Vox, Más Madrid y el PP cruzan acusaciones tras el accidente de Urda mientras discrepan sobre los presupuestos de Madrid
Los tres grupos han intervenido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso con posiciones enfrentadas sobre la tragedia ferroviaria y las cuentas regionales.
Lo que hay que saber, en un par de minutos.
El portavoz de Vox ha acusado al Gobierno de constituir una “organización criminal” durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados, en la que se abordó el accidente ferroviario ocurrido en Urda. El portavoz de Vox comenzó su intervención trasladando el recuerdo a las víctimas, el apoyo a las familias de los fallecidos y los deseos de pronta recuperación para los heridos, para después afirmar que “la vida de los españoles está en riesgo” y que “corre peligro con Pedro Sánchez al frente del gobierno”. Según el portavoz, el suceso no fue un error humano ni técnico, sino un “crimen”, y calificó de “indignante la prisa que se ha dado el gobierno en señalar a un trabajador como responsable de su gestión”. El portavoz añadió que desde Vox se denuncia “no únicamente la tragedia ocurrida en Urda”, sino también “a una organización corrupta y criminal con Sánchez al frente que intenta eliminar jueces y robar unas elecciones”, y “a una organización criminal que ha entregado Ceuta a 100.000 invasores marroquíes”.
En la misma sesión, una portavoz del Frente Amplio y Más Madrid expresó sus “sentimientos de apoyo y solidaridad con las víctimas y las familias” e instó a “mantener la calma y a confiar en el trabajo de los servicios de emergencia y las administraciones públicas de todos los niveles y de todo signo político”. La portavoz indicó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a comparecer en la Diputación Permanente del Congreso tras la petición de su grupo, secundada por “el resto de partidos de la Alianza”, y afirmó que “dos accidentes mortales en la alta velocidad en el mismo año es algo absolutamente intolerable e inadmisible para España”. La portavoz exigió “una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria” y sostuvo que “el crecimiento de la red de alta velocidad y la entrada de nuevos actores con la liberalización no han ido acompañados de la inversión necesaria para la modernización de las infraestructuras y de los sistemas de seguridad”. Por su parte, un portavoz del Grupo Parlamentario Popular comenzó trasladando “en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro más sentido pésame a todas las víctimas”, y afirmó que “por respeto a las víctimas, por respeto a sus familias, esta tragedia exige respuestas y exige responsabilidades políticas”. El portavoz del PP planteó la pregunta “¿qué está pasando con las infraestructuras de España?” y afirmó que “mientras los ciudadanos exigen explicaciones, el gobierno cobardemente se esconde detrás de un empleado de Adif”, para añadir que “las responsabilidades políticas no pueden quedar en suspenso hasta que se adopten las decisiones judiciales” y que “Pedro Sánchez debe responder por la gestión de su gobierno”.
Toda la sesión ordenada por temas, con lo que dijo cada grupo.
El accidente de Urda: de la solidaridad a la confrontación política
El portavoz de Vox comenzó su intervención trasladando el recuerdo de su grupo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, así como su apoyo a las familias de los fallecidos y sus deseos de pronta recuperación para los heridos. A continuación, afirmó que “la vida de los españoles está en riesgo” con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y aseguró que su partido no guardará silencio ante las muertes violentas de decenas de españoles. Calificó lo ocurrido en Urda como “un crimen” y no como un error humano ni técnico, y señaló como “indignante” la prisa del Gobierno en responsabilizar a un trabajador. El portavoz de Vox denunció, según sus palabras, “una organización corrupta y criminal con Sánchez al frente que intenta eliminar jueces y robar unas elecciones”, así como la entrega de Ceuta a “100.000 invasores marroquíes”. Afirmó que el Gobierno promueve “la invasión migratoria permanente” destruyendo la sanidad, la educación, la seguridad y el acceso a la vivienda, y calificó al Ejecutivo de “organización criminal” y “gobierno corrupto y mafioso”.
La portavoz de Más Madrid expresó sus sentimientos de apoyo y solidaridad con las víctimas y familias del accidente ferroviario del miércoles, y llamó a mantener la calma y confiar en los servicios de emergencia y las administraciones públicas. Solicitó donaciones de sangre en hospitales públicos e instó a informarse por canales oficiales para evitar “bulos diseñados para fomentar la polarización”. Informó de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecería en la Diputación Permanente del Congreso tras la petición del Frente Amplio y Más Madrid, y que el resto de partidos de la Alianza secundaba esa exigencia de “rendición de cuentas, de transparencia, de claridad y de explicaciones”. Subrayó que “dos accidentes mortales en la alta velocidad en el mismo año es algo absolutamente intolerable e inadmisible para España”, según sus palabras. Expresó solidaridad con los trabajadores del sector ferroviario, incluidos los de Iryo, Renfe y Adif, y en particular con los del Centro de Control de Atocha. Afirmó que “si hay un fallo humano, lo que falla es el sistema” y que “las vidas humanas no pueden depender de que una persona no se equivoque en una situación de presión”. Exigió una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria y sostuvo que el crecimiento de la alta velocidad y la liberalización no habían ido acompañados de la inversión necesaria en modernización de infraestructuras y sistemas de seguridad, añadiendo que “las empresas extranjeras que han entrado al mercado no han aportado prácticamente nada”. Indicó que hoy circulan “muchos más trenes que hace 15 años” con “los mismos trabajadores y los mismos sistemas”. Recordó que la izquierda venía exigiendo “un plan de choque de infraestructura y aumento del personal” al Partido Socialista en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, solución que seguirían exigiendo “gobierne quien gobierne después del 29 de noviembre”. Reclamó también un plan de choque para cercanías, “el gran abandonado de la inversión pública en las últimas décadas”. Sostuvo que la falta de inversión y la privatización de servicios no eran culpa de un solo Gobierno ni de los últimos tres años, sino una dinámica en la que había que “repartir las responsabilidades entre los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista”.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular trasladó el pésame de su grupo a las víctimas del accidente de Urda, su cariño a los heridos, sus deseos de pronta recuperación y su reconocimiento a los servicios de emergencia, incluidos los que trabajan en la localización de desaparecidos. Afirmó que la tragedia “exige respuestas y exige responsabilidades políticas” y enumeró el accidente de Adamuz en enero, “que costó decenas de vidas”, el apagón que dejó “a oscuras a toda España” y el nuevo accidente de Urda con “al menos 69 víctimas mortales, que seguramente serán más”. Plantearon la pregunta “¿qué está pasando con las infraestructuras de España?” y afirmó que lo que fue “un símbolo de orgullo” se ha convertido en “una pesadilla de incertidumbre y miedo”. Acusó al Gobierno de “esconderse cobardemente detrás de un empleado de Adif” y formuló varias preguntas sobre advertencias previas, mantenimiento, medidas tras Adamuz y fallos de los sistemas de seguridad. Sostuvo que “las responsabilidades políticas no pueden quedar en suspenso hasta que se adopten las decisiones judiciales” y que “las responsabilidades penales van después de las responsabilidades políticas”. Exigió que Pedro Sánchez “responda por la gestión de su gobierno” y afirmó que “gobernar exige capacidad, exige experiencia, exige rigor”, añadiendo que “no basta con colocar a los más inútiles en los puestos de gobierno” ni con “colocar a los amigos, a las prostitutas, porque no pasa nada”. Aseguró que “los españoles no pueden seguir pagando las consecuencias de una gestión desastrosa”.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid: visiones opuestas
Ante una pregunta sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que ese mismo día llegaban a la Asamblea, el portavoz de Vox indicó que Vox los estudiaría “partida a partida” y exigiría que se recogieran medidas aplicadas en Aragón, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, como la prioridad nacional en el acceso a ayudas y vivienda pública, la desregulación, la reducción de impuestos y la “contundencia contra Sánchez”. Se abstuvo de adelantar el sentido del voto.
La portavoz de Más Madrid calificó los presupuestos de “hechos a medida del Madrid de los áticos y de espaldas al Madrid de los barrios”. Citó el recorte del “más del 20%” en el presupuesto para promoción de vivienda de la Agencia de Vivienda Social, destinado a “las personas más vulnerables”. Los definió como “presupuestos electoralistas que no se pueden contrastar” al no disponerse de la liquidación del año anterior. Expresó la sospecha de que “el dinero de la sanidad siga yéndose a Quirón” sin arreglar los problemas de hospitales públicos y atención primaria. Afirmó que Madrid necesita “unos presupuestos radicalmente diferentes, con más ingresos fiscales” mediante una reforma fiscal para que “paguen más los ricos” e incrementos de gasto en transporte público, atención primaria, universidades y educación pública.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular los calificó como los “cuartos presupuestos consecutivos de este Gobierno, una cifra récord con 32.911 millones de euros”, “un 7,3% más que los presupuestos de este año” y “los más altos de la historia”. Destacó que se mantenía “una política de impuestos bajos” con “seis rebajas de impuestos más” que se suman a un total de “41 rebajas de impuestos en estos ocho años de gobierno”. Cifró en “casi 20.000 millones de euros” el presupuesto conjunto de sanidad y educación, equivalente al que había cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso llegó en 2019. Mencionó “la mayor inversión de nuestra historia”, con “12.100 millones para sanidad” y “más de 7.700 para educación”, así como ampliaciones de hasta un 25% en partidas clave. Sostuvo que estos presupuestos demuestran que “la inversión en servicios públicos y la rebaja de impuestos son posibles” y planteó que la izquierda debería explicar por qué sus incrementos de impuestos no redundan en mejores servicios públicos.
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