Comisión Permanente del Ayuntamiento de Madrid aborda ocupaciones ilegales, la acampada de Sol y la plantilla de bomberos

La sesión ordinaria de la Comisión Plenaria 2026/59, celebrada el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Salón de Comisiones del Pleno de la Casa de Cisneros, abordó en su apartado de preguntas la situación de la acampada en la Puerta del Sol y la plantilla de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre otros asuntos. El acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 8-2026-52, fue aprobada por unanimidad con los votos favorables de todos los grupos representados.

Sobre la acampada de la Puerta del Sol, la portavoz del Grupo Municipal Vox formuló tres preguntas relativas a actuaciones policiales, tipología de los ocupantes e intervenciones de Madrid Salud. La vicealcaldesa calificó la concentración de absolutamente ilegal y de peligro para la seguridad, la salubridad, el patrimonio histórico y la economía de los madrileños, atribuyendo la responsabilidad al delegado del Gobierno, a quien definió como connivente absoluto con la situación. Detalló que el Ayuntamiento ha remitido desde el 29 de septiembre varios requerimientos al delegado del Gobierno, que se han interpuesto más de 100 denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales y en torno a un centenar por consumo de alcohol y drogas, y que los informes técnicos acreditan condiciones higiénicas deplorables con riesgo de infecciones y plagas. La portavoz de Vox, por su parte, expresó su coincidencia en la gravedad del incidente pero consideró que el Ayuntamiento podría realizar más actuaciones, como filiar a las personas presentes, y propuso utilizar los informes técnicos para exigir por vía judicial el cierre por salud pública.

En otro turno de preguntas, el portavoz del Grupo Municipal Socialista abordó la plantilla de bomberos, señalando que, con 3.497.277 habitantes a 1 de enero de 2026 y según el compromiso de 55 bomberos por cada 100.000 personas adquirido en 2008, el cuerpo debería contar con 1.924 efectivos, mientras que en junio de 2026 había 1.494 y tras un proceso selectivo de 60 plazas se alcanzó 1.554, cifra que representa 370 bomberos menos de los prometidos en los acuerdos de la Villa. El portavoz del Partido Popular respondió que en la actualidad hay dos procesos selectivos en marcha con 220 plazas que se incorporarán en 2027, lo que elevará la plantilla a 1.684 bomberos, y que antes de finalizar el año se convocarán otras 156 plazas para alcanzar en 2028 unos 1.800 efectivos, cumpliendo así la ratio de un bombero por cada 2.000 ciudadanos establecida por las autoridades europeas.

Aprobación del acta

La Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias se celebró el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 12.30 horas en el Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, Plaza de la Villa número 4, con carácter de sesión presencial. Como primer punto del orden del día, se procedió a la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 23 de septiembre de 2026, referida como sesión 8-2026-52. El presidente de la comisión sometió el acta a votación, y los concejales Ansaldo, Smith Molina y Ortega, así como los grupos Vox, Socialista, Más Madrid y Popular, votaron a favor, quedando aprobada por unanimidad.

Respecto al epígrafe A, relativo al dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al pleno, no se presentó ningún asunto.

Ocupaciones ilegales de inmuebles

La concejala Aranza Zupurificación Cabello López, portavoz del Grupo Municipal Vox, formuló la pregunta número 2026-800845 para conocer el número de actuaciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid relacionadas con ocupaciones ilegales de inmuebles durante los últimos cinco años, desglosado por año y su evolución. Cabello López indicó que la pregunta respondía a la falta de información en las redes para los vecinos sobre un tema que, según afirmó, preocupa mucho a los españoles y a los vecinos de Madrid, y solicitó cifras concretas no solo de las actuaciones recogidas en la revista de la policía municipal de 2020, que citaba entre 600 y 700 actuaciones por mandato judicial, sino también de actuaciones preventivas, urgentes por llamada al teléfono de la policía municipal o realizadas a propuesta del ámbito judicial.

Respondió el concejal Gil Martín, quien afirmó que la Policía Municipal realiza un trabajo intenso y sostenido en esta materia, aunque señaló que cambios normativos reclamados reiteradamente por la vicealcaldesa dotarían de mayor efectividad a la acción policial y judicial. Gil Martín indicó que no disponía en ese momento de los datos de intervenciones con delitos flagrantes, en los que el policía es avisado e interviene para intentar neutralizar la ocupación, y que los enviaría posteriormente. Precisó que la inmensa mayoría de las veces, cuando la policía recibe la información es porque la ocupación ya se ha consumado y la desocupación va por vía judicial.

En cuanto a las actuaciones por resoluciones judiciales que ordenan el lanzamiento o desahucio, distinguió dos procedimientos. En el primero, de apoyo, auxilio y colaboración con comisiones judiciales, los datos de los últimos cinco años fueron: 2.093 en 2022, 1.262 en 2023, 1.257 en 2024, 1.053 en 2025 y 6.998 en lo que llevaba de 2026, con una tendencia decreciente con algún pequeño repunte, según indicó. En el segundo supuesto, cuando la policía se erige en comisión judicial: 50 en 2022, 35 en 2023, 41 en 2024, 47 en 2025 y 27 en 2026.

Gil Martín apuntó cambios normativos propuestos por la vicealcaldesa en el pasado para mejorar la situación, como agilizar los plazos para trámites de desalojo, no permitir el empadronamiento del ocupante o eximir del pago del IBI al propietario de vivienda ocupada, y afirmó que un Estado de derecho no puede permitir inseguridad jurídica en cuanto a los propietarios de ley.

En su réplica, Cabello López señaló que sorprendía que los datos de actuaciones por mandato judicial fueran decrecientes tanto en colaboración como en alzamientos, cuando el fenómeno no va en tendencia decreciente, y sugirió que los datos de delitos flagrantes o ocupaciones desconocidas por el propietario posiblemente mostrarían una realidad diferente. Según afirmó, la protección dada desde 2020 con la excusa de la pandemia ha provocado una crisis importantísima de ocupación y un deterioro de los derechos de los propietarios, que ven expropiadas sus viviendas o locales por una cobertura legal que permite, con la excusa de la vulnerabilidad, expropiar esos bienes. Cabello López indicó que las actuaciones del ayuntamiento están enfocadas desde la policía municipal pero también relacionadas con servicios sociales, y propuso un estudio de la evolución y las medidas posibles. Manifestó que Vox está de acuerdo en realizar cambios legislativos profundos para proteger la propiedad privada y recuperar la normalidad, y animó a la Policía Municipal.

Acampada en la Puerta del Sol

Cabello López formuló una segunda pregunta sobre el número y tipología de personas que ocupan el asentamiento de la Puerta del Sol, los horarios de permanencia y si se ha asociado a dicha ocupación algún nivel de peligrosidad, indicando en su caso cuál y en qué datos o informes se sustenta. Cabello López calificó el asentamiento como un gravísimo incidente provocado por una actuación política con amparo político por parte del delegado del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que habría decidido empezar a incendiar las calles, según afirmó. Indicó que Vox se ha querellado contra el delegado del Gobierno porque, a su juicio, se trata de un tema propagandístico, y pidió a la vicealcaldesa que explicara la información de que dispone el Ayuntamiento de Madrid.

Respondió la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, quien afirmó que la información más importante es que la acampada es absolutamente ilegal, un peligro para la seguridad, la salubridad, el patrimonio histórico y la economía de los madrileños, y que todo lo que ocurra será responsabilidad directa del delegado del Gobierno, a quien calificó de connivente absolutamente con la situación. Sanz indicó que el número de personas y los colectivos habían ido variando.

En su segunda intervención, Cabello López se mostró de acuerdo con Sanz en que el ayuntamiento puede hacer cosas, como filiar a las personas que están allí, y comparó la situación con la de un vecino que pone una tienda de campaña en el Retiro y recibe multa. Señaló que le había resultado chocante que el delegado del Gobierno hubiera enviado un requerimiento al ayuntamiento indicando dónde estaban las acometidas para que los bomberos pudieran conectar las mangueras, y afirmó que ello tenía que ver con la querella de Vox y trataba de esculparse de una situación gravísima. Cabello López pidió datos sobre la situación de la acampada ilegal, que calificó de usurpación del espacio público hurtado a los vecinos de Madrid, y sobre la tipología de las personas allí presentes.

Sanz respondió que si del Ayuntamiento de Madrid dependiera, esa acampada ilegal ya no estaría allí, y que ella misma envió un requerimiento formal al delegado del Gobierno el 29 de septiembre para que cumpliera la ley, seguido de dos cartas más y un nuevo escrito ese mismo día. En cuanto a los colectivos, Sanz enumeró: Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, distintos movimientos por la vivienda, plataformas antidesahucios, centros sociales ocupados o autogestionados de diversos puntos de Madrid y otros lugares, movimientos comunistas, movimientos socialistas, la Coordinadora Juvenil Socialista, el Frente Estudiantil, la Referencia Vasca GKS —implicados, según dijo, en el boicot a la Vuelta Ciclista de España—, movimientos trotskistas e izquierda revolucionaria, CRT, Juventud Contracorriente, colectivos de jóvenes comunistas, la plataforma anarquista solidaria, Solidaria Obrera, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes, Greenpeace, Extinction Rebellion —encausados, según afirmó, por tirar pintura a cuadros del Museo del Prado—, Ecologistas en Acción, Acampada por Palestina, la Coordinadora Antifascista de Madrid, con apoyo del Grupo Ultra Bucaneros, con presencia de los bucaneros en el entorno de la plaza haciendo supuestas labores de control de acceso. Sanz afirmó que lo que está ocurriendo es muy grave, que hay una dejación de funciones total y absoluta por parte del delegado del Gobierno que tendrá consecuencias judiciales, y que se llegará hasta donde haga falta para imputar los gastos de rehabilitación de la plaza por los enormes destrozos.

Cabello López formuló una tercera pregunta sobre actuaciones adoptadas o propuestas por Madrid Salud respecto al asentamiento, y en caso de no haberse realizado, si estaba prevista su realización y en qué plazo. Aprovechó para preguntar cuántas personas están en el asentamiento, señalando que la Policía Municipal dispone de drones térmicos para saberlo, y que no es lo mismo actuar por la mañana que por la noche si duermen allí personas sin hogar. Recordó que la Comunidad de Madrid tuvo que cerrar una estación de Metro por orines que producían amoníaco y ponían en riesgo a la gente, y preguntó qué actuaciones se están haciendo desde el Ayuntamiento.

Sanz respondió que Madrid Salud ha hecho estudios que acreditan que el asentamiento es un foco potencial de infecciones y plagas, con residuos, orines, defecaciones en distintos puntos de la plaza, y donde se están tapando los pozos de ventilación del Metro de Madrid, según quedó comprobado.

En su réplica, Cabello López afirmó que le hubiera gustado que el ayuntamiento explorara la posibilidad de exigir por vía judicial el cierre por salud pública, y animó a que con esos informes se requiera al delegado del Gobierno que levante el asentamiento con la Policía Nacional, y si no lo hace, acudir por un delito de prevaricación, como ha hecho Vox. Según afirmó, el ayuntamiento dispone de información que puede poner encima de la mesa al delegado del Gobierno, y existe responsabilidad por la pérdida que están sufriendo los comercios. Cabello López pidió que el Ayuntamiento de Madrid utilice todas las competencias e informes técnicos a su alcance que acreditan el riesgo para los vecinos y para las personas, que se pasen a la mesa del delegado del Gobierno y se inicien actuaciones administrativas y penales.

Sanz replicó que es exactamente lo que están haciendo desde el inicio, desde el 29 de septiembre con el primer requerimiento y dos escritos posteriores en los que se han reflejado realidades acreditadas por los servicios municipales, más un nuevo escrito ese mismo día. Indicó que ha habido más de 100 denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales de residuos, limpieza y orines, y en torno a un centenar de denuncias por consumo de alcohol y drogas en la propia acampada. Sanz se refirió al escrito de la delegación de Gobierno del día anterior como francamente sorprendente, ya que tres semanas después preguntaba dónde estaban los hidrantes y columnas secas de los bomberos cuando el ayuntamiento llevaba tres semanas advirtiendo del riesgo serio en caso de evacuación. Según Sanz, en el escrito de respuesta se reitera que la situación no es de excepcionalidad, como dice el delegado, sino de ilegalidad total y absoluta, desde el principio porque no fue comunicada, y además porque se está cogiendo la costumbre de que las manifestaciones y concentraciones en Madrid no se comunican a la delegación de gobierno, por lo que no lo saben ni la Policía Nacional ni la Policía Municipal, con riesgo de atropellos, problemas de seguridad vial y de seguridad ciudadana. Sanz añadió que se están viendo afectadas las garantías de actuación de los servicios de emergencia por el hacinamiento, plásticos amarrados al mobiliario urbano sin garantía, tiendas de campaña ancladas al suelo, cartones y residuos, ocupación de entornos de estaciones de transporte público de mayor uso, altercados y problemas de seguridad en la zona, y que el 3 y 4 de octubre se atacó la comisaría de policía municipal de la calle Montera con objetos contundentes y botellas de cristal, interviniendo las unidades centrales de seguridad. También mencionó intimidaciones y amenazas a ciudadanos y periodistas, problemas de accesibilidad señalados por Fama, perjuicios al comercio, daños a bienes de interés cultural y condiciones de salubridad, todo recogido en un escrito en el que se insiste en la urgente necesidad de acabar con la situación de ilegalidad y se exige que levante de inmediato la concentración ilegal, con un mes para contestar el requerimiento del que quedan menos de diez días.

Reglamento de protocolo y color institucional

El concejal Enrique Rico García Hierro, portavoz del Grupo Municipal Socialista, formuló la pregunta número 2026-800848 dirigida a la vicealcaldesa. Rico García Hierro se refirió al reglamento de protocolo y ceremonial del Ayuntamiento de Madrid aprobado en el pleno del 30 de junio de 2026, 38 años después del vigente hasta entonces, y recordó que Sanz dijo en el pleno que este nuevo reglamento garantizaba transparencia, legalidad y buscaba evitar decisiones arbitrarias. Según Rico García Hierro, esa afirmación era poco creíble, y puso como ejemplo la disposición adicional primera del reglamento, que se refiere al color institucional: si el color institucional es el rojo carmesí, preguntó por qué toda la imagen corporativa del Ayuntamiento es de color azul, incumpliendo el reglamento aprobado hace apenas cuatro meses. Se refirió a autobuses, carteles, campañas y logo, recordando que durante décadas los autobuses de Madrid fueron rojos y que el rojo carmesí es el color de la bandera, pero que desde 2007 la EMT comenzó a implantar el azul corporativo y en 2014 dejó de circular el último autobús rojo. Rico García Hierro afirmó que no se trata solo de diseño sino de la identidad visual de una institución que representa a todas las madrileñas y madrileños, y que casualidad ese azul es el mismo color con el que se identifica al Partido Popular. Según el concejal socialista, llevan mucho tiempo denunciando que confunden institución con partido, los intereses del Partido Popular con los del ayuntamiento, y la utilización que hacen de la institución, gestionando el ayuntamiento como si fuera su cortijo.

Plantilla de bomberos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Enrique Benito, afirmó que el Partido Popular menosprecia reiteradamente a los sindicatos, quienes garantizan el derecho constitucional de los trabajadores, en este caso de los bomberos. Benito señaló que las demandas del PSOE de incremento de la plantilla y las de los representantes de los propios bomberos para aumentar su número no son nuevas ni desmesuradas, y recordó que el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón se comprometió en 2008 a alcanzar 55 bomberos por cada 100.000 habitantes. Según los datos del propio Ayuntamiento, a 1 de enero de 2026 Madrid contaba con 3.497.277 habitantes, por lo que basándose en la ratio prometida por Gallardón la ciudad debería contar con 1.924 bomberos. Benito añadió que el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se comprometió en los acuerdos de la Villa a llegar a 1.700 bomberos, cifra que tampoco se ha cumplido. En respuesta a una petición de información del grupo socialista, la vicealcaldesa respondió por escrito que se contaba con 1.494 bomberos, es decir, 430 menos de los que debería haber en junio. Un mes después, tras finalizar el proceso selectivo de 60 plazas de bombero conductor especialista, se alcanzaron los 1.554 bomberos, 370 menos de los prometidos. Benito indicó que desde julio se han jubilado profesionales, por lo que se está en el 80% del objetivo de Gallardón, y criticó que la falta de personal se palíe a través de guardias y horas extraordinarias que han costado 15 millones de euros.

El portavoz del Partido Popular, Fernando Gil, respondió que no se remontaría a Gallardón sino al periodo 2015-2019, cuando, según dijo, la ciudad perdió 150 efectivos del cuerpo de bomberos y no gobernaba su partido. Gil afirmó que en ese momento se están recuperando esos niveles y que hay en marcha dos procesos selectivos que reúnen 220 plazas de bomberos especialistas y bomberos conductores que se incorporarán en 2027, alcanzándose una plantilla de 1.684, con lo que se habría cumplido el compromiso de los acuerdos de la Villa. Añadió que antes de que finalice el año se convocarán otras 156 plazas de bomberos especialistas, lo que llevará a tener en torno a 1.800 efectivos en 2028, cumpliendo con la ratio de un bombero cada 2.000 ciudadanos que, según las autoridades europeas, deben tener las ciudades en el contexto geográfico y de densidad de población de Madrid, dentro del plan objetivo 10.000 para los servicios de ciudades y emergencias. Gil destacó que los procesos selectivos incluyen una formación de seis meses y que en 2019 la plantilla estaba “francamente mermada”.

Datos abiertos y transparencia

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Madrid Enrique Rico García Hierro formuló la pregunta número 2026/800850 a la vicealcaldesa y delegada del área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, interesando conocer si considera que lo aprobado en los acuerdos de la Villa por el Pleno el 7 de julio de 2020, en lo referido al eje 5 de datos abiertos, se está cumpliendo en la actualidad. El coordinador general, Ángel Hernández, respondió que no solo se está cumpliendo sino que se han superado las expectativas iniciales.

En su réplica, Rico afirmó que el Gobierno del Partido Popular, el de Sanz, está incumpliendo los acuerdos de la Villa. Criticó que la información no se actualiza o se actualiza tarde, que es más difícil acceder a ella, citando como ejemplos el registro de contratos con licitaciones que no figuran, los listados de RPT donde no se puede acceder al histórico, la plataforma Conex donde se elimina información relevante sobre licencias y expedientes, y la expulsión de los grupos políticos municipales de la Comisión para la Protección del Patrimonio y de la Comisión de Valoración de Subvenciones en los Distritos. Rico calificó estas prácticas de falta de respeto a la ciudadanía, opacidad, falta de transparencia, censura y soberbia.

Hernández replicó que se ha cambiado por completo el portal de datos y se ha dotado de una plataforma más robusta y accesible. En octubre de 2026 hay disponibles 674 dataset con más de 11.550.000 ficheros; solo en 2025 se añadieron 63 nuevos y se mejoró la calidad de 53 de los ya publicados. A finales de este año está previsto contar con una herramienta que validará automáticamente la calidad de los conjuntos de datos. Hernández mencionó que el Ayuntamiento de Madrid fue la primera administración española en adherirse al manifiesto por los datos abiertos reutilizables impulsado por el Observatorio Open Data Reus de la Universidad Rey Juan Carlos y ASEDIE, y destacó reconocimientos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y que el Ayuntamiento es, según los datos del Consejo de Transparencia, el más transparente de España, con el 100% de indicadores en siete convocatorias de Informa Participa. Hernández contrapuso estos datos a los del Gobierno de la Nación, que, según dijo, es el Gobierno con más reclamaciones en el Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno, con 1.778 reclamaciones por no responder a los ciudadanos en 2025, la cifra más alta en los últimos diez años.

Neutralidad institucional en medios oficiales

El concejal del Grupo Municipal Más Madrid, José Manuel Calvo Montejo, formuló una pregunta sobre qué medidas adopta el equipo de gobierno para garantizar el principio de neutralidad institucional en el uso de los medios de difusión y canales oficiales del Ayuntamiento de Madrid, impidiendo su utilización con fines partidistas o electorales. Montejo citó a Francisco Granados, Ignacio González, Cristóbal Montoro, Rodrigo Rato, Jorge Fernández Díaz, Núcleo Nacional, Ultrasur y Frente Atlético, y afirmó que el Partido Popular en Madrid cruza la frontera de la neutralidad como método.

La vicealcaldesa y delegada del área, Inmaculada Sanz, respondió que esto no va de bandos sino de democracia, y que la izquierda no está en condiciones de hablar de neutralidad, ni en medios oficiales ni en instituciones. Sanz afirmó que en Madrid se respetan las instituciones y la neutralidad porque “ni somos anchistas ni somos sus costaleros”.

Montejo, en su réplica, citó tres ejemplos: que el 2 de septiembre, durante la concentración de Cibeles en Ceuta, las cámaras de tráfico se apagaron mientras el canal de YouTube del Ayuntamiento retransmitía; que el programa electoral del Partido Popular aparece en webs institucionales como el Plan Estratégico de la Ciudad 2023-2027; y que el 15 de octubre, estando en periodo electoral desde el 6 de octubre según el artículo 50 de la LOREG, el delegado de Vivienda publicó en “Caño Roto” que “gracias al plan de Regenera antes no se podía actuar”. Montejo propuso un protocolo escrito y público sobre cuándo se emiten las cámaras, retirar de las webs institucionales cualquier referencia al programa electoral del PP, e instrucción escrita a los servicios de comunicación para retirar la publicación del 6 de octubre del delegado de Vivienda.

Sanz respondió leyendo la resolución de la Junta Electoral que estimó la reclamación del Partido Popular contra Más Madrid por la exhibición de un cartel de contenido partidista en la fachada de un edificio municipal, requiriendo su retirada en 24 horas. Sanz añadió que la Junta Electoral abrió la semana pasada un expediente a Pedro Sánchez por el mitin de campaña en La Moncloa el día de la convocatoria de las elecciones, recordando que ya le multaron en 2020 y 2023. Criticó que la televisión española está “puesta al servicio de un gobierno” del que Más Madrid forma parte, según el Consejo de Informativos y los sindicatos, y que el CIS de Tezanos es “el hazmerreír de cualquier persona que tenga un mínimo de objetividad”. Sanz recordó que durante el mandato de Manuela Carmena se puso una web “versión original” para decir a los medios qué publicar, y mencionó “Radio Carmena”, que según dijo no tenía licencia y se gastaba más euros de los oyentes que tenía.

Plan de desarrollo del sur y del este

La concejala del Grupo Municipal Más Madrid Olga Sánchez formuló una pregunta sobre si el plan de desarrollo del sur y del este cumple con la filosofía del plan SURES. El coordinador general Hernández respondió que sí, que sinceramente creen que cumple con la filosofía del plan SURES.

Sánchez, en su réplica, afirmó que no ha oído a la vicealcaldesa pronunciarse desde que la concejala Levy negó lo que las cámaras han reproducido, y que a Sanz no le preocupan las instituciones sino defender a los suyos. Sobre el recinto ferial de Vicálvaro, Sánchez dijo que el concejal Ramos manifestó en el pleno de octubre que iba a ser un parking, aunque se utilizaría conjuntamente, y que dejó en el aire dónde se realizarían el resto de actividades previstas en el plan SURES: ferias, mercadillos, actividades de dinamización del comercio, fiestas de verano, celebraciones navideñas y ferias temáticas. Sánchez indicó que su grupo propuso trasladar el recinto ferial 500 metros a otra parcela por el ruido, pero el gobierno decidió que un parking responde a la idea de reequilibrio territorial, lo que, según ella, no contribuye a la activación comercial ni a la recuperación económica e industrial. Añadió que el 83% de las actuaciones de SURES no cumplen con criterios objetivos de reequilibrio territorial, y propuso como alternativas una escuela de música o un gran polideportivo municipal con piscina y gimnasio.

Hernández respondió que el proyecto cumple con los criterios de equilibrio territorial, como el resto de proyectos en el Cañaveral: dos nuevas instalaciones deportivas, equipamientos complementarios para el campo de fútbol, el Centro de Innovación de Economía Circular, la adecuación de dos naves en la Factoría Industrial de Vicálvaro como centro de servicios complementarios, la Oficina de Información Juvenil y la sala de lectura. Hernández indicó que la inversión en reequilibrio territorial desde 2019 alcanza los 1.300 millones, que el Cañaveral es uno de los barrios de mayor crecimiento con más de 21.000 habitantes que podrán llegar a 52.000, y que la parcela del recinto ferial tiene dos plataformas: en una, la más cercana al campo de fútbol, irá el parking asociado a ese uso deportivo, y en la otra, más baja, irá el cine de verano y la muestra de Vicálvaro, de forma provisional hasta que se realice el parque central, donde se trasladarán estos y el resto de usos inicialmente previstos.

Consejos de proximidad

El concejal del Grupo Municipal Más Madrid Pablo Murgui formuló la pregunta número 2026/800856 a la delegada del área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, interesando conocer qué valoración hace del papel que están desarrollando figuras clave de los consejos de proximidad y del funcionamiento efectivo de estos de acuerdo con su reglamento. Murgui afirmó que los consejeros de proximidad están actuando como “verdaderos propagandistas del Partido Popular”.

El coordinador general Hernández respondió que los consejos de proximidad están actuando de forma satisfactoria, que ayer se realizó una jornada de formación, se presentó un cuestionario para valorarlos y que con respecto al año pasado han crecido un punto en valoración positiva.

Murgui replicó que el cuestionario es entre quienes siguen participando, no entre casi un 25% de personas que empezaron y abandonaron. Según Murgui, los consejos se han convertido en un espacio sectario y propagandístico controlado por el partido de gobierno, con propuestas previamente filtradas que luego se aprueban en el pleno porque corresponden a sus intenciones, y que el 80% de las propuestas son “instar a” o “estudiar cómo”, sin implicación práctica. Murgui indicó que, en comparación con el anterior modelo, se ha pasado de 4.200 inscritos a 1.365, una caída del 67% respecto al pico de los foros, y que de 451 asociaciones han desaparecido el 88%. Murgui criticó que la delegada haya dicho que no están en condiciones de hablar del respeto institucional, afirmando que como oposición están en condiciones de hablar de lo que sea de este gobierno.

El concejal del equipo de gobierno señaló que anteriormente las ayudas se concedían a seis entidades de forma nominativa, mientras que ahora se otorgan mediante concurrencia competitiva, procedimiento del que se benefician 101 entidades. El edil afirmó que las subvenciones previas no eran bianuales ni se adjudicaban por concurrencia competitiva, sino que estaban asignadas previamente a una serie de entidades, circunstancia que, según dijo, ya no se produce.

El interventor del acto pidió en dos ocasiones al señor Murgui que no interrumpiera la intervención del señor Hernández, instándole a permitirle continuar.

El concejal del gobierno indicó que los consejos de proximidad cuentan actualmente con 1.348 participantes y que las mesas constituidas son 60. Afirmó que están funcionando perfectamente y que solo ha habido un caso de una mesa que se ha perdido, concretamente en Puente Vallecas, en la mesa de participación. Añadió que quienes quieran pueden opinar lo que estimen, pero que esos son los datos de la realidad de los hechos.