberán Parrado, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, formuló la pregunta número 2026-800851 sobre qué medidas presupuestarias y de gestión va a poner en marcha el área de gobierno de políticas de vivienda para satisfacer la demanda insatisfecha de solicitudes de subvención para rehabilitación energética de viviendas.

El concejal Montejo preguntó al delegado de Políticas de Vivienda sobre el estado del compromiso de la Agenda Descarboniza 2025 de rehabilitar energéticamente 800.000 viviendas para 2030. El delegado respondió que esa agenda la había hecho el Gobierno actual, y acusó a la anterior gestión de haber dejado “una puya” de 103 millones de euros sin pagar, concretando deudas por proyectos específicos: 5.100.000 euros del MADRE 2016, 41.300.000 del MADRE 2017, 50.000.000 del MADRE 2018, 320.000 euros del FRT de Orcasitas 2017, 1.800.000 del FRT del barrio de Aeropuerto 2018, 300.000 del FRT de Meseta de Orcasitas, 2.000.000 del Paseo de la Dirección de Jauna de Ver, 2.000.000 de la Colonia Experimental de Villaverde y 400.000 del Ferrete de Orcasitas, sumando 103.220.000 euros. El delegado afirmó que el Gobierno actual tuvo que pagar esa deuda y recuperar la confianza de los ciudadanos, rehabilitando más de 120.000 viviendas con una inversión de 360 millones de euros.

Montejo, en su réplica, calificó de “alucinante” que el delegado siguiera siendo “la oposición anticarmenista”, y afirmó que la alcaldesa Manuela Carmena recibió un ayuntamiento arruinado. Dijo que los datos del delegado eran falsos, que se atribuía méritos que no eran suyos y que la cifra real de viviendas rehabilitadas era 28.719, un 3,5% de lo prometido, según el Consejo Social de la Ciudad. Añadió que las 110.000 viviendas mencionadas por el delegado correspondían a actuaciones de otras administraciones y reformas energéticas sin relación directa. Montejo indicó que desde 2020 los vecinos habían pedido ayudas para 250.000 viviendas, que en 2024 hubo 3.298 solicitudes, el doble que en 2020 y más de un 30% que el año anterior, y criticó que el Gobierno tuviera 50 millones de euros “congelados”. Mencionó que asociaciones vecinales como San Lorenzo o Manoteras en Hortaleza esperaban la publicación en el BOE de subvenciones ya recibidas para continuar sus obras, y afirmó que a ese ritmo no se llegaría a las 800.000 viviendas de 2030. Calificó la política de rehabilitación de “coartada” para ocultar la defensa de “intereses de una clase especuladora”.

Tras varias interrupciones y llamadas al orden por parte de la presidenta, el delegado de Políticas de Vivienda replicó que Montejo era “insolvente totalmente”, reiteró los 103 millones dejados a deber, los 360 millones invertidos, más de 110.000 rehabilitaciones realizadas, 2.500 expedientes dejados en el cajón sin pagar y más de 51.000 familias esperando cobro. Afirmó que el Gobierno actual pagó lo que el anterior no pagaba, mencionó una manifestación del señor López Rey por impagos de amianto, y señaló que este Gobierno había quitado todo el amianto de Meseta Orcasitas.

Desahucios de la EMVS: Más Madrid exige la aplicación del Real Decreto Ley 29/2026

La concejala Mar Barberán Parrado formuló la pregunta número 2026-800852, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda, sobre qué instrucciones había impartido a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para suspender, desistir o no promover procedimientos de desahucio tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 29/2026. Una concejala identificada como “Aloysio” o “Aloy” tomó la palabra en nombre del grupo. El delegado respondió brevemente que estaban “estudiando el cacao en reales decretos que dijo la ministra todavía”.

La concejala Aloy replicó exigiendo que dejaran de desahuciar a familias vulnerables. Indicó que los lanzamientos de la EMVS se triplicaron en un año, pasando de 27 en 2024 a 81 en 2025, y que los procedimientos judiciales iniciados por la empresa municipal se duplicaron, de 123 a 259 en el mismo año. Reivindicó el Real Decreto Ley 29/2026 del Consejo de Ministros como mecanismo de protección para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, y exigió al área de vivienda que ordenara a la EMVS aplicar el decreto, revisar procedimientos, suspender, desistir y no iniciar aquellos comprendidos en su ámbito de protección. Citó el desahucio ejecutado el 23 de junio de una familia con 26 años de residencia en un piso de la EMVS, compuesta por una mujer de más de 80 años enferma y dependiente de oxígeno, su hija y dos menores de 6 y 11 años, con deuda saldada. Aloy afirmó que desde la caída del “escudo social” en enero hasta ese momento se habían producido cientos de desahucios similares.

El delegado de Políticas de Vivienda respondió acusando a Aloy de preferir que no se hicieran viviendas, y de “empatizar con los ocupas” porque “fue ocupas”. Afirmó que el anterior gobierno impulsó más de cien desahucios mediante un reglamento aprobado por el Partido Socialista, Más Madrid y otros, y que el Gobierno actual seguía aplicando ese mismo reglamento. Preguntó si Aloy se refería al ministro Óscar López, mencionando que quería desahuciar a una persona en un piso de Muface frente a la Casa de Carmena, y citó noticias sobre desahucios del Ministerio de Defensa, la SARE y la Seguridad Social. Afirmó que el Ayuntamiento había hecho “una de cada cinco viviendas” y defendió la propiedad privada. Acusó a la izquierda de “hipocresía”, mencionando que el Partido Socialista había quitado a cuatro diputados de listas por tener varias propiedades, y citó el caso de la portavoz socialista Monse Mínguez, cuya pareja supuestamente tenía más de 30 pisos y había desahuciado a personas.

Opañel y Vista Alegre: Más Madrid reclama equipamientos frente a inversiones en Carabanchel

La concejala Mar Barberán Parrado formuló la pregunta número 2026-800853 sobre qué proyectos de construcción de equipamientos tenía previsto el área de gobierno de Obras y Equipamientos en los barrios de Opañel y Vista Alegre antes de finalizar el mandato. Una delegada del área respondió que en Carabanchel se habían entregado la Secretaría Integral del Distrito y el Centro de Servicios Sociales, con más de 20 millones de euros invertidos en nuevos equipamientos, a los que sumaba 10 millones más en obras de reforma como las pistas del Centro Deportivo Blanco Fernández Ochoa, la piscina cubierta del pabellón del Centro Deportivo Francisco Fernández Ochoa, actuaciones en centros de mayores y bibliotecas de Puerta Bonita. Añadió más de 20 millones de euros en espacio público de Carabanchel, citando la Plaza de Emperatriz, Plaza de Oporto, Gáin, Gara de Oro, el Parque Manolito Gafotas, la peatonalización de la calle Laguna, nuevas aceras de la avenida de Apeseta, mejoras del polígono Aguacate, remodelación del casco histórico de Carabanchel Bajo, el entorno de la Mita del Santo y el asfalto de más de 200 calles.

Barberán, en réplica, precisó que la pregunta iba sobre equipamientos concretos de Opañel y Vista Alegre, y mencionó un proyecto de regeneración de 5,3 millones que consideró “incompleto y más de estética que de otra cosa”, sin incorporar equipamientos. Citó tres solares en estado de abandono: el Colegio Magarit, la Fundación Huaycochea y Susi, y el campo de fútbol de Puerta Bonita. Indicó que los vecinos habían realizado una consulta ciudadana pidiendo un centro juvenil, un centro de día y un polideportivo con piscina. Mencionó que en Telemadrid se había hablado, citando fuentes oficiales, de la posible construcción de un auditorio, a 600 metros del auditorio de Vistalegre, proyecto ya rechazado en Chamberí por oposición vecinal.

La delegada replicó citando 108 equipamientos iniciados y el Programa Sur, con más de 1.270 millones de euros invertidos en siete años en distritos del sur. Precisó que solo en cuatro equipamientos de Carabanchel se habían invertido 20 millones, y mencionó 15 equipamientos deportivos construidos y más de 200 millones en reformas de instalaciones deportivas. Afirmó que la Comunidad de Madrid renovaría un campo de fútbol 7 en la calle Gorrión y la calle Comillas, y que se trabajaba en la cesión de un local de la Comunidad de Madrid para un centro sociocomunitario en San Isidro.

Mediación de la EMVS: el caso de Mari Carmen y 136 lanzamientos en 2026

Finalmente, el concejal Pedro Esteban Barrero Cuadrado formuló la pregunta número 2026-800817 sobre qué criterios y procedimientos aplicaba la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid para intervenir en la mediación entre propietarios e inquilinos ante situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual. Barrero la dio por reproducida. El delegado de Políticas de Vivienda respondió que la EMVS no estaba para mediar entre propietarios e inquilinos en esas situaciones, y que Barrero, tras más de tres años como consejero en la EMVS, “no tiene ni idea de lo que hace la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo”.

Barrero, en réplica, citó el caso de Mari Carmen, mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre y fallecida en un hospital sin poder regresar a su casa. Indicó que la EMVS intervino posteriormente para intentar que volviera, y cuestionó por qué no actuó preventivamente. Mencionó que el 24 de septiembre pidió por carta un consejo extraordinario de la EMVS, y que el delegado tardó 14 días en responder que ese análisis quedaba fuera del objeto social. Barrero afirmó que en 2026 ya llevaban 136 lanzamientos de desahucios en la EMVS, que de 10.000 viviendas públicas más de 1.300 seguían vacías, que había 78.000 solicitantes de vivienda, un 200% más que desde que Almeida llegó a la alcaldía, y calificó de “ridículas” las 219 viviendas del Plan Reviva. Acusó al Partido Popular de votar en el Congreso, junto con sus socios de Vox, contra la protección frente a desahucios, la regulación de alquileres temporales de habitaciones, la movilización de vivienda vacía, el refuerzo del parque público, subir el IVA a pisos turísticos y que las SOCIMIs paguen más impuestos. Citó que Casa 47, con diez meses de creación, llevaba proyectadas 14.000 viviendas solo en Madrid, más que todo el parque municipal, y que las 3.600 viviendas construidas por el Ayuntamiento en ocho años incluían 1.500 subvencionadas por el Ministerio de Vivienda.

El delegado de Políticas de Vivienda replicó que no había ni una sola vivienda vacía de las 1.300 mencionadas, sino que carecían de calificación definitiva o estaban en reparación. Acusó a Barrero de mentir y de utilizar a Mari Carmen, difunta, para la política. Explicó que Urbagestión se dirigió a la EMVS para ofrecer su vivienda y que el Ayuntamiento intermedió con la otra parte, con la señora Camila. Cuestionó por qué Barrero no mencionaba que el ministro Óscar López quería liberar 204 inmuebles de Muface para venderlos, ni los desahucios del Ministerio de Defensa, la SARE y la Seguridad Social, citando una noticia del día mismo sobre la Tesorería de la Seguridad Social sacando a concurso edificios con inquilinos que debían ser desahuciados, comprados por un fondo. El delegado afirmó que en el caso de Mari Carmen consideraban haber hecho una buena labor de intermediación, “cosa que ustedes no hicieron nada”. La presidenta dio por concluida la comisión y levantó la sesión.